Hacia un acuerdo heterodoxo con el FMI

Javier Milei se desplaza sobre la cresta de la ola. Las dos variables que más llaman su atención, las encuestas y el mercado cambiario, le sonríen. Y en el frente externo cosecha el resultado de una apuesta victoriosa. La que hizo a favor de Donald Trump. Sobre la plataforma de esos éxitos ejecuta dos operaciones mayores: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el desacuerdo con Mauricio Macri. Ambos procesos se aceleran. Con el Fondo se están concertando cláusulas decisivas. Y, en las últimas horas, los tres diputados que reportan a Patricia Bullrich en la Legislatura porteña anunciaron su pase al bloque de La Libertad Avanza, que controla Karina Milei.

Las noticias que llegan desde Washington insinúan que el entendimiento con el Fondo será muy poco convencional. La versión más insistente es que los principales negociadores, José Luis Daza, por el Ministerio de Economía, y Vladimir Werning, por el Banco Central, estarían por alcanzar un objetivo político importante: que el organismo internacional acepte que el nuevo programa contenga un control de capitales muy heterodoxo. Más simple: que se pueda celebrar ese entendimiento sin necesidad de levantar el cepo cambiario. Por lo menos, hasta las elecciones de octubre.

Es una conquista muy relevante para la estrategia central de la Casa Rosada, que consiste en ganar esos comicios gracias a la reducción de la inflación. La política cambiaria es un instrumento clave para alcanzar ese propósito. Por esa razón el Gobierno no solo no devalúa, sino que profundiza la apreciación de la moneda, reduciendo el crawling peg de 2 a 1% mensual. El sueño de Milei es llegar a la hora de las urnas con una inflación mensual inferior a 2 por ciento.

El mantenimiento del cepo es una concesión política a la principal pesadilla del Presidente: que por normalizar el mercado de cambios haya que sufrir un reflujo inflacionario. La preocupación por esa eventualidad es tan aguda que alguien que profesa la estado-fobia de Milei tolera que un precio estratégico de la economía sea fijado desde el escritorio de un funcionario público.

No debe sorprender que en Washington hayan sido comprensivos. Es una de las consecuencias del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Gracias a la victoria de Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está destinado a ser un aliado de la gestión de Milei. Sabrá sobreponerse, por supuesto, al discurso de Davos. Bessent asistió a la sesión en la que el Senado norteamericano aprobó su designación acompañado de su esposo, John Freeman, y de Cole, uno de los dos hijos de ambos. El Financial Times se encargó de ilustrar la crónica de esa reunión con la foto de los tres. Es posible que Bessent profese la “ideología de género” que condenó Milei en Suiza. Además, este magnate, que declara un patrimonio superior a los 500 millones de dólares, hizo buena parte de su carrera como ejecutivo del fondo de George Soros, el financista que acaso mejor representa, a escala global, la concepción de la vida pública que el Presidente denostó en su presentación junto a los Alpes. Soros fue, igual que Lionel Messi, uno de los 19 condecorados por Joe Biden con la Medalla de la Libertad a comienzos de año. Comunistas.

La reducción de las retenciones se relaciona con las metas cambiarias que se discuten con el Fondo. El equipo económico está expuesto al riesgo de que los productores agropecuarios no liquiden sus productos esperando una corrección inevitable del tipo de cambio. Para que cambien de opinión se les mejoró la rentabilidad de su negocio reduciendo el impuesto a las exportaciones. Con dos detalle: la rebaja estará vigente sólo hasta el 30 de junio; y para acceder a ella los agricultores deberán liquidar el 95% de las divisas en un plazo no mayor a los 15 días hábiles posteriores a la declaración jurada de sus ventas.

La ecuación habría sido el resultado de un acuerdo imprevisto con los integrantes de la misión que el Fondo envió a Buenos Aires. El día anterior al anuncio, en la reunión que el jefe de Gabinete Guillermo Francos mantuvo con los diputados dialoguistas Cristian “Pucho” Ritondo y Rodrigo De Loredo, se informó que las retenciones solo se recortarían cuando el crecimiento del PBI compensara la correspondiente pérdida de recaudación. Lo afirmó José Rolandi, el segundo de Francos, respondiendo a un reclamo del cordobés De Loredo. Quiere decir que en el propio oficialismo se sorprendieron con el anuncio de Luis Caputo.

La martingala del impuesto a los exportadores se relaciona con una de las mayores fragilidades económicas de la Argentina: el bajo caudal de las reservas monetarias. Es una preocupación más inquietante entre los grandes acreedores. El Fondo, por ejemplo. En la misma dirección se mueve otra peculiaridad del acuerdo que se está negociando. El desembolso previsto por el Fondo, que rondaría los 10.000 millones de dólares, no debería agravar la exposición crediticia que esa institución mantiene con el país. Para evitarlo se dispondría que el Tesoro devuelva esos recursos dentro del lapso de vigencia del programa. Una cláusula exigente, que aumentaría el esfuerzo del Gobierno para honrar toda la deuda. Hizo bien Manuel Adorni en matizar los exabruptos de su jefe en Davos: el cheque que espera Caputo, en última instancia, lo firma Bessent. Habrá que ver si, con cepo, siguen siendo 10.000 millones. Minucias.

El formato del arreglo financiero con el Fondo desató de nuevo en el mercado versiones sobre un eventual canje de deuda. Muchos financistas suponen que el fisco enfrenta un escenario muy ventajoso para esa operación, a la que serían invitados los mismos bancos que intervinieron en el crédito REPO que gestionó Santiago Bausili, el presidente del Central.

Si esta hipótesis, que fue desmentida por Luis Caputo en otras ocasiones, se verifica, adquirirá más relevancia el reemplazo de Rodolfo Barra por Santiago Castro Videla en la Procuración del Tesoro, que es la oficina a cargo de la abogacía del Estado. El frente externo se está sembrando de algunos nubarrones judiciales. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo, acaba de convalidar un fallo de la jueza Loretta Preska, en el que se ejecutan garantías para bonos Brady, emitidas por la Argentina hace más de 30 años. El beneficiario es un grupo de holdouts. Esa medida acentúa una tendencia que se viene registrando en la Justicia norteamericana desde hace algunos años: la de debilitar el blindaje de los activos de soberanos frente al reclamo de acreedores privados. Quiere decir que los países son más vulnerables en los tribunales de los Estados Unidos. Un triunfo del mercado sobre el Estado que debería celebrar el “austríaco” Milei.

Cualquier operación de deuda debe prever esta nueva debilidad. También debe tenerse en cuenta cuando se toman decisiones financieras como las de modificar la sede donde se atesoran reservas como el oro. Los acreedores pueden alegar que esas reservas pasan a ser meros activos comerciales, susceptibles de ser embargados. Estos peligros son más graves porque el Tesoro está bajo amenaza de ejecución por el reclamo del fondo Burford que, ligado a la familia Eskenazi, reclamó con éxito una indemnización de 16.000 millones de dólares. Fue en el mismo juzgado de Preska.

El de Burford/Eskenazi es el pleito más costoso que enfrenta la Argentina. El Estado viene de derrota en derrota. Hubo un motivo central. El procurador del Tesoro de la gestión de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, había desplegado ante el juzgado, entre otros argumentos, una explicación muy razonable de por qué la demanda no era legítima. Pidió que se examine la operación de ingreso de los Eskenazi a YPF, para que quedara claro que era parte de un negociado ideado por Néstor Kirchner. Saravia podría haber contado con una colaboración de la que careció: si el juez Ariel Lijo hubiera investigado la denuncia de Elisa Carrió sobre esa controvertida incorporación de los Eskenazi, tal vez Preska no tendría razones para fallar a favor de esa familia y del fondo Burford. Pero la causa YPF/Eskenazi duerme desde el año 2007 un sueño eterno en el juzgado de Lijo. Como tantas otras. Cuando Carlos Zannnini se hizo cargo de la Procuración, en la gestión de Alberto Fernández, la idea de incriminar a los Kirchner y a los Eskenazi por un contubernio quedó anulada. Sobraban razones. Por ejemplo: Zannini venía de ser director del Banco de Santa Cruz, de esa controvertida familia.

Lo que resulta más llamativo es que en la actual administración se continúa con ese curso de acción. Al llegar al poder, La Libertad Avanza promovió como segundo de Barra en la Procuración a Andrés de la Cruz. Fue durante años el abogado de los Eskenazi en el estudio Cleary Gottlieb, como consta en la documentación presentada por esos empresarios en la Securities and Exchange Commission de Nueva York cuando ingresaron a YPF. Hoy de la Cruz es el encargado de litigar a favor del Estado contra sus antiguos clientes, que están asociados al resultado que obtenga Burford. De la Cruz fue designado para secundar a Barra por indicación del ministro de Economía Luis Caputo.

Resulta también sorprendente que, para reemplazar a Barra, Milei haya pensado en Castro Videla. Se trata de un socio del prestigioso abogado Alberto Bianchi, que fue uno de los principales testigos que presentó Burford para justificar su reclamo contra la Argentina. Conviene consignar una obviedad: es posible que Castro Videla, que goza de una excelente consideración profesional entre sus colegas, no haya participado del trabajo de Bianchi. ¿Por qué no?

Más curiosidades: la responsable directa de llevar el caso en el juzgado de Preska es la directora de Controversias Internacionales de la Procuración, Mariana Lozza. Esta abogada hizo su carrera a lo largo del reinado del kirchnerista Osvaldo Guglielmino, procurador en un tramo de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Lozza trabajó en el estudio Guglielmino y Asociados. Aclaración: “asociados” no se refiere al abogado Mauricio D’Alessandro, intimísimo de Guglielmino, que tuvo siempre su propio escritorio. Durante la gestión de Macri, Lozza quedó fuera del Estado. Pero volvió a la Procuración con Alberto Fernández. ¿Es verdad que, antes de hacerlo, fue abogada externa de YPF, junto con Guglielmino, gracias a una decisión presidencial? Envidiables honorarios. Y burlas del destino: la esposa de D’Alessandro, Mariana Gallego, es la abogada de Fabiola Yañez en contra del benefactor Alberto.

Más allá de estos detalles, lo relevante es que hoy Lozza mantiene frente al juzgado de Preska el mismo tono de confrontación que tan caro pagó el país durante la etapa kirchnerista. Además de mantener esa agresividad cuando la batalla está casi perdida, De la Cruz y Lozza parecen desoír los consejos de profesionales que conocen como nadie el caso. El más destacado es Saravia Frías, quien acaba de formular una recomendación pública para que la Procuración exija ante Preska que se aplique al pago de la sentencia a favor de Burford la cotización que prevé el ritual de procedimientos neoyorkino. En concreto: que esa indemnización, derivada de un contrato cifrado en pesos, se pague con la cotización del dólar del día de la sentencia y no del día del incumplimiento. Los especialistas arriesgan que el monto podría reducirse en muchos miles de millones de dólares, porque el Tesoro se ahorraría el costo de la devaluación que corrió desde 2012 hasta 2023. Hasta ayer no se sabía si los abogados del Estado hicieron algún planteo siguiendo el consejo de Saravia.

Las rarezas en la selección de los abogados del Estado se completan con la insistencia en mantener al estudio Cleary Gottlieb como patrocinante exclusivo de la Argentina en Nueva York. Es la consecuencia de un decreto de la señora de Kirchner en beneficio de esta empresa de abogados, que ningún otro presidente quiso derogar. Ante los magistrados de ese distrito Cleary Gottlieb paga el precio de haber sido la agresiva voz del kirchnerismo desde los tiempos de Thomas Griesa. Y es, como se dijo, el patrocinante histórico de los Eskenazi.

En estos días, la operación con Burford está rodeada de especulaciones. Entre ellas hay una que refiere que, para pagar a este fondo, se requeriría la intermediación de algunos bancos. En el medio de todas las negociaciones se encuentra Gerardo Mato, un exejecutivo del banco HSBC, contratado hoy por Burford, entre otras cosas, para dialogar con los funcionarios del Ministerio de Economía.

Hay otra controversia en curso para la que podría ser determinante el reemplazo de Barra por Castro Videla. Es la licitación por la operación de la Hidrovía. Castro Videla fue nominado por Santiago Caputo, “el Mago del Kremlin”, que es también quien monitorea ese concurso. Si bien el pliego fue judicializado en el fuero Contencioso-Administrativo, expertos en esa causa aseguraban ayer que es muy improbable que la Procuración influya en la contienda, al menos por ahora.

La concesión de la Hidrovía fue el verdadero casus belli del conflicto de Milei con Mauricio Macri. El expresidente viene objetando en voz baja el pliego, al que se reprocha favorecer a la empresa Jan de Nul, una de las que compiten por el negocio. En rigor, el favorito sería un asociado a Jan de Nul: el encargado del balizamiento de los ríos, Gustavo Elías, empresario vinculado a Hugo Moyano que controla, entre otros negocios turbulentos, el puerto de Bahía Blanca. Entre muchas otras vinculaciones, Elías es señalado como el alter ego del poderoso y discretísimo Juan Manuel Ondarcuhu, titular del Grupo Servicios Portuarios, que controla los puertos de Rosario, San Nicolás y San Pedro. Ondarcuhu es primo del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia.

Macri envió a denunciar la falta de transparencia del concurso por la Hidrovía a quien fuera su ministro de Transportes, Guillermo Dietrich. Este dirigente del Pro encabeza la lista de aversiones de Karina Milei. Sobre todo porque en su momento expulsó de Aerolíneas Argentinas a Pilar Ramírez, la delegada de la hermana del Presidente en la Legislatura porteña. Pilar Ramírez fue funcionaria de Aerolíneas durante la gestión camporista de Mariano Recalde. Su esposo es el actual vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, a la vez socio de otro ministro de Macri, Francisco Cabrera, en la sociedad de garantías Garantizar. Dietrich, a pesar de sus esfuerzos, no consiguió romper el vínculo Cabrera-Wasserman.

Ramírez es una figura clave en una de las gestiones mayores de La Libertad Avanza: el desguace del Pro. Tres legisladores que reportan a Patricia Bullrich: Juan Pablo Arenaza, Marilú Estebarena y Silvia Imaz, se transfirieron al bloque libertario de Ramírez. Es decir, se sumaron a la oposición a Jorge Macri. ¿Habrá más migrantes? ¿Bullrich dará el ejemplo y se afiliará pasado mañana al partido de Milei? El “Mago” Caputo tiene derecho a hacerse una pregunta de sentido común. Con la presencia de Diego Kravetz en la Side, ¿cuánto más hay que esperar la llegada de quien fue su jefe en Lanús, y sigue siendo su amigo, Néstor Grindetti? Ese pase sería significativo. Grindetti prosperó a la sombra de Mauricio Macri desde los tiempos de Socma. Una pena que Jorge, el primo, lo haya maltratado expulsándolo, de la mañana a la noche, de la Jefatura de Gabinete porteña para designar a Gabriel Sánchez Zinny. ¿O fue Mauricio el que lo liquidó?

Bullrich se atribuye la parte central de esta desarticulación del Pro. ¿Es el camino que la lleva a la candidatura a senadora el próximo octubre? Ella preferiría eludir ese destino. Pero las encuestas le dicen a Milei que la ministra de Seguridad supera en 9 puntos a la marca La Libertad Avanza. Bullrich senadora, Adorni primer legislador local. Esa parece ser hoy la oferta más probable.

En la provincia de Buenos Aires se repite la misma avanzada de Milei sobre Macri. Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero, no esperó a que lo llamen. Fue solo al encuentro del Presidente, su antiguo compañero de estudios. El intendente marplatense, Guillermo Montenegro, en cambio, recibe un tratamiento menos amigable. Le garantizan una buena recepción, pero nadie le asegura que en 2027 el diputado provincial Alejandro Carrancio no será el candidato de Milei en la ciudad. Carrancio organizó en ese balneario el acto en el que se destacó Karina Milei. Una pregunta intrascendente: ¿por qué ese día no habló José Luis Espert? ¿No es el candidato a diputado para octubre? Javier Milei lo sigue sosteniendo. ¿Karina también?

En Vicente López, Soledad Martínez, la heredera de Jorge Macri, sigue abrazada al mástil de Pro. Pero enfrenta el desafío de Luis Palomino, funcionario del Ministerio de Capital Humano, al que Sandra Pettovello confió la administración del programa “Volver al trabajo”.

Otra conducta es la de Javier Martínez, el intendente de Pergamino. Él no se entregó. Lo entregaron. Llegó al “Kremlin” de la mano de Daniel Angelici. ¿El binguero se independizó de Macri? “Yo no soy empleado, soy socio”, suele aclarar. Los chicos crecen.

Por Carlos Pagni

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