Hubo 600 desaparecidos antes del 76

Desde el comienzo del gobierno constitucional de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, hubo más de 1100 casos de desapariciones forzadas de personas y ejecuciones sumarias.

La cifra surge -nada menos- que de uno de los anexos del informe Nunca Más, en la edición del 30 aniversario del golpe de Estado, publicada en marzo del año pasado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

De acuerdo con esa publicación, una reedición del informe que elaboró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entre 1983 y 1984, las desapariciones forzadas previas al golpe de 1976 fueron unas 600 y las ejecuciones sumarias, unas 500.

Los datos figuran en el sitio de Internet de la Secretaría de Derechos Humanos, en el apartado del Archivo Nacional de la Memoria, un organismo creado por el presidente Néstor Kirchner, en diciembre de 2003.

Esa información es, para los organismos de derechos humanos agrupados en Justicia Ya, sólo una parte de la verdad. La estimación de esas organizaciones, que acompañaron al albañil Jorge Julio López en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, duplican el número oficial.

Ese grupo sostiene que entre el 20 de junio de 1973, el día de la llamada Masacre de Ezeiza, hasta el inicio de la dictadura militar, hubo 900 desapariciones y 1500 asesinatos. Además, estiman que unas 3000 personas fueron apresadas por causas políticas.

José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, explicó que los legajos que acumula el Gobierno fueron elaborados a partir de las personas que se presentaron para reclamar una reparación económica por esos crímenes.

La estimación de Justicia Ya se elaboró sobre la base de la revisión de archivos y diarios de la época. "La represión es constitutiva del Estado argentino. Siempre tuvo una dimensión legal y pública y otra oculta", sostuvo Schulman. "En la Masacre de Ezeiza [como se llamó al enfrentamiento de grupos peronistas ante el retorno de Juan Domingo Perón al país] ya estaban los que iban a formar la Triple A", agregó.

Si bien el anexo del Nunca Más sobre desapariciones y ejecuciones previas al último golpe de Estado abarcan el período 1966-1976, antes del comienzo del gobierno de Cámpora hay registrados menos de cien casos.

Según ese informe, la mayor cantidad de desapariciones y ejecuciones de ese período se produjo en 1975, con más de 800 casos. En octubre de ese año, el gobierno de la viuda de Perón emitió los tres decretos por los cuales se disponía la "aniquilación del accionar de los elementos subversivos". En febrero se había dictado otro decreto, el 261, que ordenaba a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en Tucumán.

Entre los legajos que guarda el Archivo Nacional de la Memoria figuran los de varias víctimas extranjeras: hay chilenos, uruguayos, italianos, españoles, colombianos, bolivianos, paraguayos, polacos y peruanos.

Además, están incluidas cinco embarazadas: Olga González Montenegro, desaparecida el 8 de julio de 1975, en Tucumán; Ceferina López Córdoba, también desaparecida en Tucumán, el 27 de febrero de 1976; Amalia Moavro Ciotta, también desaparecida en Tucumán, el 4 de octubre de 1975; Beatriz Neuhaus Aicardi, desaparecida el 16 de marzo de 1976, en La Matanza, y Nora Rojas Cuevas, desaparecida el 29 de diciembre de 1975, en la Capital Federal.

A esos nombres hay que agregarles los más famosos golpes de la Triple A, como los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, del profesor Silvio Frondizi y del ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler.

"Los casos de desaparición forzada ocurridos antes del golpe militar de 1976, durante los años 1974 y 1975, son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. En la mayoría de estos delitos se presume que ha existido participación de agentes de Ejército", dijo a LA NACION Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Ese organismo comenzó en 2000 una causa para que se investigara la desaparición de un joven en 1974, pero la investigación nunca avanzó.

• Otro de los presuntos jefes de la Triple A se entregó ayer a la Justicia. Se trata del ex policía Miguel Angel Rovira, que en su declaración indagatoria negó ante el juez federal Norberto Oyarbide haber pertenecido a la organización paramilitar liderada por José López Rega. Es más, el acusado puso en duda la existencia de la Triple A. Como consecuencia de la orden de captura que había firmado Oyarbide, Rovira se presentó voluntariamente en los tribunales de Retiro y se defendió ante el magistrado. Sin embargo, Oyarbide dispuso que el suboficial retirado de la policía bonaerense quedara detenido.

Por Gabriel Sued

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