Impulsan una ley para regular la convocatoria a reservistas de las Fuerzas Armadas
El Ministerio de Defensa prepara una batería de proyectos que irán al Congreso; en la actualidad se estima que hay unas 200.000 personas que integran la reserva militar
LA NACION
El Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri trabaja en un proyecto para regular la función de los reservistas de las Fuerzas Armadas, que en la actualidad cumplen un papel reducido y simbólico. Se trata de un universo aproximado de 200.000 personas que recibieron alguna instrucción castrense, entre retirados, personal que pidió la baja, egresados de liceos militares y exsoldados voluntarios, entre otros exuniformados que podrían ser citados ante un eventual conflicto armado.
La idea apunta a “unificar los criterios” para convocarlos, dado que cada fuerza tiene de hecho sus propias pautas, explicó a LA NACION el secretario de Estrategias y Asuntos Militares, el teniente general retirado Claudio Ernesto Pasqualini, exjefe del Ejército entre 2018 y 2020 y hoy virtual viceministro de Defensa.
Para estimar el número de oficiales reservistas hay que tener en cuenta los graduados de los liceos de las tres fuerzas –cerca de 500 por año-, los militares retirados, los que se fueron de baja y los que realizaron alguna vez cursos para oficiales de reserva. Entre los suboficiales, se incluyen los que pasan a retiro, los que piden la baja y exsoldados que hicieron el servicio militar.
La figura de los reservistas está contemplada en la ley 19.101, sancionada hace más de 50 años para reglamentar las condiciones del personal militar. Y la intención del equipo de Petri es que el proyecto llegue al Congreso antes de fin de año.
El teniente general Pasqualini condujo el Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri y en la gestión de Oscar Aguad al frente del Ministerio de Defensa se había impulsado un proyecto destinado a fortalecer la reserva de las Fuerzas Armadas, aunque finalmente no se avanzó.
La posible convocatoria de los reservistas, pensada ante hipótesis de eventuales conflictos armados, permitiría incorporar a las Fuerzas Armadas a profesionales y técnicos de distintas disciplinas en el campo civil que reciben preparación militar. Por ejemplo, en la rama de las ingenierías y en el área de la ciberdefensa, estiman los expertos. Tradicionalmente son sumados al servicio activo cuando las circunstancias lo requieren.
La mayor parte de los reservistas provienen del Ejército. La Fuerza Aérea cuenta con algunos que participan en puestos de observación que trabajan en forma complementaria con los radares para la detección de aeronaves y vuelos irregulares.
En la Armada existe la Reserva Naval Fuera de Servicio, que reúne a centenares de oficiales y suboficiales, que desde sus actividades profesionales en el ámbito civil mantienen un intercambio con la fuerza y aportan conocimientos y experiencias.
“La Armada considera a los reservistas como un componente integral de la fuerza y, cada vez más, los comandantes piden la colaboración de los reservistas para asesoramientos, para solucionar inconvenientes relacionados con el material o compartir buenas prácticas del ámbito civil”, explicó el presidente del Foro Argentino de Defensa (FAD), Santiago Lucero Torres.
Se trata de una figura que está muy desarrollada en otros países, como Estados Unidos e Israel, además de Chile y Colombia, por citar modelos más cercanos. En Estados Unidos, por ejemplo, adquieren adiestramiento en operaciones de combate, ingeniería e investigación científica, así como en tecnología de la información, ciberseguridad y atención médica, entre otras especialidades.
Otros proyectos
Pasqualini se refirió al proyecto de ley de reservas en una disertación que ofreció en el Rotary Club de Buenos Aires, én la que también anticipó otra iniciativa para avanzar en la movilización y organización territorial.
Esto se relaciona con el aprovechamiento de todo el potencial nacional ante un eventual conflicto armado y servirá para “reglamentar las requisiciones de vehículos civiles o pedidos de reconversión de industrias para la logística militar”, explicó el viceministro.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, la gestión de Petri viene trabajando en la derogación del decreto reglamentario de la ley de defensa nacional, para darle un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas frente a agresiones de origen externo, no necesariamente originadas en ejércitos estatales, como limitó la reglamentación que impuso en 2006 la entonces ministra Nilda Garré.
Esa restricción, que no está contemplada en la ley de defensa, había sido derogada por Macri, pero fue reimplantada por el gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, la reforma habilitaría a los militares para intervenir en operaciones de combate al narcotráfico y al crimen organizado.
La gestión de Petri evalúa la adopción de otras medidas para fomentar el espíritu patriótico, especialmente en la formación de los alumnos en las escuelas, a través de ceremonias de jura de la bandera en unidades militares, distribución de escarapelas y actuación de bandas de las Fuerzas Armadas en actos públicos.
A eso se sumará una reglamentación del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado en la gestión ministerial de Agustín Rossi con la finalidad de garantizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Esa novedad llegaría luego de la compra de los aviones caza F-16 para la Fuerza Aérea, que se incorporarán en un plazo de cuatro años, y en momentos en que se estudian alternativas para la compra de vehículos blindados que serán destinados al Ejército y la anunciada adquisición o construcción de submarinos para la Armada.
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