Frente a la amenaza del juicio político, la Corte busca mantener la unidad y avanza con causas sensibles a Cristina Kirchner

A pesar de sus diferencias internas, los jueces de la Corte Suprema de Justicia buscan enfrentar el inicio del juicio político en su contra unidos, abroquelados y sin fisuras. Planean mantener el perfil bajo, sin asistir al Congreso, mientras puntean una agenda judicial del primer semestre de 2023 que incluye temas económicos sensibles para el Gobierno e incluso para el patrimonio de Cristina Kirchner.

En la última semana de la feria judicial, que concluye este martes 31 , permanecen de turno en los tribunales el presidente Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el juez Juan Carlos Maqueda, en Córdoba, retornará la actividad apenas comience febrero al igual que Ricardo Lorenzetti, quien volverá desde Rafaela a su despacho.

Los jueces acababan de dictar el fallo en el que obligaban al Estado nacional a devolverle 100 millones de pesos diarios al Gobierno de la Ciudad, en fondos coparticipables. Eran las últimas horas de diciembre, cuando se conoció la filtración de supuestas conversaciones entre el ministro de Seguridad porteño, de licencia, Marcelo D’Alesandro y la mano derecha de Rosatti, el funcionario de la Corte Silvio Robles, sobre la causa del Consejo de la Magistratura.

La difusión de los chats, obtenidos ilegalmente, fue el disparador del juicio político contra todos los jueces de la Corte, promovido por el Gobierno y que comenzó el jueves pasado.

Desde fines de diciembre los jueces no se vieron las caras, lo harán la próxima semana cuando se reúnan por primera vez. Pero ya hablaron por teléfono, con las limitaciones del caso, dadas las filtraciones y hackeos que determinaron el juicio político. Allí, cuando conversen en privado terminarán de delinear la estrategia, pero por el momento la idea es mantener el perfil bajo.

Rosatti y Rosenkrantz ya conversaron en los tribunales, Lorenzetti habló con algunos de sus colegas y lo mismo hizo Maqueda, quien permaneció en Buenos Aires hasta el 15 de enero. “La idea es que se junten, conversen personalmente, cara a cara en febrero, y empezar a hablar del juicio político y el tema de la agenda de este semestre con las causas pendientes”, dijo una fuente judicial.

En la Corte, la llegada de Rosatti a la presidencia reconfiguró la relación entre los magistrados y se da una mayor cercanía entre Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz. Lorenzetti mantiene diferencias con Rosatti. No obstante, en este tema los jueces buscarán mantener la unidad, dijeron fuentes judiciales. La embestida del Gobierno -no obstante- no alcanza para aventar resquemores y desconfianzas.

Lorenzetti era presidente de la Corte cuando el kirchnerismo, en 2015, quiso avanzar con un juicio político contra el juez Carlos Fayt. Los jueces cerraron filas en su defensa y hasta hubo un pronunciamiento. Por ahora la idea es “jugar la mano en silencio, sin mostrar las cartas”, dijo otra fuente de los tribunales.

La oposición rechaza el juicio político a la Corte, aunque la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, adelantó que irán contra el juez y por sus propias razones buscará acusar a Lorenzetti, a quien viene denunciando desde 2017 ante el Congreso.

No obstante, estas diferencias, en los tribunales señalan que la Corte va a buscar estar unida ante la embestida de un gobierno al que consideran débil, que está en retirada y que quiere forzar un desgaste público parlamentario a los jueces, ya que el oficialismo no tiene los votos necesarios para aprobar ninguna iniciativa.

Por eso la idea es que no concurra ninguno de los jueces si es convocado, ya que “si quieren montar un show a expensas de la Corte, lo mejor es no ir al show”.

Más allá de estas posiciones, los jueces entienden que es el momento de dejar de lado las diferencias y posponer las propuestas de sumarios internos. Lorenzetti, que apenas se conocieron los chats, se mostró preocupado, ahora entiende que sigue siendo grave lo ocurrido, pero que es “un tema interno”, que provocó un daño innecesario, pero que se va ver cómo se resuelve. Cree que hay que hacer una“autocrítica”, por un lado, pero, por otro, ahora pregona que es necesario mantener la unidad.

La llegada de los jueces de la Corte para retomar la actividad coincide con una manifestación convocada para el 1 de febrero en Tribunales por organizaciones kirchneristas, de derechos humanos, grupos trans, curas villeros y el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla, a la sazón padre del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que analiza una denuncia contra Robles.

La agenda de la Corte

Así las cosas, la Corte tiene que definir en esta semana la agenda de este primer semestre donde despuntan temas sensibles para el Gobierno e incluso para el patrimonio de la vicepresidenta.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, la abogada Graciana Peñafort, cercana a Cristina Krichner, anticipó esta idea: “No me cabe duda fr que van a venir fallos polémicos, lo que pasa tambien es que gastaron buena parte de su arsenal en fallos que complicaron su existencia” dijo a El Destape. Agregó: “Pongo una especial atención en la particular situación de Cristina Kirchner. Hay fallos que pueden afectar a Cristina respecto a distintas apelaciones que podrían tener un resultado adverso para los intereses de la vicepresidenta. Hay que ver, porque no conozco, la mecánica de resolución de estas situación pero sí veo la posibilidad de algunos fallos adversos”.

Entre los primeros fallos que se encuentran a estudio de la Corte está la definición sobre el juramento de los senadores como integrantes del Consejo de la Magistratura. Allí el kirchnerismo desobedeció un fallo de la Corte e insistió con enviar como consejero al senador Martin Doñate. La Corte debe definir si le toma juramento o no mientras secretarios letrados trabajan en investigar antecedentes de lo ocurrido en otros casos de desobediencia del Poder Ejecutivo a una decisión del máximo tribunal.

Además, la Corte tiene en sus manos el recurso del fiscal Raúl Pleé contra la decisión de dejar firme el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa del dólar futuro, que también alcanza al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Entre los temas económicos sobresale la ejecución del fallo por la coparticipación federal que la Nación debe pagar a la Ciudad. El gobierno nacional dijo que iba a depositar bonos para pagarle al gobierno porteño, pero la Ciudad lo rechazó y denunció el incumplimiento del fallo de la Corte por parte de la Nación.

La Ciudad viene documentando cada jornada que no cobra los $1100 millones diarios que espera y ahora analiza presentarse con un recurso para reclamar que se embarguen las cuentas del Estado Nacional. Al mismo tiempo el gobierno nacional analiza recusar nuevamente a toda la Corte y pedir la nulidad de su fallo. Una guerra que, con el juicio político de fondo, dilatará una definición.

Asimismo, en la agenda de la Corte hay dos causas previsionales de alto impacto: una sobre las arcas de la Anses y otra sobre los ingresos de Cristina Kirchner. El primer caso se trata de un asunto donde ya hay una sentencia de primera instancia y otra de cámara contra la Anses.

Desde 1995, el organismo no paga costas por litigar, y apela siempre los fallos en favor de los jubilados ante la Corte para dilatar el pago. Ahora la Corte tiene que definir si la Anses debe empezar a pagar costas cada vez que pierde un juicio previsional, algo que hoy no realiza. La Corte fallará, muy probablemente durante el primer semestre, sobre un el reclamo que un jubilado para que la Anses deje de litigar gratis. Solo para ir con un recurso de queja ante la Corte, cualquier persona debe pagar 300.000 pesos, monto que hoy la Anses no abona para llegar a la máxima instancia.

Según el Centro de Información Judicial, la Corte resolvió, entre 2021 y 2022, 24.596 causas. La mitad, 12.288 expedientes, corresponden a temas previsionales: jubilaciones y pensiones.

La jubilación de Cristina Kirchner

El otro asunto de impacto se vincula con la jubilación de Cristina Kirchner. La Corte debe tomar una decisión en la causa en que la vicepresidenta cobra dos pensiones simultáneas que elevan sus ingresos a unos 6 millones de pesos.

La diputada Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) apeló la decisión de la justicia previsional de otorgarle ese beneficio a Cristina Kirchner, pero fue rechazada en primera instancia y en la Cámara, por no estar legitimada en el caso. Ahora un grupo de abogados y exjueces se presentó en la Corte como amicus con la idea de insistir para que se le de legitimidad para recurrir.

Esto es porque el juez Ezequiel Pérez Nami, de Seguridad Social, le dio el beneficio a la vicepresidenta del cobro simultáneo de ambas pensiones, el exfiscal Gabriel de Vedia no apeló, la Anses lo hizo, pero luego mientras la sentencia definitiva de primera instancia del juez Pérez Nami “no se hallaba firme, el procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, ordenaron hacer lugar a la demanda y pagar.

En febrero de 2022, Ocaña presentó un recurso de queja por denegación de recurso extraordinario que busca que se la reconozca como habilitada para recurrir como legisladora.

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