Ercolini se declaró incompetente y se ilusiona Cristóbal López

Cristóbal López quedó ayer un paso más cerca de solucionar su mayor problema judicial. El juez federal Julián Ercolini se declaró incompetente para continuar con la investigación penal por la presunta defraudación contra el Estado por $ 8000 millones y concluyó que esa pesquisa debe continuar en el fuero Penal Económico por una presunta evasión agravada.

Ercolini justificó su decisión en el “carácter específico” del fuero Penal Económico para impulsar este tipo de investigaciones, lo que a su vez le permitiría a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) obtener “resultados más satisfactorios”. Y anticipó que, de ser hallados culpables, permitiría imponerles “penas privativas de la libertad mucho más graves” que en el fuero federal a López, a su socio Fabián de Sousa y al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray.

Para López, sin embargo, si la Cámara Federal porteña confirma la decisión de Ercolini, implicaría una oportunidad para acogerse a la moratoria que impulsó el presidente Mauricio Macri y que establece la suspensión de la acción penal para todos aquellos que regularicen su situación tributaria.

La resolución de Ercolini descolocó a la AFIP, que adelantó que la apelará ante la Cámara Federal, al igual que el fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido el procesamiento de López, De Sousa, Echegaray y otros 16 funcionarios del organismo recaudador.

Para la AFIP, representada por Ricardo Gil Lavedra, la deuda por $ 8000 millones debe tomarse como el fruto de una administración fraudulenta de la AFIP en perjuicio del Estado, liderada por Echegaray y con López y de Sousa como partícipes necesarios. De ser así, la causa debería continuar en el fuero federal, sin darle la opción a López y a De Sousa de entrar en la moratoria y suspender la acción penal. “López no es un simple evasor y queremos una sanción ejemplificadora”, indicaron anoche desde la AFIP.

Sin embargo, tras haber defendido su competencia durante meses, Ercolini decidió ayer que la investigación debe continuarla su colega del fuero Penal Económico, Verónica Straccia, con López como el gran protagonista de una presunta evasión y con Echegaray, como figura secundaria.

El contrapunto alrededor de dónde debe tramitarse la investigación por los $ 8000 millones no es menor. Y conscientes de los beneficios que le reportaría trasladar la causa al fuero Penal Económico, López y De Sousa luchan por eso desde hace meses.

¿Por qué? Porque aunque las penas previstas en la ley Penal Tributaria son más altas, López y De Sousa apuntan a cancelar la deuda y cerrar el frente penal. En esa línea, desde el Grupo Indalo indicaron anoche a LA NACION que ya le presentaron una “oferta” a la AFIP: propusieron desembolsar $ 4500 millones y devolver el resto en 30 cuotas, con las acciones de empresas del holding como garantía. Pero ante la consulta de este diario, desde la AFIP replicaron que no recibieron una oferta “formal”, ni “seria”, por lo que ni la tomaron “en consideración”.

El propio López anticipó los grandes lineamientos de su estrategia judicial en un escrito que presentó en el fuero Penal Económico a fines de agosto. Lo hizo en otra causa que instruye la jueza Straccia, por la presunta evasión de casi $ 300 millones de los impuestos a las Ganancias e IVA y retención de aportes a sus empleados.

López comunicó que la "decisión" de Inversora M&S y Oil M&S –las empresas más relevantes de su Grupo– era "acogerse a los beneficios de la moratoria fiscal regulada por la ley 27.260 y demás normas complementarias". Es decir, a las oportunidades de regularizar deudas que impulsó el gobierno de Macri.

¿Desistir del concurso?

La decisión de Ercolini se conoció, en tanto, apenas tres días después de que el juez en lo Comercial, Héctor Vitale, anulara múltiples decisiones que durante los últimos meses había tomado su colega de Chubut, Gustavo Toquier, en el concurso de acreedores de Oil Combustibles, acaso el más grande del país en la actualidad.

La decisión de Vitale significó un duro traspié para los planes de López y De Sousa, quienes ahora evalúan otra opción: desistir del concurso con el apoyo del número necesario de acreedores y el porcentaje requerido de deuda, según confiaron desde el Grupo Indalo a LA NACION.

Sin embargo, desde la AFIP también adelantaron ayer que buscarán impedir que Indalo pueda desistir del concurso. Consideran que la deuda que mantiene con el fisco convierte al organismo en su gran acreedor y que López y De Sousa podrían afectar así el recupero de los $ 8000 millones que adeudan.

Junto a los dueños del Grupo Indalo, sin embargo, afirman que la senda que quieren seguir es la opuesta. Es decir, que utilizarán los fondos frescos que aportaría el Gunvor Group, una trader ruso-helvética, para reiterarle a la AFIP una oferta de pago “sustancial” de la deuda, “incluidos los intereses”.

La decisión de Vitale será ahora revisada por la Cámara Comercial, en tanto que la resolución de Ercolini quedará bajo la lupa de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y el subrogante Leopoldo Bruglia.