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Hugo Moyano denunció en la Justicia un fraude millonario en Camioneros, pero ahora busca cerrar la causa
El sindicato no presentó toda la documentación contable para respaldar un supuesto desvío de fondos en la administración de un hotel en Mar del Plata; la pericia contable no detectó un perjuicio económico; presiones en la ARCA
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LA NACIONNicolás Balinotti
En un extraño giro, Hugo Moyano parece haber desistido de darle impulso a un expediente judicial que él mismo ordenó activar. Se trata de la denuncia que promovió hace poco más de un año Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Turismo de Camioneros, por supuestas inconsistencias en la administración del Hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata, que es propiedad del gremio.
La denuncia se realizó el 12 de septiembre de 2025 en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. Maldonado, una suerte de mano derecha del jefe sindical y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo, apuntó contra empleados y proveedores del hotel por un supuesto fraude de unos $13.000 millones.
El fiscal ordenó hace un año una pericia contable cuyo informe final se conoció recién el 30 de octubre pasado. En el documento, de 75 páginas y al que accedió LA NACION, tres de los cinco contadores que trabajaron con las pruebas manifestaron que “con la información puesta a disposición por el denunciante no es posible determinar un perjuicio económico determinado y menos aún el responsable del mismo”.
Además, coincidieron en que el origen de los fondos para la cobertura de los cheques diferidos para afrontar los gastos del hotel surgía de la sede central del sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el control absoluto lo tiene Moyano.
Del peritaje participaron cinco contadores: Julián Aceto, propuesto por la fiscalía; Rodrigo Otamendi, Facundo Domínguez Marzano y Juan Tellechea, propuestos por tres de los imputados, y Guillermo Luis Dello Russo, en representación de los denunciantes.
Cuando el año pasado se conoció públicamente la causa judicial, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los firmantes de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia. La salida de los dos dirigentes provocó un terremoto interno que obligó a Moyano a un recambio de nombres en el área contable y legal del gremio. En paralelo, se filtraron datos detalles de transferencias millonarias a fideicomisos vinculados a la familia del histórico líder camionero.
En la página 43 del peritaje, los contadores propuestos por los imputados advirtieron que el sindicato no aclaró quiénes firmaron los cheques en observación ni tampoco aportó la información requerida sobre quiénes estaban autorizados a operar la cuenta del Banco Provincia con la que se manejaban los fondos del hotel. Dello Russo, perito puesto por el gremio, planteó en el informe que Balazic y Villegas eran los firmantes, pero en última instancia lo hacía Maldonado. Ni Balazic ni Villegas están por ahora imputados en el expediente y desde su expulsión del gremio evitaron comentarios públicamente.
Del peritaje surgen otros datos que debilitarían la denuncia de Moyano. No se verificaron pagos duplicados ni pagos a beneficiarios ajenos a la operación. Tampoco se detectó si hubo extracción de dinero en efectivo ni se pudo verificar la ocupación efectiva del hotel, en el que se alojaban “artistas, jueces y fiscales sin dejar registros de pago”, según el testimonio de una fuente con acceso al expediente.
“La pericia no afirma ni niega la existencia de fraude, esa será una tarea de la fiscalía y los jueces”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales al tanto de la causa. Es decir, el caso se mantiene aún abierto y sin un desenlace claro.
El 29 de octubre de 2025 Maldonado declaró en Mar del Plata por única vez ante el fiscal Bruna. “A fines de julio [de ese año] hubo un requerimiento de ARCA [exAFIP] por empresas proveedoras, pero el contador no lo informó. No nos dijo nada. En agosto tuve una reunión con el secretario general [Moyano] y me dice que vaya a Mar del Plata. Fue en ese momento cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afecta mucho”, dijo el dirigente camionero.
Maldonado cayó en una posible contradicción en su declaración judicial cuando se lo consultó sobre el monto del presunto fraude. Primero dijo que el “nunca” había mencionado una cifra, pero luego reconoció que según un informe sobre todos los cheques librados, el monto podría ser de unos 13.000 millones de pesos.
“A lo sumo hubo algún sobreprecio en algún producto comprado a algún proveedor, pero no llega ni cerca a los 13.000 millones que se denunció inicialmente”, dijo a LA NACION Maximiliano Orsini, abogado defensor de dos de los imputados. Entre los gastos a investigar aparecieron erogaciones con el concepto “varios” por 70 millones de pesos, cientos de kilos de carne y otra mercadería que no habría sido consumida por los huéspedes del hotel y 1615 botellas de vino de alta gama para un supuesto evento de “cata” que nunca se habría realizado.
Presiones en ARCA
Mediante una presentación por escrito, Orsini busca ahora que la jueza Lucrecia Bustos le requiera al fiscal Bruna que cite a declarar a Manuel Rodríguez, uno de los cinco funcionarios de la sede marplatense Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que fueron desplazados por haber facilitar documentación a la Justicia en el inicio de la investigación, según reveló una publicación de LA NACION del 26 de abril último.
Según el escrito presentado por Rodríguez ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos fueron ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la investigación, Gustavo Capdeville, para detener la investigación. Desde entonces, la ARCA no aportó documentación para el peritaje. El fiscal Bruna por ahora no tendría previsto citar al exfuncionario de ARCA que denunció presiones, según dijeron fuentes judiciales.
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