Formosa: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desestimó la denuncia sobre mujeres embarazadas escondidas en el monte
El organismo argumentó que no se pudieron comprobar esos hechos, y detalló que hubo falta de información por parte de los actores que formularon el pedido de intervención del organismo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió el miércoles 14 de julio una resolución en la cual decidió levantar las medidas cautelares dictadas en relación a una denuncia presentada sobre mujeres embarazadas que se encontraban escondidas en el monte formoseño sin atención médica por temor a que el Estado de Formosa las separase de sus bebés como medida de prevención en el marco de la pandemia de coronavirus.
El organismo argumentó que no se pudieron comprobar esos hechos, y detalló que hubo falta de información por parte de los actores que formularon el pedido de intervención del organismo por temor a represalias contra las mujeres.
La denuncia internacional comenzó el 12 de marzo de 2021, con una solicitud de medidas cautelares firmada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, exsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal y exsecretario ejecutivo de la CIDH. Las medidas se pedían en favor de 86 mujeres indígenas del oeste de Formosa que “experimentaban temor fundado de distintas vejaciones”.
En abril, la CIDH se había promunicado en contra del gobierno de Gildo Insfrán y emitido medidas cautelares en favor de siete de las mujeres embarazadas de la comunidad wichi que se encontrarían escondidas en el medio de un monte del Impenetrable, cerca del paraje El Potrillo, por miedo a ser separadas de sus bebés y trasladadas a los centros de aislamiento gubernamentales.
La comisión internacional le había pedido así al gobierno de Alberto Fernández que adoptara “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias”, y solicitó que dichas medidas fueran “inmediatas” y posibilitaran el acceso a una “atención médica adecuada, según los estándares internacionales”.
No obstante, en la resolución emitida ayer, se detalla que entre las 86 mujeres inicialmente propuestas como beneficiarias, los denunciantes solicitaron medidas cautelares a favor de seis y que tras investigaciones y datos aportados por el Estado y los denunciantes, se decidió desestimar las medidas cautelares.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió levantar las presentes medidas cautelares (…) consideró que el marco fáctico de las 7 mujeres beneficiarias fue modificado sustancialmente a aquel respecto del cual la CIDH consideró para valorar el otorgamiento de las presentes medidas cautelares, siendo que 6 de ellas ya no se encontrarían embarazadas, habiendo recibido atención médica, y la otra estaría recibido atención médica”.
Además, en la resolución se destaca que el organismo “no cuenta con elementos para otorgar medidas cautelares a favor de otras 6 mujeres propuestas como beneficiarias” y que “valoró positivamente las acciones adoptadas por el Estado en implementación de las presentes medidas cautelares”.
Por otra parte, explica: “Si bien la representación [los denunciantes] ha continuado afirmando que existen ‘temor’, ‘amenazas’, ‘persecución’, entre otros, la Comisión no advierte información concreta respecto de cada una de las siete mujeres beneficiarias que indique, por ejemplo, una amenaza concreta o sostenida en contra de ellas, o inacción del Estado de brindarles atención médica, o que la atención médica haya sido negada atendiendo su situación actual”.
En el texto de la CIDH se señala además, que “la información disponible tampoco indica que el Estado se haya negado a brindarles algún tipo de protección en caso de que tales situaciones eventualmente se presenten [de acuerdo a la información dada por el Estado] las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares”.
La respuesta del Gobierno
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, remarcó hoy, a través de un hilo de Twitter, que el pronunciamiento de la CIDH “confirmó que era falsa la denuncia mediática sobre mujeres indígenas embarazadas escondidas en el monte, en Formosa”. El funcionario hizo referencia así a la cobertura de la denuncia por parte del canal Todo Noticias.
Más tarde, en declaraciones a AM 750, Pietragalla dijo que la resolución de la CIDH “es una reparación en sí misma” y expresó: “La provincia [de Formosa] fue la mayor damnificada. Que se divulgue la noticia de que todo fue una operación, es la mejor reparación que puede hacerse”.
Ayer, desde TN, la periodista Paula Bernini hizo un descargo y aseguró que la “denuncia la hace la pastoral”, no el canal y que la CIDH trabajó con información brindada por el gobierno formoseño.
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