Fernández se aleja de la controversia

El Gobierno buscó ayer bajarle el perfil al relevo del jefe de Inteligencia del Ejército, general de brigada Osvaldo Montero, que fue desplazado de su puesto por participar de maniobras políticas para lograr el alejamiento de la ministra de Defensa, Nilda Garré.

Su relevo fue decidido por el presidente Néstor Kirchner luego de investigaciones de la SIDE, que incluyeron supuestas escuchas telefónicas que habrían demostrado contactos del militar con allegados al ministro del Interior, Aníbal Fernández, tendientes a conseguir posicionar a éste como ministro de Defensa del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

Fernández realizó declaraciones radiales en las que negó estar comprometido en un plan de desestabilización de Garré. "Yo no tengo mala relación con la ministra; en realidad no tengo mala relación con ningún ministro; además, con Garré hemos hecho varias cosas en conjunto, como debe ser", dijo. Y agregó: "Nunca estuvo en mi cabeza el área de Defensa porque no siento que tenga cualidades o que me sienta apto para llevar adelante una tarea en esa área, que nada tiene que ver conmigo".

Las conversaciones supuestamente escuchadas por la SIDE habrían tenido como interlocutora del general Montero a la directora nacional de Inteligencia Criminal, Verónica Fernández Sagari. El ministro Fernández defendió a su funcionaria: "Verónica me dice que lo conoce al general Montero, pero que cree que hace por lo menos diez meses que no lo ve, por lo cual no hay ningún llamado de por medio de estas características".

Un punto controvertido de este caso tiene que ver con las posibles interceptaciones telefónicas por parte de la SIDE sobre un conflicto interno del Gobierno y sin orden judicial.

El senador nacional y titular de la UCR, Gerardo Morales, reclamó ayer que se aclare esta situación: "La ministra Garré debe aclarar por qué y de quién tiene escuchas telefónicas por fuera de una causa judicial".

Sin embargo, el ex jefe de la SIDE y dirigente peronista opositor Miguel Angel Toma, un crítico de la gestión Kirchner en materia de inteligencia, indicó que la ley autoriza al organismo a efectuar contrainteligencia sobre los otros organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia. Por lo que, si ése es el caso, no se habría infringido la ley que enmarca la acción de los aparatos de inteligencia estatal.

"Si la intervención fue como parte de las tareas de contrainteligencia que la ley 25.520 le asigna a la SIDE, por ser cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia, esas intervenciones pueden hacerse sin autorización judicial. La SIDE debe hacer contrainteligencia. La autorización se la asigna la propia ley", dijo Toma a LA NACION.

Agregó que la Dirección de Inteligencia del Ejército, que estaba a cargo de Montero, y la Dirección de Inteligencia Criminal, en manos de Fernández Sagari, son dos eslabones del Sistema Nacional de Inteligencia, cuya cabeza es la SIDE. Y como tales son "sujetos a actividades de contrainteligencia" de la SIDE.

"Distinto sería si la SIDE interceptara el teléfono de un general de un regimiento en Salta, sin orden judicial. Eso sí sería ilegal", aclaró Toma. "Otra cosa es el tenor de las conversaciones. Si en ellas se detectan actividades políticas, con el permiso de altos funcionarios políticos y ajenas a las tareas propias de inteligencia, entonces quienes las desarrollan pueden quedar incursos en delito", conjeturó.

Más allá de la polémica, al conocerse el relevo de Montero, en el Ministerio de Defensa dieron "por superado" el caso con el pase a retiro del general. Allegados a Garré dijeron a LA NACION que la funcionaria no entrará en un debate público sobre "especulaciones". "Si no se dan explicaciones sobre por qué se designa a un general en un puesto, tampoco hay que esperar explicaciones sobre por qué se lo quita del cargo", dijeron.

De todas maneras, la falta de una explicación oficial alimentó los rumores que dan las diferentes versiones sobre el obligado alejamiento de Montero.

Garré desarrolló ayer las actividades previstas en su agenda sin alteraciones por el caso Montero. Recibió al gobernador electo de La Rioja, Luis Beder Herrera, para traspasar un predio militar a esa provincia; tuvo una reunión con un funcionario del gobierno ecuatoriano y participó de un acto en el Edificio Libertador del consejo de política de género, durante el cual hizo un discurso sin referencias al caso del jefe de Inteligencia del Ejército.

• Los casos de escuchas telefónicas con fines políticos ya habían sido denunciados en octubre último por Eduardo Macaluse y Liliana Parada, dirigentes de ARI, que hicieron una presentación en el Juzgado Federal N° 11, a cargo de Claudio Bonadío, por la supuesta interceptación de llamadas por parte de la Secretaría de Inteligencia mediante equipos instalados en la localidad bonaerense de Garín.

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