En Misiones se agudiza la tensión con la Policía y el gobierno provincial pidió que actúe la Gendarmería

POSADAS.- En la provincia de Misiones, en las últimas 24 horas, crecieron las protestas de estatales en reclamo de mejoras salariales, con desbordes que no se veían desde hace mucho tiempo, ya que entre los manifestantes hay policías retirados y en actividad. Por eso, el gobierno provincial pidió oficialmente la actuación de la Gendarmería al gobierno nacional, que la enviará mañana, según confirmaron fuentes oficiales.

En Buenos Aires, mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó a un “comité de crisis” que involucrará tanto al gobierno nacional como al provincial, y a las fuerzas federales, entre ellas la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal.

Esta madrugada en camionetas de la Policía de Misiones, un grupo de efectivos activos y retirados descargaron cubiertas frente al Comando Radioeléctrico, ubicado en la Avenida Uruguay de acceso al microcentro de Posadas. Prendieron fuego a las cubiertas y cortaron esta importante avenida, una de las principales de la ciudad.

El jueves por la noche, un grupo de unos 200 docentes de distintos gremios disidentes, se congregaron en la Plaza 9 de Julio y marcharon al edificio de la Legislatura provincial, tiraron algunas vallas, forcejearon con la Policía y estuvieron cerca de ingresar al recinto para hacer oír su protesta, en plena sesión.

Desde que arrancó el mes, todos los jueves hacen el mismo periplo: se concentran en la Plaza 9 de Julio, donde está la Casa de Gobierno, y marchan ruidosamente las 10 cuadras hasta el Parque Paraguayo donde está el espléndido edificio de la Legislatura provincial, en un parque que es una terraza que da al río Paraná.

Como siempre, la protesta coincidió ayer con la sesión que desarrollaban, adentro, los 40 diputados provinciales, entre los que se encuentraban los ex gobernadores Oscar Herrera Ahud y Carlos Rovira, el jefe del oficialismo misionero que controla políticamente Misiones desde hace 20 años.

A pesar del frío y las lluvias intermitentes, en los últimos días se sucedieron protestas de los docentes que incluyeron cortes de ruta en la Ruta Nacional 14 a la altura de Cerro Azul y San Vicente, así como también la ruta nacional 12, que lleva hasta las Cataratas del Iguazú. El reclamo es excluyente: una recomposición salarial ante los exiguos aumentos que otorgó el Estado provincial, apenas dos en lo que va del año.

“En el caso de los docentes, fueron dos aumentos de 10 por ciento cada uno, aproximadamente, entonces es un 20% de incremento contra un 65% de inflación acumulada. A eso se suma que el año pasado nos dieron un aumento de 108% contra un 211% de inflación, perdimos ya en 2023 unos 103 puntos”, dijo a LA NACION Cristian Castro, contador y docente, y diputado provincial por el Partido Agrario y Social.

Una maestra que recién comienza gana hoy alrededor de 240.000 pesos, mientras que una con 10 años de antigüedad alcanza los 282.000 pesos y con 15 años de experiencia, cobra 314.000 pesos. Mientras que un policía que comienza está ganando alrededor de 400.000 pesos y un comisario no llega a un millón de pesos. En el caso de los policías, los retirados de la fuerza necesitan que se les incremente el salario a los activos, porque si no ellos no cobran ningún aumento.

“Nosotros no tenemos los incrementos que dispone la Anses o el IPS para todos los jubilados”, señaló Oscar, un retirado que se encontraba con un compañero en la puerta del Comando Radioeléctrico. LA NACION recorrió el lugar esta tarde, cerca de las 17, y había cenizas de gomas quemadas, varias ollas populares y familiares de policías retirados que traen sus sillas, dispuestos a pasar la noche. Se nota que la protesta está creciendo y cobra fuerza, en lugar de disiparse como quiere el Gobierno.

“Va a intervenir la Gendarmería Nacional mañana, ya está acordado con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, dijo una fuente oficial a LA NACION. El Gobierno provincial quiere aplicar mano dura y terminar la protesta de una buena vez en un operativo rápido. También buscará procesar a los policías activos que colaboraron con la protesta. “No te podés robar un patrullero, porque usarlo para otra cosa como una protesta es robar, además, cometieron el delito de sedición y otros”, señalan.

Misiones ya tuvo dos autoacuartelamientos de la Policía provincial. Uno fue largo y desgastante en 2012, el otro en 2020 fue más corto y buscaron desactivarlo rápido. “Cuando la Policía activa, que está armada, se autoacuartela, el peligro de que pase algo grave crece con el correr de las horas”, dijo a este diario un comisario general retirado.

Esta vez los activos no participaron de la protesta, pero al parecer tienen toda la solidaridad con los pasivos y familiares. En el gobierno les pareció que las últimas veces fueron demasiado “blandos” y dejaron abierta la posibilidad a nuevas protestas policiales.

En medio de este clima, el jefe de la Policía de Misiones adelantó a los policías el aumento que tendrán a partir de mayo. Originalmente se pensaba comunicar la semana próxima. Un agente que recién empieza pasará a cobrar 468.000 pesos y un comisario $1,1 millón.

“Va a intervenir la Gendarmería por orden de la Justicia, y vamos a sancionar a los policías activos que intervinieron”, señaló una alta fuente del Gobierno provincial a este diario. Según las informaciones que maneja el gobierno, fueron 40 policías activos que participaron de la protesta, y utilizaron camionetas y móviles de la policía. La mayoría suboficiales, y un oficial, según relevaron esas mismas fuentes.

Sin embargo, LA NACION dialogó con una joven policía que se presentó como “a cargo” del Comando Radioeléctrico, quien le dijo a este diario que “la protesta de los retirados tiene nuestra total solidaridad”. La agente explicó que los jefes de esa unidad no se encontraban presentes, pero que ellos sí estaban activos y en servicio, con “una guardia mínima”, tal cual le garantizaron más temprano al juez de Instrucción Ricardo Balor.

Balor se presentó esta mañana, dialogó con los manifestantes, se mostró conciliador para que los retirados levantaron la protesta e incluso se ofreció como mediador ante el gobierno provincial. Pero, acompañado por efectivos de la Gendarmería, les advirtió que corría una orden de desalojo de la avenida que va a ejecutar.

La particularidad que tuvieron las protestas que escalaron en las últimas horas y llegaron a todas las cadenas de noticias nacionales, es el silencio de radio que imperó en el gobierno, encabezado por Hugo Passalacqua, quien ya fue gobernador entre 2016 y 2020. Passalacqua, que prácticamente no dio entrevistas ni realizó conferencias de prensa desde que asumió, tampoco comunicó vía twitter ninguna posición oficial respecto a las manifestaciones de docentes y policías.

En su discurso del 1° de mayo de inicio de sesiones legislativas, el mandatario misionero explicó que la provincia -que practica una política de cuentas ordenadas y no tomó deuda en dólares desde los años 90-, no va a incurrir en gastos que no puede respaldar con sus alicaídos ingresos.

“No vamos a gastar más de lo que ingresa”, dijo Passalacqua, que llegó al gobierno con una provincia que venía ostentando superávit fiscal hace años, que rápidamente se deterioró con la caída de la actividad, la recaudación, la Coparticipación, las transferencias discrecionales y también el cambio de política que generó que paraguayos y brasileños ya no vengan masivamente a comprar aquí.

Los ingresos de Misiones este año cayeron mucho más que en 2016, el que había sido hasta ahora el peor año desde el punto de vista fiscal de los últimos 20. “La economía cayó un 20% según nos muestra la recaudación de Rentas”, dijo hace un mes el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Misiones tiene una de las recaudaciones propias más robustas, que explica casi 3 pesos de cada 10 de ingresos (en otras provincias es 1 o 2 pesos de cada 10).

La principal caída fue de la Coparticipación, que representa para Misiones unos 6 de cada 10 pesos de ingresos. “La caída de 30 por ciento en marzo fue la mayor en 10 años”, dijo Passalacqua en su discurso del 1° de mayo.

Además, a esto hay que sumarle el recorte a casi cero de las transferencias discrecionales, que el presidente Javier Milei cortó con el argumento de que “no hay plata”. Según un cálculo que hizo el ministro Safrán, la Casa Rosada le adeuda a Misiones unos 200.000 millones de pesos en transferencias discrecionales por distintos conceptos (compensación a la caja jubilatoria, obras públicas, regalías por Yacyretá, FONID, etc.), lo cual equivale a aproximadamente a tres meses de Coparticipación.

Como si fuera poco, el cambio de política económica, con un dólar semifijo, hizo que paraguayos y brasileños que en los últimos cuatro años cruzaban todos los días a comprar a comercios de toda la provincia, hoy hayan dejado de venir. Incluso son los pocos misioneros que tienen pesos, los que ahora van a Encarnación, Foz o Dionisio Cerqueira a realizar compras. Lo que genera una mayor caída en la economía local.

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