Envían al Congreso la adenda al pacto fiscal
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LA NACIONGabriel Sued
Con la firma de 18 gobernadores, la Casa Rosada envió ayer a la Cámara de Diputados la agenda al pacto fiscal, una norma que el oficialismo apuesta a probar de manera conjunta con el presupuesto 2019 .
El texto es resultado de las negociaciones que el gobierno nacional llevó adelante con los mandatarios provinciales durante los últimos meses. Solo seis gobernadores resolvieron no suscribir el acuerdo: Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Verna (La Pampa), Mariano Arcioni (Chubut) y Miguel Lifschitz (Santa Fe). Con formato de proyecto de ley, la adenda es una enmienda al pacto fiscal suscripto por 22 gobernadores en noviembre de 2017. Con el objetivo de alcanzar el déficit cero en el presupuesto 2019 , la Casa Rosada accedió a flexibilizar puntos de ese acuerdo, en particular aquellos que obligaban a reducir impuestos. El texto del acuerdo firmado a partir del 13 de septiembre con los gobernadores ratifica cuestiones que ya habían trascendido, como la transferencia del costo de los subsidios de los servicios públicos de la Nación a las provincias. Detalla asimismo las pautas en materia fiscal e impositiva.
En cuanto al impuesto a las ganancias, se confirma la derogación de toda disposición que habilitara exenciones para empleados públicos por fuera de lo que señala la propia ley de ganancias. Ya no podrán deducirse del importe percibido por los empleados o funcionarios públicos conceptos como gastos de representación, viáticos, movilidad o bonificaciones especiales.
Al margen de lo que ya había trascendido, la novedad es que las provincias estarán habilitadas a incrementar su nivel de gasto como consecuencia de las responsabilidades que el Estado nacional les transfiera, como el pago de los subsidios a los servicios públicos. La cláusula figura en el punto "d" de la adenda, que les permite deducir, para cumplir con la regla de reducción en la ley "los mayores egresos en que incurran como consecuencia de la transferencia de responsabilidades de gastos por parte del gobierno nacional". En el apartado referido al impuesto sobre bienes personales, se dispone "suspender" la cláusula del pacto fiscal, que obligaba a reducirlo. En cuanto al impuesto a los sellos, la decisión fue posponer por un año la reducción acordada el año pasado.
Como contrapartida, el Gobierno asumió el compromiso de financiar el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a Nación. La Anses deberá transferirles todos los meses, a partir de enero de 2019, una doceava parte del déficit del año anterior. El acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso y por la legislaturas provinciales.
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