Alejandra Gils Carbó apoyó a la interventora de la AFI

La exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó afirmó ayer que "la puesta en marcha del sistema acusatorio es una asignatura pendiente", ya que, aseguró, el sistema de justicia tiene un "riesgo de falta de imparcialidad".

A su vez, respaldó el nombramiento de la fiscal Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la propuesta de que sea el juez federal Daniel Rafecas quien se haga cargo de la Procuraduría General de la Nación. "La puesta en marcha del sistema acusatorio es una asignatura pendiente", aseguró Gils Carbó en una entrevista con radio AM 750, en la que sostuvo que este sistema "da transparencia" al permitir que "en una audiencia se vean las pruebas, la ciudadanía escuche y pueda grabarse".

"En todo el resto de América Latina este tipo de sistemas se han implementado. Un sistema en el que los fiscales son los que investigan y un organismo distinto, que es el Poder Judicial, es quien controla la investigación", sostuvo Gils Carbó, a la vez que aseguró que el sistema actual guarda un "riesgo de falta de imparcialidad".

Consultada por la designación de la fiscal federal Cristina Caamaño como interventora de la AFI, por un plazo de 180 días, sostuvo que es una función "que debe desempeñar una persona como ella, con compromiso y con capacidad que está a al vista".

En esa línea, valoró su trabajo en la Secretaría de Seguridad y al frente de la oficina que controlaba las escuchas judiciales, que, aseguró, "era un campo minado y ella estaba desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para que no se pasara nada".

"Fue una excelente gestión a la vista de todos", aseguró Gils Carbó, según declaraciones consignadas por la agencia Télam.

A su vez, calificó como "un muy buen nombre" la propuesta de que sea Rafecas quien se desempeñe como futuro procurador general, pliego que deberá ser avalado por el Senado de la Nación con el apoyo de dos tercios de la cámara.

Por último, se mostró a favor implementar "políticas heterogéneas" y de llevar adelante un debate amplio con "mucho consenso social" para avanzar en una reforma del sistema de justicia nacional.

"El debate tiene que ser con propuestas que avaladas por las organizaciones, movimientos populares y sindicatos, que pagan las cuentas cuando ven que los jueces y fiscales son sistemáticamente intimidados", aseveró la exprocuradora, para quien tanto jueces como fiscales "están muy indefensos a la hora de las presiones".

"Las garantías de independencia y estabilidad que tienen los jueces con un Consejo de la Magistratura que es un organismo político, con los medios de comunicación a metralla, indicando culpables y jueces razonables, es algo que tiene que terminar", concluyó.