Expertos en campañas sucias

El gobernador de Buenos Aires y candidato a presidente por el kirchnerismo, Daniel Scioli, y el jefe de gabinete y candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, acusaron en las últimas horas al frente Cambiemos PRO-UCR-CC de haber lanzado "una campaña sucia negativa" –como si hubiese de otro tipo– para embarrar al oficialismo. Embarrar en sentido estricto porque la presunta suciedad estaría relacionada con la responsabilidad del oficialismo en la falta de previsión de las recientes inundaciones que afectaron a 40 distritos de la provincia, dejaron varios muertos y miles de damnificados. Según el scioli-anibalismo, "Mauricio Macri y su troupe" crearon 50.000 cuentas de Twitter para difundir viejas fotos y videos del gobernador y su esposa Karina Rabolini en Italia con el objetivo de confundir a la sociedad en el medio de la emergencia y del proceso electoral.

Las campañas sucias son un lugar común de la política argentina y Frank Underwood, desde House of Cards, nos hizo creer que también lo son en democracias paradigmáticas como la estadounidense. Como sea, en la Argentina acumulamos en los últimos años una casuística generosa que merece una rápida descripción para entender de qué estamos hablando ahora.

No es la primera vez que el kirchnerismo acusa al macrismo por este tipo de movidas. En 2011, en la Capital Federal, el profesor Daniel Filmus denunció una campaña de telemarketing supuestamente diseñada por Jaime Durán Barba para vincular al padre del candidato kirchnerista con el parricida Sergio Shocklender, dirigente kirchnerista que lideró los planes de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que terminaron en un escándalo del que ya nadie habla. Durán Barba y sus socios estuvieron procesados por esa denuncia, que prescribió este año.

Sin embargo, al hacer una recopilación más completa de los casos, el kirchnerismo es por lejos el que más parece haber desarrollado las técnicas para enlodar los procesos electorales en los últimos doce años: ¿la década ensuciada? Y no sin la colaboración de los servicios de inteligencia, con la casi segura intervención del ahora demonizado Jaime Stiusso, sucesivamente director de contrainteligencia, jefe de operaciones, y director de asuntos externos de la SIDE hasta diciembre de 2014 (es decir, hasta hace ocho meses).

Fue un hombre propio, el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz el que primero acusó al jefe de planta de los espías en 2004 de ser "el poder real" y de estar atrás de "operaciones políticas". Se lo dijo primero en privado a Néstor y Cristina Kirchner en la residencia de Olivos y luego públicamente en el programa de Mariano Grondona, donde mostró por primera vez en público la foto de Situso. Por esa acción, el ex ministro fue denunciado, procesado y absuelto recién en 2011, aunque el fiscal Jorge Di Lello había pedido cuatro años de prisión. El dilema de aquella época era Beliz o Stiuso, y Kirchner eligió al espía.

En el juicio del que resultó absuelto, Beliz dijo que el dinero para la campaña electoral de 2003 había salido de los fondos reservados de la Side, que Stiuso extorsionaba con videos sexuales a jueces y funcionarios y lo responsabilizó por haber tenido que irse del país en 2004 (actualmente vive en Montevideo).

Lo que ocurrió después tal vez haya tenido directa relación. En 2005 ocurrió una de las peores acciones sucias de las que se tenga memoria en la historia política reciente: "Operación Clarita". Consistió en una falsa denuncia contra el dirigente radical Enrique Olivera, entonces candidato a legislador porteño por la Coalición Cívica que ya lideraba Elisa Carrió. Entonces, a 48 horas de la elección, el dirigente kirchnerista Daniel Bravo dijo haber recibido una denuncia anónima en la que se señalaba al radical como titular de cuentas no declaradas en el exterior con depósitos por más de US$ 2 millones. Olivera, que falleció el año pasado, atribuyó entonces la operación a "canallas del gobierno". Casi dos años después, Bravo –hijo de Alfredo, el reconocido dirigente socialista ya fallecido– le pidió disculpas a Olivera, cuya performance electoral se vio afectada por aquella falsa revelación.

Curiosamente o no, la mecánica se vino repitiendo: una denuncia anónima que es presentada judicial o mediáticamente, es amplificada por la agencia estatal Télam y luego multiplicada por el aparato de propaganda oficial y para oficial construido al calor de los favores y la pauta oficial. En su flamante libro "Los agentes de Néstor y Cristina. Los juegos de poder de Sergio Szpolski y Diego Gvirtz", el periodista Alejandro Alfie narra algunas de estas operaciones –no sin antes contar los vínculos de los empresarios con los servicios de inteligencia–. En particular, cuenta el episodio con el que se buscó enlodar al periodista Carlos Pagni también en 2009. "Alguien" subió a YouTube el video de una cámara oculta en el que aparecía el columnista de La Nación, un amigo suyo y un ex ejecutivo de YPF a quienes se acusaba allí de recibir plata de supuestos empresarios para desprestigiar a la filial local de Repsol YPF. A fines de 2007, la petrolera ya había sido kirchnerizada con el ingreso de la familia Eskenazi, próspero linaje santacruceño. Aunque sabía que se trataba de una operación, Gvirtz emitió aquel video en el programa 678 por pedido directo de Néstor Kirchner, y los medios paraoficiales expandieron la falsedad. La YPF kirchnerizada hizo una denuncia contra Pagni que finalmente fue archivada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, para quien quedó demostrado que se trataba de un montaje con materiales creados y editados para difamar a Pagni.

En 2009, ocurrió nuevamente, y otra vez a pocos días de otra elección. En su habitual columna de Página/12, el periodista Horacio Verbitsky deslizó que un celular del diputado Francisco De Narváez había recibido llamadas del narcotraficante Mario Roberto Segovia, conocido como "el rey de la efedrina". Verbitsky ya había tenido una participación relevante en la difusión de la denuncia anónima contra Olivera y tendría también participación en la publicación –con sugestivas connotaciones– de la intrusión de un agente armado de inteligencia de Prefectura en la vivienda de Sergio Massa días antes de las elecciones de 2013. Semanas atrás, el periodista Ernesto Tenembaum describió en el canal Todo Noticias la "casualidad" de que esas tres operaciones sucias hayan pasado en alguna instancia por la pluma del autor de "Robo para la corona".

El teléfono en cuestión estaba a nombre de una empresa del grupo liderado por De Naváez, quien identificó al receptor de la comunicación. La causa estuvo en manos del juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, quien citó a declarar a De Narváez tres semanas antes de las elecciones legislativas en las que el diputado le ganó a Néstor Kirchner "por unos porotitos", como explicó en su momento el fallecido presidente. Faggionato Márquez fue destituido en 2010 por el Consejo de la Magistratura, a cuya audiencia faltaron los representantes del kirchnerismo (los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, los senadores Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes, y el secretario de Justicia Héctor Masquelet).

También en el diario Página/12, el periodista Raúl Kollman publicó en 2010 que la jueza María Romilda Servini de Cubría investigaba al senador cordobés Luis Juez por tener tres cuentas no declaradas en paraísos fiscales con depósitos por más de 5 millones de dólares. La información fue rápidamente difundida por otros medios también vinculados al kirchnerismo. "Me hacen un gran favor porque me voy a cagar de risa cuando lleguen a la conclusión de que todo esto es mentira", dijo entonces Juez. Y parece que se le dio cuando se conoció el origen de la denuncia: Ramona Sánchez, entonces una jubilada de 79 años, había hecho la presentación cuando recibió un mail anónimo que le entregó impreso un hombre en la avenida Coronel Díaz con los números de las presuntas cuentas de Juez (dirigente que tras un breve coqueteo con el kirchnerismo cuando fue intendente de Córdoba se convirtió en un feroz opositor al gobierno nacional). El mismo mail fue presentado en la causa por el fiscal Jorge Di Lelo. En 2012, el juez federal Claudio Bonadío –tras recibir informes de Bahamas y las Islas Caimán, que no aportaban datos sobre los depósitos– archivó la causa. "El Estado usa todos los aparatos para montar campañas de desprestigio al que piensa diferente", acusó Juez por entonces.

Más recientemente, en 2013, una gigantesca inversión en publicidad digital hizo un anunciante anónimo en Google, Facebook y otras plataformas para difundir la campaña sucia conoceamassa.com, un sitio web destinado a coleccionar noticias negativas sobre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa (que le terminaría ganando las elecciones de ese año al candidato del kirchnerismo, Martín Insaurralde). En esa web se destacaba una pieza muy bien editada: un video en el que se recorría un mapa de supuestas relaciones empresariales y políticas del candidato sobre el que se escuchaba la voz del periodista Jorge Lanata (tomada de un programa de 2009 cuando describía un mapa de medios). En aquel momento, dos expertos en sistemas rastrearon el origen de la campaña y coincidieron en que el sitio lodoso estaba alojado en el servidor canadiense iWeb Technologies Inc., el mismo donde por entonces estaban ubicados los sitios martininsaurralde.com (sitio de campaña del candidato kircherista), lapatriaeselotro.com.ar (la web de la organización Unidos y Organizados), niapalos.org (suplemento joven del diario Tiempo Argentino –de Szpolski– creado por Santiago "Patucho" Álvarez, presidente de la agencia Télam y militante de La Cámpora), maravillosamusica.com.ar (un concurso juvenil de bandas organizado por la jefatura de gabinete) y 7d12.com.ar (sobre el fallido día clave sobre la ley de medios). Varios de esos sitios habían sido registrados por empleados o funcionarios de la jefatura de gabinete.

Otros libros recientes que narran con lujo de detalles "operaciones sucias" como las aquí descriptas son "Espiados, cómo controla el gobierno a todos los argentinos", de Claudio Savoia; y Operación Stiuso, de Gerardo Tato Young.

Por José Crettaz

• Inundaciones en Buenos Aires

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