Insólita indefinición en la Casación: el Gobierno no prorroga el mandato de un juez, pero tampoco le acepta la renuncia

La Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más importante por debajo de la Corte Suprema de Justicia, está atravesando una situación insólita: le falta un juez que cumplió 75 años y no puede reemplazarlo ni con un suplente, ya que el Gobierno no le acepta la renuncia, pero tampoco avanzó con el trámite para extender su mandato.

Para aventar dudas y poder cubrir la vacante con un subrogante, la presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, le envió un oficio ayer al ministro de Justicia, Martín Soria, para que le informe cuál va a ser el criterio que se va a adoptar con respecto al camarista Eduardo Riggi: si se va a mandar su nombre al Senado para darle un nuevo acuerdo o si se le va a aceptar la renuncia. O si, por el contrario, con el solo hecho de alcanzar los 75 años ya no es necesario adoptar ninguna medida administrativa para dar por terminada su gestión. “Es tremendo si esto es así, que no se le reconozcan siquiera los servicios prestados”, reflexionó un magistrado de la Casación.

El juez Riggi, uno de los primeros integrantes de la Cámara de Casación creada por Carlos Menem en 1992, cumplió 75 años el 16 de febrero. La Constitución Nacional prevé que a esa edad los jueces deben jubilarse y dejar el cargo. La única manera de mantenerse en sus funciones es que el Senado les dé un nuevo acuerdo, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Así las cosas, Riggi, meses antes de su cumpleaños, pidió al Ministerio de Justicia que le den un nuevo acuerdo. Pero no obtuvo ninguna respuesta. En febrero se tomó una licencia por días que le debían, hasta el 1° de marzo.

Pasaron los días, pasó su cumpleaños y como el día que debía volver a su despacho no le habían dado acuerdo, envió un nuevo oficio, esta vez presentando su renuncia para acogerse a la jubilación.

Ahora, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos dos oficios del mismo juez: en uno pide que le dén un nuevo acuerdo, y en otro pide que le acepten la renuncia. Pero el Gobierno no respondió ni a uno ni a otro oficio. Y el juez Riggi nunca regresó a su despacho. Por eso es que la Casación quiere saber qué criterio adoptará el Gobierno.

Rigg votó por el sobreseimiento del expresidente Carlos Menem en la venta de armas a Croacia y Ecuador y en la causa por el pago de sobresueldos. Puso un freno al caso de las escuchas durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. También firmó el voto que encarceló a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por la causa Oil Combustibles, entre otros expedientes de alto voltaje político que pasaron por sus manos.

Las consecuencias de la indefinición

La indefinición en torno al juez tiene consecuencias para el propio Riggi (si no le renuevan el acuerdo, quiere jubilarse) y para la Cámara de Casación, ya que los jueces discuten si pueden nombrar a un suplente que reemplace a Riggi cuando su situación se mantiene indefinida. Por su parte, el Consejo de la Magistratura no puede convocar a un concurso para empezar a seleccionar a un nuevo juez titular para el cargo.

Riggi integra la Sala III de la Cámara de Casación, que para colmo tiene un solo juez titular, Juan Carlos Gemignani, ya que la otra magistrada, Liliana Catucci, se jubiló en 2021. El juez Mariano Borinsky integra la sala como suplente.

Los camaristas Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, presidentes de sala, discutieron el caso en la reunión de Superintendencia de la semana pasada. El asunto no estaba en el temario y fue incluido a último momento.

La indefinición del Gobierno los llevó a discutir si estaban frente a una vacancia o no y si se podía nombrar a un subrogante. Hubo opiniones divididas. Pensaron que este lunes podrían sortear el nombre de un suplente entre todos los jueces que se ofrezcan. Pero el sorteo se suspendió hasta recibir una certeza del Ministerio de Justicia.

Además, para que un juez empiece a cobrar el sueldo como suplente de otro, el cargo del otro debe estar vacante. Aún no se sabe como se resolverá el asunto.

Causas sensibles

La Sala III de la Casación, así incompleta, sigue dictando fallos con dos jueces. Ya va por 150 este año. Pero tiene causas sensibles en sus manos que necesitan de tres jueces. Se deben resolver en esa sala los casos del Olivos-Gate, donde el presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez acordaron una reparación económica por haber hecho una fiesta de cumpleaños en la quinta presidencial en pandemia; una de las causas vinculadas con las supuestas coimas de Odebrecht; el expediente de la presunta mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri; el caso tributario donde está sobreseída la minera Barrick Gold, y la causa “Operativo Puff”, entre otras.

Con la salida de Riggi y la anterior renuncia de Catucci, quedan dos vacantes en la estratégica Cámara Federal de Casación, que revisa todas las condenas y absoluciones de los casos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios.

Ya hay un concurso abierto en el Consejo de la Magistratura para reemplazar a Catucci, quien también integraba la conformación original de la Cámara en 1992. En septiembre de 2021, Catucci terminó renunciando luego de que un fallo de la justicia en lo contencioso administrativo rechazó su planteo para quedarse. Ahora deberá incorporarse la vacante de Riggi a ese concurso.

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