Horacio Rosatti denunció que en Misiones activaron cuatro líneas de teléfono a su nombre sin que él lo supiera

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, denunció hoy en los tribunales federales de Comodoro Py que alguien se hizo pasar por él y dio de alta cuatro líneas de teléfono a su nombre sin su consentimiento. Según la denuncia que presentó, Rosatti sospecha que puede tratarse de un mensaje del mundo del narcotráfico.

Por sorteo, el caso les tocó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y a la fiscal Paloma Ochoa, según informaron fuentes judiciales. Antes, el fiscal Gerardo Pollicita pidió una serie de medidas urgentes que están en curso.

Las fuentes judiciales relataron que Horacio Rosatti informó que se había enterado de la existencia de las líneas por una factura de una empresa telefónica, correspondiente a un supuesto servicio del primer bimestre del año, que llegó a su casa de Santa Fe. Fue en febrero de este año y la factura había sido emitida el 7 de febrero, según informó Rosatti en su presentación de tres páginas a la justicia federal. El presidente de la Corte detalló que, tras recibir esa factura, el 27 de febrero de este año consultó con la empresa (Personal-Telecom Argentina), que le informó que existían otros tres abonados de telefonía móvil también registrados -afirmó Rosatti, indebidamente- a su nombre.

La factura recibida en su casa correspondía a un teléfono celular con prefijo de la provincia de Misiones, lo mismo que las otras tres líneas a su nombre, todas de la misma provincia, informaron las fuentes.

El presidente de la Corte Suprema inició entonces el proceso administrativo tendiente a aclarar la cuestión, que incluyó cartas documento (enviadas el 27 y 28 de febrero y el 6 de marzo) con una intimación reclamando la “inmediata baja” de esos abonados y la anulación de los cargos facturados a nombre de Rosatti. Hoy, finalmente, el juez llevó el caso a la justicia federal penal para que investigue los hechos por entender que configuran “delitos de acción pública que la investigación deberá determinar”; entre las posibles figuras en las que encuadraría lo ocurrido, incluyó -dijeron las fuentes- una posible “falsificación de documento destinado a acreditar la identidad de la persona”.

Rosatti advirtió en su denuncia que no se puede descartar que los hechos denunciados estén vinculados con cuestiones relativas al ejercicio de sus cargos como presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura, como “las acciones institucionales que se han venido impulsando para favorecer la investigación, el juzgamiento y la sanción de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes en nuestro país”, detalló un funcionario que accedió a la denuncia del juez.

La captura de líneas telefónicas del presidente de la Corte Suprema de Justicia reavivó la inquietud por el espionaje ilegal que tuvo como blanco a jueces y dirigentes políticos. Llamó la atención en los tribunales el hecho de que las líneas de teléfono que motivaron la denuncia del juez tuvieran prefijo de Misiones, la misma provincia desde la que se habría jaqueado el celular del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, de acuerdo con las pruebas acumuladas por ahora en esa causa. Allí, los hackers tuvieron como blancos varios correos electrónicos creados para robar la identidad de sus víctimas -entre ellos, el del exministro de Justicia y Seguridad porteño, otros dos funcionarios de Pro y tres magistrados en la mira del kirchnerismo- incluían las fechas de nacimiento de sus familiares. Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el principal acusado, confesó su actividad de hacker.

Primera medidas

El fiscal Pollicita ordenó, tan pronto ingresó la denuncia, una serie de medidas para evitar “dilaciones” y “preservar la prueba” necesaria para investigar los hechos. Entre ellas, un pedido de informes a Telecom Personal para que detalle todas las líneas registradas a nombre de Rosatti y todos los datos entregados por quien obtuvo esas líneas con la documentación presentada en ese momento (si hay grabaciones del procedimiento para dar de alta las líneas, el fiscal solicitó que se aporten también); además, requirió que la compañía precise que trámite le dio a la cuestión después de la comunicación y las cartas documento de Rosatti.

Pollicita pidió un informe también al Ente Nacional de Comunicaciones para que dentro de las 24 horas diga cuáles son las normas que rigen la provisión de líneas telefónicas. Solo después, envió la causa a sorteo y fue entonces cuando les tocó al juez Martínez de Giorgi y la fiscal Ochoa.

En la empresa Personal dijeron a LA NACION: “Nosotros dimos de baja esas líneas inmediatamente y abrimos una investigación sobre el hecho que está en curso”.