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Escuchas ilegales: confirman el procesamiento de Macri
Para la Cámara Federal, integró una asociación ilícita que hacía inteligencia; fuerte crítica al fallo
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El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sufrió ayer un nuevo revés judicial que pone en riesgo sus ambiciones políticas: la Cámara Federal, en un fallo unánime, confirmó su procesamiento como presunto miembro de una "asociación ilícita" dedicada al espionaje ilegal.
La sentencia de los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah sostiene que Macri "conoció y prestó su consentimiento para instalar, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido".
La decisión, que sorprendió a Macri mientras está de visita oficial en la República Dominicana, fue calificada de "mamarracho" por sus colaboradores, que la atribuyeron a una persecución política del kirchnerismo.
A juicio de la Cámara, está demostrado el funcionamiento de un sistema "clandestino", que los jueces definen como "vertiente paralela" de la Policía Metropolitana, creada por Mauricio Macri, montado para poder hacer determinadas operaciones de inteligencia que la ley le prohíbe al gobierno porteño.
Eso explica, a juicio de los camaristas, la contratación de Ciro James, un ex policía experto en espionaje, en el Ministerio de Educación de la ciudad como asesor, tarea que nunca realizó y para la que no contaba con antecedente alguno, de acuerdo con las pruebas de la causa.
No era más que un contrato simulado, según los jueces. Para ellos, tiene asidero creer que Macri fue quien "insertó" a James en su gobierno, le dio un sueldo y "la cobertura necesaria" para que se dedicara a hacer inteligencia bajo las órdenes de Jorge "Fino" Palacios, primer jefe de la Policía Metropolitana y aparente pieza clave de esta supuesta organización de espías.
Prueba de este sistema y de la "aquiescencia" de Macri, son, de acuerdo con el fallo de ayer, las escuchas de las que fueron víctimas su cuñado, el parapsicólogo Néstor Leonardo, y Sergio Burstein, un férreo opositor al jefe de gobierno.
La resolución de la Cámara ratifica en casi todos sus términos lo que había sostenido el juez federal Norberto Oyarbide, el responsable de la investigación. Macri queda así en una situación delicada. Si bien desde lo legal este fallo no pone en riesgo su cargo -al menos, no por ahora-, los efectos que tendrá sobre su gestión y sobre sus ambiciones presidenciales son aún inciertos. Por lo pronto, la oposición ya se pronunció. Los radicales pidieron crear una comisión investigadora y el kirchnerismo exigió la renuncia del jefe de gobierno (ver aparte).
El único favorecido por el fallo de ayer fue el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski: la Cámara revocó el procesamiento por encubrimiento en su contra.
Según los jueces, no hay pruebas de que él conociera las verdaderas actividades que realizaba James mientras estaba contratado en su ministerio. Por eso se le ordenó al juez que volviera a analizar la situación y decidiera si lo sobreseía, como hizo con el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro.
Los camaristas sostienen en su fallo que Palacios pretendía que James trabajara para él, pero que no podía, por sí solo, hacer que lo emplearan en Educación mientras se tramitaba su ingreso en la Metropolitana. El posible gestor de ese contrato -dicen los jueces- es Andrés Ibarra, que trabajó con Macri y Palacios en Boca Juniors y, por expresa decisión del jefe de gobierno, era el administrador en el ministerio de Narodowski.
El caso del ex ministro de Educación fue el único asunto importante en el que los camaristas disintieron con Oyarbide. En cambio, confirmaron la presunta responsabilidad de dos jueces misioneros con el espionaje ilegal y la ampliación del procesamiento de Palacios por otros casos de escuchas. El ex jefe policial está preso desde hace ocho meses y ayer los camaristas decidieron que, por el momento, seguirá detenido.
En cuanto a Macri, los delitos de su procesamiento son cuatro: asociación ilícita, falsedad de documento público, intercepción de llamadas telefónicas y abuso de autoridad.
Si bien las conclusiones de la Cámara y de Oyarbide son similares, el camino por el que llegan es diferente. El juez parte de las escuchas y concluye que se había montado una asociación ilícita; para la Cámara, el dato central es que está probado que el gobierno de Macri instaló "una estructura de inteligencia subterránea" y los casos de pinchaduras constatados no hacen más que acreditarlo. En esa asociación, el rol de Macri, según el fallo de ayer, era "asegurar, como máxima autoridad" de la ciudad que el aparato montado tuviera los recursos necesarios para funcionar.
El último apartado del fallo de ayer incluye varias indicaciones para Oyarbide. Los jueces le ordenaron que hiciera lugar a pruebas pedidas por la defensa de Macri, que investigara a la empresa de seguridad estadounidense contratada por Franco Macri, que determinara si la consultora de seguridad que tenía Palacios aún funciona, y que averiguara quién era el verdadero interesado en cada una de las escuchas. Ahora, Macri intentará un último recurso ante la Cámara de Casación, pero todo indica que ya no podrá eludir el juicio oral.
