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Hallan datos que suman sospechas contra Ciro James
En los juzgados de Misiones no estaban los CD con las escuchas; estiman que nunca llegaron
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Dos juzgados de Posadas, Misiones, fueron allanados ayer por orden del juez federal Norberto Oyarbide, que investiga el espionaje telefónico por el que está preso el ex policía y empleado del gobierno porteño Ciro James. Allí la policía fotocopió las causas en las que se habían ordenado las escuchas telefónicas, pero no se encontró ni rastro de las grabaciones.
La falta de los audios hizo alentar la sospecha entre los investigadores de que los jueces misioneros, que autorizaban estas intervenciones en causas donde investigaban homicidios, eran "presta firmas", a los que nunca llegaba el resultado de las escuchas, dijeron fuentes de los juzgados porteños a LA NACION.
Los CD con los audios eran retirados por Ciro James en la SIDE y al parecer -según los investigadores- no habrían llegado nunca al juzgado para escucharlos y ver si había conversaciones relacionadas con los homicidios.
Ayer, los jueces de Posadas en cuyos despachos se buscó información, Horacio Gallardo y José Luis Rey, debían ser indagados por Oyarbide, pero ninguno de ellos fue a los tribunales porteños.
El fiscal Alberto Nisman había pedido que se les inicie juicio político para quitarles los fueros y que sean arrestados. Oyarbide optó por citarlos a declarar como sospechosos. Ante su ausencia, el juez prepara una segunda citación. En caso de que tampoco se presenten, es posible que directamente pida sus juicios políticos y sus detenciones. No obstante, el fiscal insistió ayer en pedirles el arresto al entender que pueden entorpecer la investigación.
Además, Oyarbide ordenó dos nuevas medidas: que el procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli, declare el próximo jueves como testigo para que explique la denuncia que hizo el jefe de gobierno, Mauricio Macri, al entender que existía un complot contra su Policía Metropolitana. Además hoy volverá a tomarle declaración al cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo, que denunció que el clan familiar ordenó espiarlo porque no aceptaron su casamiento con Sandra, una de las hijas de Franco Macri.
El allanamiento en los juzgados de Posadas no fue una tarea sencilla. El juez Oyarbide firmó la orden que se debió cumplir el lunes. Una delegación de agentes de la SIDE y de la Policía Federal llegó a Misiones para sacar copias de las causas en que se habían ordenado las escuchas, que tuvieron como objetivo a Sergio Burstein (familiar de una de las víctimas del ataque a la AMIA), al abogado Francisco Castex, a dos gerentes de supermercados Coto, a Carlos Avila y a Leonardo.
Oyarbide le había mandado un exhorto a su colega federal de Posadas Ramón Chávez para que allanara en su nombre, pero el magistrado se negó. Entendió que el exhorto "no especifica motivos suficientes para ejecutar la medida coercitiva". Y argumentó que los allanamientos se deben realizar "en domicilios y en moradas", no en oficinas públicas. Entendió que en lugar de allanar los juzgados, una medida que consideró "claramente desmedida", bastaba con pedir al Superior Tribunal de Justicia esa información.
Envió, entonces, un oficio al presidente del tribunal, Roberto Uset, para que coopere con Oyarbide. Así logró la policía recabar la información en el juzgado, fotocopiaron los expedientes en los que se habían ordenado las intervenciones telefónicas, pero no hallaron rastros de los CD con las escuchas telefónicas.
El dato hizo alentar más sospechas en Buenos Aires, donde se investigan los vínculos de James con quien fue jefe de la Policía Metropolitana, el comisario mayor retirado Jorge "Fino" Palacios.
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