En el entorno del fiscal denuncian una persecución de parte del Gobierno

Ricardo Gil Lavedra, abogado de José María Campagnoli, dijo ayer que el pedido de información para investigar a tuiteros que apoyan a su defendido "demuestra claramente el ánimo persecutorio del gobierno nacional contra todo lo vinculado a Campagnoli y sus seguidores".

Gil Lavedra, ex legislador por la UCR y ex camarista del Juicio a las Juntas, es el abogado de Campagnoli en el juicio político que se le sigue por presunto mal desempeño.

Según Gil Lavedra, "haber pedido la cooperación internacional para identificar a unos tuiteros parece verdaderamente un despropósito".

"Debe aclararse perfectamente quién le pidió al Homeland Security que interviniera", reclamó el abogado.

Según él, hay pruebas que dejan en evidencia la voluntad del Gobierno de perseguir a su defendido. "Hubo un desplazamiento de los empleados que trabajaban en su equipo de investigación y han promovido constantes denuncias contra Campagnoli", protestó.

Para Gil Lavedra, es "inconcebible" que Campagnoli siga suspendido. "Deben reponerlo en su cargo de inmediato. El enjuiciamiento que se le intentó se truncó por causas imputables al presidente del tribunal y no a Campagnoli", afirmó.

El jury contra el fiscal está frenado, empantanado porque al tribunal le falta un jurado y los otros seis están divididos (tres contra tres) y no logran definir quién va a ocupar el lugar vacante.

El tribunal se reunió anteayer, pero no logró tomar ninguna decisión y resolvió volver a deliberar el jueves de la semana próxima. Uno de los planteos que tiene que resolver es un pedido de Campagnoli para que le levanten su suspensión y lo devuelvan de inmediato a la fiscalía de Saavedra, que tenía a su cargo.

El juicio contra Campagnoli fue promovido por su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, que lo denunció por haber investigado al empresario kirchnerista Lázaro Báez cuando supuestamente no era el fiscal competente para hacerlo.

Todos los testigos habían declarado y el proceso contra el fiscal Campagnoli estaba a punto de terminar (sólo faltaban los alegatos de la defensa y de los acusadores) cuando una jurado, la defensora María Cristina Martínez Córdoba, decidió abandonar el jury por estrés.

Desde entonces, el proceso está frenado.