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Entre Ríos, una tierra fértil para los conflictos
Las protestas reflejan los reclamos de distintos sectores; intereses políticos
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PARANA.- Esta tierra no sólo es pródiga en paisajes: también en materia de conflictos sociales.
En lo que va del año, la provincia ya tuvo dos multitudinarias manifestaciones de trabajadores estatales en Paraná por el vencimiento de casi 4000 contratos a empleados públicos; cortes de rutas esporádicos en Concordia por la desocupación y en reclamo de planes Trabajar; corte de la ruta 14 en Concepción del Uruguay realizado por criadores, faenadores y transportistas de pollos en contra de su importación; marchas en Diamante por el aumento de la delincuencia.
Además, un motín en la capital que terminó con 3 guardiacárceles y 20 presos heridos; tres motines en hogares de menores de Victoria y Viale en reclamo de mejor trato; y piquetes de camioneros en Gualeguaychú y Victoria, en adhesión a los reclamos nacionales del sector.
Si bien en la provincia no hay por ahora ninguna manifestación importante prevista para los próximos días, están latentes serios conflictos que, según los analistas políticos, podrían estallar en cualquier momento.
En esta capital, a fines del actual, se reunirán en asamblea anual los delegados del poderoso gremio de los trabajadores del Estado (ATE). Entre otros conflictos que mantienen con el gobernador Sergio Montiel, su mayor preocupación es la situación de alrededor de 2000 empleados públicos de los 4000 cuyos contratos vencieron al asumir el actual gobierno. La mitad de ellos fue reincorporado, pero la otra mitad todavía tiene un destino incierto. Por este motivo, no se descartan medidas de fuerza luego del cónclave.
Tampoco se descartan cortes de rutas sorpresivos en Concordia. Las bolsas de alimentos y planes de trabajo que continúan llegando no logran levantar la moral de los ciudadanos, mellada, entre otras cosas, porque el 60 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza y por una desocupación que alcanza el 18 por ciento.
La situación anímica de Santa Elena es similar a la de Concordia y con problemas igualmente graves. Desde hace una década sufre gravísimos problemas de desempleo a raíz de la caída, corrupción mediante, de un frigorífico que era la única fuente laboral de la zona. La ciudad llegó a tener un 75% de desocupados, a lo que se agrega un hábito en el clientelismo y un partidismo que entorpece cualquier solución consensuada.
Política partidista
Otra ciudad complicada es La Paz, cuya población tiene altos índices de desocupación desde que se fue la fábrica Angelo Paolo y el Ejército dispuso el retiro de su destacamento.
A esto hay que sumar los motines que alteraron los ánimos de los habitantes de los pueblos cercanos, la inseguridad y las repercusiones de conflictos gremiales de origen nacional, como los de los camioneros.
Pero lejos de calmar el mal clima imperante, los políticos continúan inmersos en las discusiones partidarias.
El justicialismo, presidido por el senador Augusto Alasino y el gobierno del aliancista Montiel, aunque dialogan, están enfrentados seriamente. el eje de la disputa "a muerte" está centrado en el actual mandatario y su antecesor, el peronista Jorge Busti. Busti acusa a Montiel de autoritario, mientras Montiel acusa a Busti de "clientelista" y lo está investigando por supuestos casos de corrupción por medio de varias auditorías, además de presentaciones en la Justicia, en el Tribunal de Cuentas, en la Fiscalía de Estado y en la recién creada Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
En tanto, las cifras continúan mostrándose impiadosas. De los 1.114.000 habitantes que tiene Entre Ríos, alrededor de 480.000, es decir, el 43%, son pobres. Hasta octubre último, los índices de desocupación de las dos ciudades más importantes de la provincia eran del 13,3% para Paraná y el 17,5% para Concordia.
Hay cerca de 63.000 empleados públicos y, a nivel provincial, no hay atrasos salariales. Sin embargo, una decena de municipios chicos, como San Benito, tienen deudas que comprometerían su funcionamiento si no logran una refinanciación conjunta.
Por Daniel Tirso Fiorotto
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