Incómodos frente al caso, los gremialistas optan por el silencio

En la cúpula de los sindicatos más poderosos se sigue el caso Nisman como un thriller político. Hay dirigentes que teorizan sobre la hipótesis de un homicidio y otros que no dudan de que fue un suicidio. Pero entre la incertidumbre hay un denominador común: salvo el judicial Julio Piumato, ningún otro gremialista parece dispuesto a involucrarse de lleno en la pelea retórica por esclarecer la muerte del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA y que había denunciado penalmente a Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del hecho.

El silencio estratégico de algunos sindicalistas obedece quizás a razones políticas. "Digas lo que digas, te define políticamente. Te ubica de un lado o del otro, como oficialista u opositor", dice un jerárquico de la CGT alineada con el Gobierno. Otro dirigente, aunque de una central disidente, coincide con el diagnóstico de su colega y aporta una frase cargada de genética sindical: "Es un año electoral y las alianzas con los candidatos todavía están abiertas. ¿Para qué vamos a opinar de un caso complicado? Lo mejor es esperar que actúe la Justicia".

Más allá del ajedrez electoral, en los sindicatos surge otro argumento para callar: mantienen la eterna sospecha de que sus autoridades están en la mira de los servicios de inteligencia. "¿Por qué cayó [José] Pedraza? ¿Y [Juan José] Zanola? Cayeron por las escuchas telefónicas", afirma un operador sindical que trabaja para los gremios de la CGT oficial. Otro dirigente cegetista advierte sobre posibles "carpetazos" tras la purga en la Secretaría de Inteligencia.

"El que le teme a un carpetazo es porque no tiene la conciencia limpia. No creo que mis colegas callen sus opiniones sobre lo que pasó con Nisman por miedo a los servicios", señala Piumato, el líder del gremio judicial y uno de los organizadores de lo que fue la Marcha del Silencio en homenaje al fiscal fallecido.

El espionaje sobre los gremios y sus autoridades tuvo hace dos años un hecho que ganó notoriedad: Proyecto X, un programa de espionaje sobre grupos sociales y manifestaciones callejeras. Salió a la luz a través de una denuncia de sectores de la izquierda, que apuntaron a la Gendarmería Nacional por presunto espionaje ilegal. Por entonces, Darío Javier Hermosilla, delegado gremial de la empresa Kraft y uno de los impulsores de la acusación, aseguró a LA NACION: "Hay espías y teléfonos pinchados, y te marcan por el partido político".

Carpetazos

Pero no siempre la mira se posa sobre los opositores, como dice Hermosilla. El año pasado circularon carpetas con antecedentes policiales e información muy personal de Enrique Omar Suárez, el líder del sindicato de marítimos y uno de los gremialistas favoritos de la Presidenta, según lo afirmó ella misma en la gira por Angola, en mayo de 2012. El "carpetazo" a Suárez, más conocido como "Caballo", se conoció justo cuando el gremialista afrontaba una denuncia penal en los tribunales federales y cuando había recurrido a personal retirado del Ejército para blindar a su gremio de posibles ataques de sus opositores.

Otro sindicalista cercano al Gobierno que debió soportar las acusaciones fue Gerardo Martínez, que fue sobreseído el año pasado en la causa en que se lo vinculaba con tareas de inteligencia durante la última dictadura militar.

Piumato empujó a la CGT de Hugo Moyano a pronunciarse orgánicamente tras la muerte de Nisman. La central lo hizo a través de un comunicado cuatro días después de conocerse el fallecimiento.

"La inacción no es prudencia, es complicidad, y el silencio, cobardía. De no esclarecer la muerte del fiscal Nisman las dudas y sospechas van a prosperar, carcomiendo la confianza que el ciudadano debería tener en sus autoridades naturales, afectando al propio sistema democrático", expresó un fragmento del comunicado. Moyano aportó logística para la marcha del 18-F, pero él no participó.

La central opositora de Luis Barrionuevo también exigió que se esclarezca el hecho y el propio Barrionuevo participó en Mar del Plata de la Marcha del Silencio.

Orgánicamente, la CGT oficialista se mantuvo en silencio. Su jefe, Antonio Caló, se subió al escenario del PJ para denunciar un plan de desestabilización contra Cristina Kirchner. En el mismo estrado también estaba Omar Viviani. Ambos, como otros de sus colegas de las centrales disidentes, prefieren esperar los avances de la Justicia antes de opinar.

En las dos vertientes de la CTA, la situación fue similar. El sector disidente de Pablo Micheli marchó a la Plaza de Mayo a los pocos días de la muerte de Nisman, mientras que el ala oficialista de Hugo Yasky se limitó únicamente a criticar la convocatoria que hicieron los fiscales el miércoles pasado.