Ley Bases: errores oficialistas e internas de la oposición ponen en riesgo el proyecto de Javier Milei en el Senado

La mala praxis y los errores de cálculo de un oficialismo que pretende acelerar a fondo cuando no tiene los votos para hacerlo, más las peleas internas que atraviesan a los restos de lo que fue Juntos por el Cambio, se han convertido en un cóctel explosivo para el gobierno de Javier Milei, que ve como desde la oposición dialoguista del Senado empiezan a desguazarle su preciada Ley Bases, al extremo de dejarla al borde del fracaso.

No son los únicos factores que juegan en el tablero de ajedrez en que se ha convertido la Cámara alta desde que los proyectos –además está la reforma fiscal– fueron aprobados por Diputados el último día de abril. También tienen parte importante en esta historia la feroz y apenas disimulada interna entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y los permanentes ataques, aunque un tanto menguados en las últimas semanas, de Milei a la “casta política” de la que depende para que sus anheladas leyes puedan llegar algún día a promulgarse.

El pecado original del Poder Ejecutivo fue manejarse en el Senado con el mapa político de la Cámara baja, subestimando el delicado ecosistema político que dejaron las elecciones del año pasado y el peso específico que cada voto tiene en la Cámara alta, sobre todo en las comisiones.

Enojados como están con Villarruel desde la campaña electoral, en los despachos de la Casa Rosada no tomaron en cuenta un dato fundamental y que tiene en la sesión preparatoria del 13 de diciembre pasado su fecha fundacional. Ese día, la vicepresidenta logró sacarle el control del Senado al kirchnerismo a partir de hilvanar una alianza con la oposición que, a diferencia del kirchnerismo, se mostró dispuesta a colaborar para que el oficialismo pudiera hacer funcionar el cuerpo, aún cuando tiene sólo siete senadores sobre un total de 72.

Sin embargo, aquella fue la construcción de una mayoría circunstancial que un senador peronista del norte calificó de “modular”, que no estaba tallada en piedra y que, por lo tanto, iba a variar según el proyecto que se discutiera. Esto quedó demostrado bien temprano, cuando a fines de enero Villarruel debió resignar su intención de sancionar la ley de boleta única por la negativa de los senadores de fuerzas provinciales de Misiones y Río Negro a votar el texto tal como había salido de Diputados.

Si en aquella oportunidad apenas unos cambios en un par de cláusulas se convirtieron en un obstáculo insuperable hasta el momento para el oficialismo, con más razón en el Gobierno debieron calcular que el escenario podría repetirse y hasta multiplicarse con un proyecto como la Ley Bases, que abarca múltiples áreas, que van desde una reforma del Estado hasta cambios en la ley de hidrocarburos, pasando por modificaciones en las jubilaciones y en las condiciones laborales. Ni hablar de la reforma fiscal y el intento de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que puso en pie de guerra a todas las provincias de la Patagonia, que tienen una pequeña porción de diputados, pero controlan el 25% del recinto del Senado.

A esto se suma la mala praxis y la falta de cintura de los senadores oficialistas, que tienen a su cargo ejecutar las jugadas del Poder Ejecutivo en las trincheras del Senado. Presionados por Karina Milei y Santiago Caputo, las caras visibles de La Libertad Avanza en el debate de la Ley Bases, Bartolomé Abdala (San Luis) y Ezequiel Atauche (Jujuy) se vieron atrapados entre los pedidos por acelerar el tratamiento de los proyectos y su falta de gimnasia parlamentaria para llevar adelante un debate tan trascendente. Sus falencias quedaron al desnudo en varias de las reuniones de comisiones que debieron encabezar, en las que mostraron una notable endeblez a la hora de defender los proyectos.

Pero no todo es culpa del oficialismo. Las internas no saldadas tras las elecciones del año pasado que atraviesan a la UCR y a Pro también han empezado a jugar un papel importante en esta novela política que ya lleva tres semanas en el Senado.

Es lo que explica la postura de Martín Lousteau (UCR-Capital), que decidió trasladar su pulseada interna con la mayoría de los gobernadores del partido al Senado y exigir cambios en los proyectos tomando como punto de partida algunas banderas históricas del radicalismo dejando, como contrapartida, en offside a los mandatarios que quieren que el Gobierno tenga sus leyes cuanto antes.

La postura del senador empieza a generar recelo entre sus correligionarios y también en el oficialismo, que por lo bajo lo acusan de correrle el arco al Gobierno para sumar puntos de cara a los comicios de 2025 mediante el bloqueo de las leyes que pide Milei. En su círculo íntimo, Lousteau sostiene que la disputa no es sólo técnica, sino también política e ideológica, y que está dispuesto a pagar el costo de quedar a contramano de su bloque, como lo hizo en la sesión en la que el Senado rechazó el DNU 70/23.

En Pro pasa algo similar con Guadalupe Tagliaferri (Capital), encolumnada con Horacio Rodríguez Larreta y que también quedó a contramano de su bloque, que responde a los mandatos de Mauricio Macri y apoya los proyectos. Aunque ya dijo públicamente que quiere colaborar con la aprobación de las iniciativas, que no se va a convertir en un obstáculo insalvable, la senadora porteña sostiene que no está dispuesta a dejar pasar cuestiones básicas como la habilitación para blanquear bienes en manos de testaferros.

Los 90. El día que Carlos Menem echó a Zulema Yoma de la residencia presidencial de Olivos

Soldado del otro. Andrés Larroque, el excamporista que cortó amarras con Máximo y apuesta por Kicillof

Intimidad de la política. El poderío kirchnerista en Santa Cruz se desmoronó en pocos meses y Cristina sufre una derrota impensada

Ganancias. Un impuesto que nunca se fue y que mantiene más que nunca el desafío de ser justo y equitativo

Ley Bases y paquete fiscal. Lo que aprobó y rechazó el Senado sobre alquileres, créditos hipotecarios, Ganancias y Bienes Personales

Ley Bases y paquete fiscal. El debate constitucional del que depende el Gobierno para aprobar sus reformas en Ganancias y Bienes Personales