La toma de Guernica: el juez dio curso al pedido de Provincia y prorrogó el desalojo del predio para el 1° de octubre

El desalojo de la toma de tierras de Guernica se postergará para el 1° de octubre. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. El juez de Garantías de Cañuelas y autor del fallo que dispone el desalojo, Martín Miguel Rizzo, dio curso al pedido de prórroga del ministro Andrés Larroque y resolvió que el "mandamiento de desalojo" se efectivizará "el día 1° o supletoriamente el 2 o supletoriamente 5 del mes de octubre, en horario diurno", según indica la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Según pudo saber este medio, la noticia de la decisión judicial llevó a que referentes de las organizaciones sociales con presencia en la toma, delegados y la gremial de abogados que representa a los ocupantes se dirijan a La Plata para reunirse con Larroque y evaluar los pasos a seguir en relación a la próxima fecha de desalojo.

En el texto de la resolución, el juez enfatizó: "Lo que aquí se está resolviendo entonces no es dejar sin efecto la orden librada [sino] su postergación por este plazo razonable, donde a su vez se extenderán las medidas cautelares que fueran dictadas y prorrogadas tiempo atrás, hoy requeridas nuevamente por el Sr. Fiscal, esto es, la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al predio, así como también de materiales de construcción mobiliarios y electrodomésticos (no innovar)".

Ayer, los principales actores involucrados se reunieron con Rizzo e insistieron en atrasar la fecha, pero no habían surgido propuestas concretas que motivasen un cambio de parecer en el magistrado. Esta mañana, el gobierno provincial volvió a insistir en demorar el desalojo. En diálogo con el canal A24, Larroque confirmó que la Provincia había hecho una presentación formal al juez para "extender el plazo al 1° de octubre, para poder seguir trabajando en una solución pacífica, que es lo que todos queremos".

Luego de las declaraciones radiales, Larroque se reunió con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, para "coordinar mecanismos de asistencia" para aquellos ocupantes oriundos de Guernica, que son 650, según confirmaron a LA NACION fuentes cercanas al ministro. Durante el encuentro, los funcionarios debatieron sobre la búsqueda de "una solución a la situación, teniendo en cuenta de dónde provienen quienes están en el predio así como también las necesidades habitacionales de las y los vecinos de Guernica, en general", según indicaron.

La Provincia analiza alternativas

En paralelo, las fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad afirmaron que "se están desarrollando conversaciones con otros intendentes para formular una propuesta articulada entre la Provincia, la intendenta de Presidente Perón e intendentes de los municipios de origen de distintas personas que se encuentran en el predio".

Los resultados del censo realizado el fin de semana arrojaron que en la toma existen 2344 "hechos físicos", pero solo 1904 personas fueron registradas en el lugar. La diferencia en el número era previsible, ya que, en el predio de 100 hectáreas, gran parte de las parcelas no se encuentran ocupadas por familias sino por nylons o maderas.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense dijeron a LA NACION que los datos del relevamiento fueron presentados a Rizzo, junto a un plan de trabajo –del cual aún no se han comunicado especificaciones–, para que el juez evalúe si posterga o no el desalojo. "Propusimos la postergación hasta el 1° de octubre para cumplimentar lo que surge del censo", afirmaron.

A pesar de no revelar detalles sobre la solución habitacional que el gobierno provincial planea para las familias de la toma, Larroque negó la posibilidad de que se ejecute un fideicomiso para generar un loteo social, en el cual los ocupantes accedieran a los terrenos a través de subsidios. "Estamos trabajando en un plan integral que seguramente conoceremos en los próximos días. Hay muchas cuestiones a resolver, que nos va a llevar un tiempo destrabar para presentar un plan funcional y realista".

La mayoría de los ocupantes son oriundos de Guernica

Tras varios días de ausencia ante las organizaciones sociales y los medios de comunicación, la intendenta Cantero volvió a involucrarse en las decisiones sobre la toma, que había dejado exclusivamente en manos de la Justicia, al declarar que "no hay nada que negociar, porque hay una orden de desalojo".

El municipio de Presidente Perón colaboró con el censo, participó del encuentro con el juez y, además, Cantero se reunió este mediodía con Larroque para debatir alternativas para los ocupantes guerniquenses. "La postergación depende del juez, pero, como la mayor parte de la gente es de Guernica, resulta muy importante lo que defina la intendenta", dijeron en el Ministerio de Desarrollo.

El planteo del gobierno bonaerense ante el juez fue realizado después de la reunión. Hasta hoy, los referentes sociales, abogados y el resto de los participantes de la mesa de diálogo desconocían los resultados del censo y, en diálogo con LA NACION, coincidieron en que la Provincia aún no les ha transmitido ningún plan de acción para dar respuesta al desalojo.

"El gobierno de la provincia de Buenos Aires no presentó nada concreto. Solo se habló del censo y de una posible relocalización", dijo a LA NACION María del Rosario Fernández, una de las abogadas de la causa, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas. Según indicó Fernández, "todos los actores, excepto Rizzo y el fiscal, coincidieron en que hay que aplazar el desalojo".

La gremial presentó un escrito para solicitar la suspensión del "lanzamiento" que estaba previsto para mañana, con el fundamento de que "el plan de contingencia de la provincia de Buenos Aires aún no está culminado".

Por último, tanto la abogada como las autoridades de la Defensoría del Pueblo bonaerense, coincidieron en que la problemática debe resolverse "de manera política y no jurídica". Alejandro Rusconi, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría, dijo a LA NACION que, además de proponer que la "solución fuese política", el organismo pidió que se tuviese en cuenta "que hay niños y mujeres, muchas de las cuales sufren violencia de género, con siete casos graves más otros 33, según el relevamiento".

Por su parte, las organizaciones sociales y referentes de la toma, disconformes con la reunión de ayer, volvieron a salir a las calles para insistir en que se ponga un freno al desalojo. Este mediodía, el punto de encuentro fue el Obelisco porteño, en donde realizaron una conferencia de prensa.

"Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a aguantar el desalojo, está claro. Exigimos una solución habitacional para todas las personas que están ahí, que son seres humanos que han perdido sus trabajos y sus casas", sostuvo antes de que se conociera el nuevo fallo judicial Alejandro Ignaszewski, referente territorial de OLP-Resistir y Luchar, y advirtió: "Esperemos que se llegue a un acuerdo para que mañana no ocurra un reguero de sangre".

"La gente va a resistir y se van a generar gravámenes que serían de difícil reparación", agregó Fernández, la abogada de la gremial.