Insfrán fue indagado por la confesión de Vandenbroele

En secreto, con la intención de pasar inadvertido, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán , prestó ayer declaración indagatoria en la causa en la que la Justicia investiga si se quedó con parte de los 7,6 millones de pesos que pagó la provincia por la refinanciación de la deuda pública a una consultora fantasma de un testaferro de Amado Boudou .

Insfrán negó las acusaciones, dijo que la contratación la realizó el Fonfipro, que es un órgano fiduciario con una estructura propia, y destacó su labor para refinanciar la deuda provincial, al punto de que dijo que Formosa fue la única provincia que logró saldarla. El gobernador había sido citado por el juez federal Ariel Lijo a prestar declaración indagatoria el lunes, pero a través de su abogado, se comunicó con el juzgado y pidió declarar ayer.

Dijo que estaba en Buenos Aires por la reunión del G-20. Consultado el fiscal Jorge Di Lello, no puso objeciones y la indagatoria se concretó ayer, a las 15. En los pasillos de Comodoro Py 2002 no había casi nadie. Viernes a la tarde, tribunales es un desierto.

Al abrigo de miradas indiscretas llegó en un auto blanco que estacionó en el frente, en la playa donde los jueces dejan sus autos. Subió al tercer piso y estuvo en el juzgado de Lijo menos de 15 minutos.

Así como entró, sin ser advertido, se iba a retirar cuando un grupo de periodistas lo detectó subiendo al ascensor. Apenas se confirmó que había dejado un escrito en el juzgado de Lijo y no contestó preguntas del juez y del fiscal.

Insfrán fue citado a declarar por un caso que es un antecedente de la causa Ciccone, en la que Boudou está acusado de quedarse con la imprenta que imprime billetes. Antes de esa operación, The Old Fund, la empresa de Alejandro Vandenbroele que capitalizó Ciccone, cobró 7 millones de pesos por refinanciar la deuda pública. Vandenbroele confesó al declarar como arrepentido que era una operación simulada para quedarse con los honorarios. Y sugirió que el dinero se repartió entre José María Núñez Carmona, socio de Boudou, e Insfrán. De hecho un funcionario, Sergio Cortés, cobró 2,5 millones de pesos.

Tras la declaración de Vandenbroele como arrepentido, el juez Lijo citó a Insfrán.

El gobernador, en su escrito, destacó los beneficios que obtuvo Formosa con el refinanciamiento de la deuda pública y dijo que ese camino ya lo había iniciado con Carlos Fernández como ministro de Economía, antes de que asumiera Amado Boudou. De hecho, tras su asunción, Insfrán se reunió con Boudou.

Insfrán dijo que la contratación de The Old Funda la realizó el Fonfipro. El convenio entre el Fonfipro y The Old Fund fue firmado por Jorge Ubaldo Melchor, administrador del fondo, que ya fue indagado por Lijo, hace tiempo, pero el juez no resolvió su situación procesal. Si lo procesa, todos los demás caen detrás como fichas de dominó.

Parte de esos 7,6 millones de pesos fueron pagados luego a la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación SA, que maneja Cortés, accionista, director y presidente del Banco de Formosa.

Insfrán explicó ante Lijo que el Banco de Formosa no es de la provincia sino privado. Dijo que hay tres tipos de acciones en el banco: las clase A, que están en manos de particulares y son el 60%; las clase B, que están en manos del banco y son el 30%, y las clase C, que son el 10% y están en manos de empleados de la entidad.

Insfrán dijo que las acciones del banco de Formosa que compró Cortés son clase A y que corresponden al 5% de las acciones, las que dijo que le adquirió al titular de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt. Agregó que fue una operación entre privados, no funcionarios. Insfrán separó sus funciones de las del Fonfipro y de las del Banco de Formosa.

Lijo debe seguir adelante con las indagatorias que convocó para la semana próxima, que incluyen a Inés Lotto de Vecchietti, ex ministra de Economía de Formosa, y a Sergio Gustavo Martínez, un empresario que figura como socio minoritario de Vandenbroele en The Old Fund.

Ya declararon el banquero Jorge Brito, supuesto financista de Ciccone y de Ricardo Echegaray, cuestionado por el plan de pagos que concedió a la imprenta para saldar sus deudas fiscales.

Francisco Sguera, un abogado que supuestamente pagaba a Vandenbroele por cuenta de Brito para que no hablara, pidió posponer su declaración indagatoria y Lijo extendería el secreto de sumario por una semana más.