Impuesto a las ganancias | El peronismo resiste la reinstauración del impuesto y traza un diagnóstico lapidario sobre las medidas de Caputo

El peronismo –no solo el kirchnerismo- se puso en guardia frente a las reformas que anunció el ministro de Economía Luis Caputo y que en breve ingresarán en el Congreso. Si el Gobierno piensa que podrá sumar votos peronistas con el señuelo de la reimplantación del impuesto a las Ganancias, se ilusionaría en vano: desde las provincias, diputados y senadores peronistas –virtuales voceros de sus gobernadores- no parecen dispuestos a claudicar en la eliminación del tributo y le doblan la apuesta al oficialismo.

“Es cierto que la eliminación del impuesto a las Ganancias provoca una merma importante en los ingresos por coparticipación de las provincias. En la mía se prevé una caída de $70.000 millones –admite un legislador oriundo de una provincia del norte-. Pero la solución no es restablecer el impuesto, sino que la Nación compense a las provincias con la coparticipación de la mitad de la recaudación del impuesto al cheque, que es la propuesta que firmamos todos los gobernadores, incluso los de Juntos por el Cambio.”

El ministro Caputo y el vocero presidencial Nicolás Adorni confirmaron que es intención del Gobierno reinstaurar el tributo, aunque quedará supeditado a las negociaciones con los mandatarios provinciales. “Los gobernadores quieren –dijo Caputo-. Habrá que ver si se reestablece, está negociándose. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se dé vuelta”.

En el peronismo interpretan que el Gobierno pretende utilizar la restitución del impuesto a las Ganancias como carnada para que los gobernadores de los distintos signos políticos ordenen a sus respectivos legisladores a que voten el paquete de reformas estructurales que enviará al Congreso. Como se sabe, el oficialismo –con apenas 38 diputados y 7 senadores- necesita de los votos de las distintas bancadas de la oposición para aprobar sus leyes.

“Nuestro gobernador no está pidiendo que se restituya Ganancias a los trabajadores. Lo estarán haciendo otros mandatarios provinciales, pero no el nuestro”, avisó un legislador de La Pampa en nombre del gobernador Sergio Ziliotto.

La eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias se aprobó en setiembre último, incluso con el apoyo del otrora diputado de La Libertad Avanza y hoy presidente Javier Milei. En la actualidad solo están gravados por el tributo aquellos trabajadores que perciben 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), equivalentes a 2 millones de pesos mensuales. Según el cálculo gubernamental al momento de la aprobación de la ley, en la actualidad solo el 1% de los trabajadores están afectados por este impuesto.

Este alivio fiscal, sin embargo, provocó un fuerte impacto en los ingresos coparticipables de las provincias; según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este impacto ronda en 0,83% del PBI, representando una caída de recursos en $2.927 billones.

“Esta medida le significa a las provincias resignar recursos por el equivalente a 0,48% del PIB. Este impacto representaría el 50% del impuesto a los créditos y débitos bancarios vigente”, precisó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Juntos por el Cambio. Frigerio es el autor de la iniciativa para que se coparticipe la mitad del impuesto al cheque, la cual fue firmada por todos sus pares.

El peronismo en el Congreso reflotará esta alternativa cuando el paquete de reformas impositivas aterrice para su debate parlamentario. Todo esto se discutió en la última reunión de bloque que mantuvieron los diputados de Unión por la Patria el miércoles pasado. Los legisladores coincidieron en trazar un diagnóstico lapidario sobre las medidas que lanzó el ministro Caputo, que incluyen una devaluación de la moneda del 55%.

En un comunicado conjunto, alertaron que las medidas del ministro de Economía representan la “profundización” del rumbo de los “históricos planes de ajuste en Argentina” y subrayaron que “perjudicarán a la inmensa mayoría del pueblo argentino”.

“La paralización de la obra pública implica menos obras de infraestructura sanitaria, educativa, vial, energética, socio comunitarias. Esto generará un estancamiento del desarrollo argentino, la pérdida de puestos de trabajo y un negativo impacto directo a lo largo y ancho del territorio nacional, afectando severamente a las provincias y los municipios”, explicaron.

En esa línea, los legisladores plantearon que “la hiper devaluación del 118%, excediendo incluso las más duras exigencias del propio FMI, es un golpe al ingreso de los asalariados, los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social, popular y solidaria, cuentapropistas y autónomos, así como de jubilados y pensionados”.

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