Derrota oficialista | Vuelve a fojas cero la ley ómnibus luego de que la oposición impusiera fuertes límites a las facultades para Milei y le recortara atribuciones para reformar el Estado

El Gobierno sufrió esta tarde un fuerte traspié en la Cámara de Diputados tras perder, en una seguidilla de votaciones, varios artículos claves del proyecto de ley ómnibus enviado por Javier Milei. En efecto, el bloque libertario, pese al apoyo del Pro, no pudo mantener en pie los puntos por los cuales pretendía delegar en el Ejecutivo una amplia gama de facultades y atribuciones para instrumentar una fuerte reforma del Estado. Como consecuencia de este revés parlamentario, y después de discutir tan solo seis artículos de los más de 300 del proyecto, el oficialismo solicitó que el proyecto retorne a comisiones.

“La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas”, señaló Milei a través de X -exTwitter-. El presidente se encuentra en plena gira oficial por Israel, donde esta tarde visitó el Muro de los Lamentos, en Jerusalem. “Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”, concluyó.

A través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, el Gobierno responsabilizó su traspié parlamentario a los mandatarios provinciales, con quienes mantuvieron hasta ultimo momento frenéticas conversaciones para destrabar los puntos más espinosos de la iniciativa. “Los gobernadores tomaron la decisión de destruir la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertar de los argentinos, artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla”, denunció. Acto seguido, detalló: “La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”.

En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien subrayó que la decisión de enviar el proyecto a comisiones se tomó ante “la falta de voluntad de los bloques de acompañar las reformas propuestas por el presidente”. Y sumó: “Se rechazaron las facultades delegadas más importantes, que permitían desregular la economía. De esa forma, no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la Ley Bases, porque perdía su esencia”.

La primera derrota tuvo lugar cuando se abordó el capítulo sobre facultades delegadas al Poder Ejecutivo. En efecto, a instancias de los bloques dialoguistas -apoyados por el kirchnerismo- los libertarios y sus únicos aliados de Pro perdieron la posibilidad de manejar de manera discrecional los fondos fiduciarios como así también de gozar de amplias atribuciones en materia energética y de seguridad.

A renglón seguido, los libertarios también perdieron la batalla en casi todos los puntos incluidos en el crucial artículo 5 referido a la Reforma del Estado. En este clima dramático, el oficialismo pidió un cuarto intermedio en sus bancas para intentar reconducir la sesión. Al finalizar el cuarto intermedio, el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, pidió el retorno a comisión de todo el proyecto de ley.

“Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”, azuzó el diputado Miguel Pichetto a la bancada oficialista. Luego les recomendó: “Traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar”.

El capítulo sobre Reforma del Estado es uno de los ejes más importantes que tiene la iniciativa. Sin embargo, a instancias de los bloques dialoguistas, numerosos incisos fueron rechazados. Entre ellos, los que pretendían facultar al Poder Ejecutivo a regular y controlar en un marco regulatorio la organización interno del sector público nacional, así como a “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente órganos o entidades que integran el sector público”.

Tampoco pudieron mantener en pie la facultad que pretendía arrogarse el Gobierno para suprimir facultades superpuestas; privatizar total o parcialmente empresas y sociedades del Estado; e intervenir entes y compañías del sector público nacional. Con ello, el capítulo de reforma del Estado de la “Ley de Bases” quedó prácticamente desarticulado.

El único triunfo que obtuvo el oficialismo fue en la votación del artículo 1: con 134 afirmativos y 121 en contra se aprobó la declaración de la emergencia pública en seis materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año, con posibilidad de ser prorrogado por otro más. Sin embargo, con la vuelta a comisión del proyecto en su totalidad este punto pierde vigor y deberá volver a votarse cuando las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto emitan un nuevo dictamen.

Este artículo fue aprobado, además del oficialismo libertario, por el grueso de los bloques de oposición dialoguista. Votaron en contra, sin embargo, la bancada de Unión por la Patria, los bloques de izquierda, los seis diputados de la Coalición Cívica, algunos diputados de la UCR -Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Juan Carlos Polini-, los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; Margarita Stolbizer, la cordobesa Natalia De la Sota, y el chubutense Jorge Antonio Avila, estos últimos de Hacemos Coalición Federal.

El envión con que el oficialismo arrancó el debate se frenó en el artículo cuatro, clave para el Gobierno. Allí se establecen las bases de la delegación, es decir, qué facultades concretas se le concederá al Poder Ejecutivo a partir de las emergencias declaradas. Por caso, el texto le permitiría al Gobierno no solo reorganizar el sector público nacional; además, propone intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, a excepción de las universidades.

En este punto, el radicalismo y el bloque Hacemos Coalición Federal marcaron diferencias. La UCR solicitó que se elimine la facultad que habilita al Poder Ejecutivo a disponer discrecionalmente sobre todos los fideicomisos o fondos fiduciarios (incluso eliminarlos); se trata de cajas millonarias que se administran por fuera del presupuesto. En cambio, el bloque Hacemos Coalición Federal, a instancias de los gobernadores, solo pidió salvar dos de este manejo , el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Federal de Infraestructura Regional. El oficialismo, en la voz del libertario Gabriel Bornoroni -miembro informante de la sesión-, aceptó esta última propuesta.

La pulseada la ganó la UCR: con su voto en contra -la votación terminó con 142 votos negativos a 112 positivos- finalmente el oficialismo se quedó sin la facultad de manejar los fondos fiduciarios.

Los libertarios también se quedaron poder concederle facultades especiales al Gobierno en materia energética y de seguridad. Se trata de los incisos “i” y “j” del artículo cuarto. El oficialismo tuvo solo 123 votos positivos frente a 130 negativos.

El inciso “i” se refiere a la materia energética. El Gobierno pretendía facultades para “regular y reordenar el sector energético en función de:

• La apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados, de forma ágil y segura, a fin de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, debiendo el Estado asegurar las condiciones de suministro para todos los usuarios;
• La adecuación y recomposición de las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos conforme los principios tarifarios de las leyes N° 24.065 y 24.076; y reasignar los subsidios vigentes a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial de energía eléctrica y gas natural considerando los ingresos del grupo conviviente, en forma individual o conjunta;
• La reconstitución del sector eléctrico conforme el libre comercio internacional, la libre comercialización, competencia y ampliación en sus diferentes segmentos; el despacho económico sobre una base de remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en cuenta el costo marginal horario del sistema y el costo que represente para la comunidad la energía no suministrada; y una revisión de sus estructuras administrativas; (iv) la reorganización del funcionamiento de los entes reguladores de gas natural y energía eléctrica para asegurar una gestión integral, eficiente y eficaz; y (v) el cumplimiento de los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI) relacionado con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

Asimismo, la Cámara de Diputados rechazó la delegación de facultades para fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en las distintas materias:

• _la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado;
• -la producción y tráfico de estupefacientes;
• -la corrupción de niños, niñas y adolescentes;
• -terrorismo;
• - las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas;
• -los delitos aduaneros;
• los secuestros extorsivos y
• la trata de personas.

Discursos a favor y en contra

La delegación de facultades en el Poder Ejecutivo desató una encendida catarsis de quienes se oponen a estos artículos. El oficialismo y Pro se mantuvieron en silencio.

“Mi partido la Coalición Cívica se funda en la posición de Carrió contra los superpoderes de Cavallo y su propio gobierno de la Alianza. Cavallo tenía gran apoyo popular y mucha esperanza de los argentinos para que pudiera resolver la crisis y no pasó y terminamos en el corralito -asestó Paula Oliveto- Tenemos temor a una democracia débil porque concentrar en una sola persona la posibilidad de extorsionar a empresas, a organismos y a ciudadanos, termina dejando a todos nosotros en una situación de indefensión”.

Desde Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez fustigó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. “Se habrán eliminado emergencias respecto del proyecto original, pero atención: esta ley viene acompañada de una peligrosa sombra que es un megadecreto de necesidad y urgencia, con 266 articulos, donde se reponen esas emergencias. Esta megaley, integrada con el DNU, cede porciones importantes de soberanía y riqueza”, advirtió.

La cuestión de las facultades delegadas no es menor. El Gobierno proponía declarar seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sobre estas emergencias, el artículo cuatro establece las bases de legislación, las cuales, a gusto de los legisladores opositores, son por demás amplias. Por caso, se le hubiesen otorgado facultades para no solo reorganizar el sector público nacional para hacer más eficiente y racional su funcionamiento; además, proponía intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, a excepción de las universidades.

Además, se le hubiese permitido al Poder Ejecutivo privatizar total o parcialmente empresas, sociedades establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad sea del estado nacional. Asimismo, habría podido modificar, transformar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos y fondos fiduciarios públicos, estas últimas cajas negras de la administración.