Fue aprobada la reforma laboral

Aunque se trataba de un final conocido por el Gobierno, todavía restaba el broche de oro que otorga la formalidad. Por eso, ayer no faltaron los efusivos aplausos de legisladores aliancistas cuando la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma laboral, una causa impulsada con insistencia por Fernando de la Rúa desde que asumió la Presidencia.

Con un total 121 votos en favor, 84 expresiones negativas y dos abstenciones, la Cámara baja hizo realidad uno de los deseos más acariciados por el Poder Ejecutivo y el proyecto más cuestionado por la CGT rebelde de Hugo Moyano.

Las dos abstenciones pertenecieron al peronista Juan Zacarías y al frepasista Enrique Martínez. Entre los votos negativos, la mayoría fue del PJ, aunque hubo nueve aliancistas que acompañaron ese voto, entre ellos, Alicia Castro, Marcela Bordenave, Jorge Rivas, Alfredo Bravo, Eduardo Macaluze, Elsa Quiroz, Ramón Torre Molinas, Héctor Polino y Jorge Giles. El único diputado peronista que votó en favor fue el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Osvaldo Rial.

En el medio de un debate parlamentario de cinco horas, la oposición y un sector disidente del oficialismo recordaron los conflictos sociales que existen en estos momentos en el interior. También destacaron que la nueva ley aumentará la precariedad laboral.

Desde el oficialismo, se defendió los alcances de una ley, que, a su juicio, no creará empleo, pero reactivará la economía.

En la memoria colectiva quedaron atrás los cuatro meses que le llevó al Gobierno aprobar la ley laboral. Ese período incluye el primer acuerdo sellado entre el Poder Ejecutivo y la CGT de Rodolfo Daer, que luego fue desactivado por la postura inflexible de los senadores del PJ. También quedó atrás la decisión de Moyano de separarse de la conducción cegetista manejada por Daer, la movilización sindical al Congreso con la represión policial y el paro nacional de los rebeldes de la CGT. Finalmente, el acuerdo de los senadores del PJ y la Alianza para imponer las últimas modificaciones a la controvertida norma, que ayer quedó definitivamente aprobada.

La nueva ley laboral impondrá un drástico cambio en las relaciones de trabajo. Aumentará el período de prueba de un mes a un año en algunos casos, descentralizará el escenario para sellar los convenios colectivos de trabajo, derogará los convenios ultractivos que datan de 1988 y 1975 que hasta ahora se renovaban automáticamente todos los años e impone el derecho a la información empresarial que deberán tener los trabajadores.

La sesión comenzó con un nuevo choque entre peronistas y aliancistas. Esta vez, el PJ intentó aprobar un proyecto de ley que fue aprobado por el oficialismo y la oposición del Senado y que impulsa la creación de un fondo especial de 160 millones de pesos para ampliar el número de beneficiarios de planes Trabajar. Esa propuesta fue rechazada de plano por la Alianza.

Luego, comenzó una serie de discursos de apoyo o duro cuestionamiento a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

"Con esta ley laboral, el Estado dejará de estar ausente en el problema de la generación de empleo. Esta iniciativa fue fruto de un acuerdo entre los senadores del PJ y el Gobierno. Además, las elecciones porteñas demostraron el respaldo de la población a las políticas oficiales", se despachó el titular de la Comisión de Trabajo, Juan Carlos Passo (UCR-La Pampa).

Sus palabras fueron rechazadas por el peronista bonaerense José Manuel Díaz Bancalari, que afirmó que "esta ley atenta contra el salario y el empleo estable. Más que atender a las necesidades de los argentinos, responde a los intereses de los organismos financieros internacionales".

En la misma línea se ubicó Alfredo Atanasoff (PJ-Buenos Aires): "Se equivoca el Gobierno si piensa que esta ley creará empleo estable. La prevalencia de un convenio menor sobre uno mayor sólo provocará una caída del empleo", dijo.

A pesar de que le hubiera gustado cuestionar a la Alianza, Domingo Cavallo (Acción por la República-Capital), tuvo que apoyar a la Alianza que hace menos de una semana lo derrotó en las elecciones porteñas. "Consideramos que la ley es un avance porque permitirá luchar contra el trabajo en negro y un mejor control de las leyes laborales y previsionales", sostuvo. De todas maneras aclaró que "esta ley no servirá de nada si no se revierte este contexto de recesión económica que vive la Argentina".

Como voz cantante de la CGT rebelde, el diputado Saúl Ubaldini (PJ-Buenos Aires), dijo: "Hasta que el Gobierno no presente una salida razonable para terminar con el desempleo seguiremos la lucha".

Desde el oficialismo disidente, la diputada Alicia Castro cuestionó al Gobierno por haber reprimido a los sindicalistas de Moyano y por enviar a la Gendarmería a los cortes de ruta. "La tolerancia cero hay que tenerla con la pobreza y la miseria, no con la protesta", expresó efusiva en un pasaje que se ganó el aplauso de sus pares del PJ.

Como contracara, la diputada radical Beatriz Nofal defendió la reforma laboral y dijo que ayudará a impulsar el empleo estable y el desarrollo económico.

No hubo contrapuntos fuertes ni cruce de palabras agraviantes entre opositores y oficialistas. La reforma laboral aprobada por el Senado fue votada sin modificación alguna por Diputados y ahora el Poder Ejecutivo deberá convertir en realidad su mayor deseo: reglamentar la ley laboral.

El debate sobre la reforma laboral estuvo precedido ayer por otra discusión también referida al problema de la desocupación: la reducción de los llamados planes Trabajar dispuesta por el Gobierno en las provincias.

Atento a la crítica situación social de algunas provincias, los diputados justicialistas solicitaron la aprobación de un proyecto, ya sancionado por el Senado, que promueve la creación de un fondo especial de 160 millones de pesos para ampliar el número de estos planes de empleo.

Sin embargo, pese a sus encendidos discursos, la Alianza rechazó el pedido, aduciendo dos motivos básicos: que el Poder Ejecutivo no puede afrontar semejante cifra y que la iniciativa del Senado, impulsado por la mayoría justicialista, sólo favorece a los gobernadores de ese signo, a los que se cede el control y manejo de los fondos.

"Es inaceptable la propuesta del Senado, pues no contiene el menor análisis acerca de los recursos. Es una iniciativa que propicia el manejo clientelístico de los fondos", sostuvo el diputado Raúl Baglini (UCR).

El legislador añadió que el problema de la desocupación sólo podrá ser atendido con la creación genuina y estable de empleo. La respuesta del PJ vino por parte del diputado Juan Manuel Uturbey (Salta). "Los tiempos que plantea la Alianza son más lentos que la rápida acción que hoy ejerce la gendarmería para controlar los disturbios de los que hoy tienen hambre", enfatizó.

Por ahora, el proyecto exigido por el peronismo dormirá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical Baglini.

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