En el camino de sanear los sótanos de la Agencia Federal de Inteligencia
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El proyecto de ley de Presupuesto 2021 -enviado al Congreso de la Nación por el presidente, Alberto Fernández- trae una novedad que no debe pasar inadvertida: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) redujo los fondos reservados al 9,91% del total de sus gastos previstos. La comparación respecto de 2019 es elocuente, dado que gracias al secretismo instaurado por el gobierno anterior a través del Decreto 656/2016, el 99,56% del presupuesto de la AFI revestía el carácter de "Secreto".
Traducido a pesos: sobre un total de $3.518.740.505, la Agencia Federal de Inteligencia solicitó $348.562.420 en fondos reservados para 2021, mientras que en 2019, de los $2.697.715.000 presupuestados, $2.685.807.642 eran "reservados".
Este cambio profundo en la forma de administrar los fondos públicos destinados a la AFI representa un mojón más del proceso de reforma ordenado por Alberto Fernández a los pocos días de haber asumido y luego ratificado ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo.
Apenas asumí la Intervención, iniciamos un proceso de saneamiento institucional con el objeto de encuadrar el funcionamiento de la Agencia a los parámetros normativos que rigen para todos los organismos que conforman la Administración Pública Nacional. Dicho en otros términos, buscamos que el Estado de Derecho ingrese a la AFI, o que la AFI se integre al Estado de Derecho.
La publicación de la ejecución presupuestaria de la AFI en el sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto fue un hito que vivimos como un escalón sin retorno. Nadie imagina que pueda volverse atrás, ya que es parte de una de las premisas de la república.
Encaramos el quijotesco trabajo, todavía en proceso, de cambiar una tradición de espionaje político; secretismo; persecución ideológica, y de manejo discrecional -y en muchos casos ilegal- de los fondos públicos asignados a la AFI.
El primer paso fue cortar de raíz la posibilidad de espionaje y persecución articulada con sectores de la justicia federal. Así, el Presidente modificó -de forma provisoria hasta que el Congreso vote una nueva norma- la ley N°25.520 y quitó la excepción que le permitía a la AFI actuar como auxiliar de justicia. La Agencia decidía a quién espiar, le llevaba a un juez o jueza -cuya elección había sido realizada con precisión previamente- una falsa hipótesis de riesgo (por ejemplo, protagonizada por "jóvenes antisistema que dialogaban en una plaza bonaerense") y volvía con una carta blanca para violar varias de las garantías propias del Estado de Derecho. Hoy, en perspectiva, ese DNU 214/2020 fue un primer paso de la reforma judicial que lleva adelante el Gobierno nacional.
En paralelo, dispuse el cambio del organigrama, que se estructuró en tres secretarías, que dependen directamente de la Dirección General. El objetivo fue reducir los cargos de dirección con rango de secretario, subsecretario y director nacional, que con la estructura del Decreto 656/2016 ascendían a 105 y hoy suman 41. Esto permitió, además, romper con el trabajo compartimentado de las direcciones operativas y administrativas que de alguna manera brindaba un paraguas de impunidad a funcionarios y funcionarias con poder interno. Claro que los y las "caciques" contaban con el "conforme" de la Dirección, que, como lo indica la Ley Nacional de Inteligencia, responde directamente al presidente de la Nación.
Es claro que la modificación del organigrama, lo que significó adaptar la AFI a la lógica de un ministerio, no alcanza para cambiar una tradición de impunidad. Sin embargo, era imposible avanzar sin racionalizar la estructura. La decisión fue política y la tomó el presidente al disponer la Intervención.
La nueva Secretaría de Administración y Apoyo está encargada de ordenar el manejo del presupuesto; los aspectos jurídicos; los recursos humanos; la administración y mantenimiento de los bienes de la Agencia, y la seguridad. Parece sencillo, pero hasta no hace demasiado tiempo estas áreas fueron protagonistas del lawfare y del desmanejo financiero. No solamente usaron espías, también se sirvieron de abogados y de contadores para causas judiciales y manejar el dinero casi sin control.
Este cambio de paradigma no puede depender de la voluntad política de un gobierno. Debe transformarse en uno de los ejes de una nueva tradición democrática. Así, encaramos un debate sobre la función que debe cumplir la AFI en esta etapa de la democracia. Y descubrimos, casi sin sorpresa, que a lo largo de los años hizo muy poco por defender los intereses estratégicos de la Argentina.
Entonces ¿Para qué sirve la AFI?
El camino emprendido nos lleva a responder que donde antes había espías buscando argumentos para extorsionar, debemos incorporar a profesionales de distintas ciencias altamente calificados que produzcan conocimiento sobre aspectos estratégicos que le permita al presidente tomar decisiones con información de calidad; donde antes había impunidad, debemos garantizar el respeto por las garantías constitucionales; donde antes había corrupción, debemos sumar transparencia; donde antes había persecución ideológica, debemos poner el foco en la reunión de información sobre las fortalezas y debilidades de la Argentina en el escenario internacional.
Estas respuestas, entre otras, formarán parte en el corto plazo del Plan de Inteligencia Nacional, que plasmará los lineamientos generales que el presidente de la Nación elaboró en conjunto con la Intervención desde que decidió iniciar el saneamiento de la AFI como parte del Sistema de Inteligencia Nacional.
Si este proceso llega a buen puerto, y no tengo dudas al respecto, una de las herencias del gobierno de Alberto Fernández a la República Argentina será una Agencia Federal de Inteligencia profesional, dedicada a la inteligencia estratégica y no al espionaje y la persecución ideológica y con las cuentas claras con la democracia.
Cristina Caamaño es interventora de la AFI
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