Fernanda Ávila: “La reforma de la ley de Glaciares dará seguridad jurídica para las empresas y las provincias; no se desprotegerá el recurso hídrico”

Exministra de Minería de la Nación y fiel representante del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, la diputada Fernanda Ávila será una de las voces más firmes que se escucharán en defensa de la reforma de la ley de Glaciares, iniciativa que el oficialismo tiene previsto llevar al recinto de la Cámara baja este miércoles.

La legisladora, exministra de Minería de Catamarca, enfatiza que la iniciativa aportará una mayor seguridad jurídica porque, a partir de estudios técnicos que realizarán las provincias, se podrá distinguir qué áreas perliglaciales contienen realmente agua y deben ser preservadas, de aquellas que no lo tienen y, por lo tanto, pueden ser potenciales sedes de proyectos mineros.

-¿Por qué votará a favor de esta reforma?

-Porque le devuelve a las provincias una facultad que está un poco desdibujada en la ley vigente, que es la de administrar sus recursos y hacer todos los estudios necesarios para poder avanzar en esa administración y la protección real de los recursos naturales. Hay imprecisiones que vienen desde el primer momento en que se aprobó la ley, en 2010. Se observaron dos cosas: una, que se estaban invadiendo esferas de las provincias, y otra, que había imprecisiones en la definición del ambiente perigracial puntualmente, que hacía su aplicación muy difícil y que se iba a judicializar. Y, de hecho, eso sucedió. El objetivo, entonces, es dar claridad de cuáles son realmente los alcances de la ley, no solo a los proyectos de inversión, sino también a las autoridades provinciales, que tienen una gran responsabilidad en la firma de cada una de las aprobaciones ambientales.

-Los detractores de la reforma advierten que, al ser menos restrictiva en la protección del área periglacial, podría poner en peligro el agua como recurso estratégico y de recarga de las cuencas hidrográficas.

-Eso no es así. De ninguna manera: esta reforma protege a estas reservas de hielo tal como establece la ley actual. La única diferencia es que se permitirá a las provincias avanzar en estudios que no se pudieron realizar en estos 15 años de vigencia de la ley. Esos estudios se dividen en fases: la 1 es el mapeo satelital, que ya ha hecho el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que, con un gran esfuerzo, identificó 17.000 cuerpos de hielo aproximadamente. Después tiene que haber una fase 2, que es el seguimiento de la primera, y la fase 3, que consiste en un monitoreo en campo con estudios muy costosos que no se han podido hacer por la extensión de los cuerpos de hielo ya identificados y porque no hay recursos. La intención es trasladarle a las provincias la realización de esos estudios para identificar realmente qué geoformas contienen ese recurso hídrico y, por lo tanto, protegerlos. Hasta tanto no sepamos si realmente hay agua, no sabemos lo que estamos protegiendo.

-Los defensores de la ley actual sostienen que el área glaciar y como el periglacial constituyen un sistema hidrográfico único para el sostenimiento funcional de las cuencas hídricas y que cualquier afectación podría poner en peligro el recurso.

-El mismo Ianigla lo ha dicho en sus informes: no se puede inventariar un ambiente periglacial. Lo que se puede inventariar son las geoformas que están allí dentro. El Ianigla hizo este estudio de fase 1, a través de relevamiento satelital, y en sus informes advierten que para poder determinar si alguna de las geoformas tan inventariadas tiene recursos hídricos, es necesario avanzar con estudios en fase 2 y 3. Si hay un proyecto minero que estuviese cerca de alguna de estas geoformas que no han sido estudiadas en terreno, la idea es avanzar en la investigación para determinar si realmente hay agua. Porque no hay duda de que lo que queremos proteger es el agua. Esa geoforma que fue inventariada satelitalmente, ¿tiene agua o no? Si la tiene, entonces se la protegerá. Para saberlo necesitamos estudios que son caros y que tienen que llevarse adelante durante un largo periodo de tiempo. Y eso las provincias quieren recuperar la potestad de poder hacerlo y hay que confiar en las capacidades provinciales.

-Aquí vienen las suspicacias de los críticos de la reforma que advierten que los gobernadores delegarán en las empresas mineras esos estudios con tal de facilitar la instalación de proyectos en las zonas periglaciales, lo que hoy está prohibido.

-Comienzo por el final. No se deja de proteger ningún ambiente con la reforma. Todo lo que está inventariado hoy va a seguir inventariado y protegido. Lo único que se va a hacer es determinar si dentro de ese ambiente existe lo que se quiere proteger, que es el agua. Yendo a la cuestión de los gobernadores, creo que hay un desconocimiento completo de cómo trabajan los cuadros técnicos a nivel provincial, donde hay capacidades enormes. En Catamarca, por ejemplo, hicimos una evaluación estratégica ambiental acumulativa en la cuenca del Salar del Hombre Muerto, a pedido de las comunidades. Es un estudio complejísimo que se hizo con apoyo técnico del Consejo Federal de Inversiones, trabajando muy de cerca con organismos internacionales, con capacitaciones constantes. Hay mucha responsabilidad de los funcionarios en la firma de los informes de impacto ambiental. Un informe de un proyecto minero toma entre uno o dos años para una aprobación y lo tenemos que renovar cada dos años. Hay mucho control.

-¿Usted cree que la actual ley de glaciares es un obstáculo para fomentar la industria minera en el país? Porque la actividad no ha dejado de crecer aún con esta ley.

-Es un obstáculo y así lo manifestaron las empresas, y también lo es para las autoridades de aplicación de la ley porque hay mucha incertidumbre alrededor de qué se protege. Un funcionario está a tiro de una denuncia por una interpretación que es confusa. La minería puede avanzar, sí, pero no podemos realizarlo de la manera más adecuada y con la tranquilidad que necesitamos, no solo los proyectos mineros, sino también las provincias.

-Si esta reforma se aprobara, ¿qué monto de inversiones se prevén?

-El año pasado el país exportó 6 mil millones de dólares, una cifra récord. Hoy estamos exportando mayormente oro y plata, el 15, 20% es litio. Para adelante se prevén inversiones de 20 mil millones de dólares de exportaciones; tres veces lo que estamos exportando hoy. Esto permitiría destrabar el potencial de cobre del país. En el empleo tendría un impacto multiplicador: hoy la actividad genera unos 35 mil puestos de trabajo directos y se calculan unos 100 mil indirectos. Un proyecto de cobre emplea alrededor de 12 mil puestos de trabajo. Estamos hablando de más de 200 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos si esto se comienza a desarrollar. Entonces hay mucho impacto positivo, no solo en términos de exportaciones, sino que en todo el entramado productivo que se genera con la minería.

-Hay provincias, como La Pampa, que cuestionan la reforma porque temen que cualquier afectación en el área glaciar y periglacial en la Cordillera afectará la provisión de las cuencas hidrográficas que surcan sus territorios.

-Bueno, en el tema de la interjurisdiccionalidad hay que tener presente que está vigente la ley 25.688, que es el régimen de gestión de agua, pensado justamente para cuencas compartidas entre provincias. Ya está previsto en la ley, se crea un comité de cuenca para fijar criterios para el uso racional. La Corte ya ha sentado precedentes sobre este punto.

Por Laura Serra

• Cámara de Diputados

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