Los jueces que cuestionan el juicio político a la Corte sospechan que el oficialismo tiene una estrategia oculta

El juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema sigue adelante, pero en los tribunales prima la idea de que está perdiendo impacto político. Jueces de distintas instancias coinciden en que la verdadera estrategia del kirchnerismo no es votar ahora la destitución de los altos magistrados, pues saben que van a fracasar, sino hacerlo en los próximos tres años, apostando a un cambio en las voluntades de los legisladores o de los vientos políticos.

En la Corte Suprema, las cámaras de apelaciones y las organizaciones que nuclean a los magistrados coinciden -según supo LA NACION- en que, a un mes y medio del inicio de la actividad de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el asunto fue perdiendo expectativa política y resonancia pública.

Los primeros encuentros de fin de enero fueron para admitir las 14 acusaciones contra los jueces. Las transmisiones de YouTube tuvieron casi 100.000 vistas. Los últimos encuentros de febrero se activaron con la convocatoria de testigos, pero el interés fue decayendo de la mano de las reacciones de los funcionarios judiciales que concurrieron al Congreso y fueron destratados, y de los que ya anunciaron que no van a concurrir.

En los tribunales, algunos jueces siguen las sesiones por streaming, como si se tratara de capítulos de series de Netflix. Las últimas sesiones obtuvieron unas 30.000 vistas. Pero más allá de si este es un indicador válido o no, los jueces evalúan que hay una merma en la visibilidad política del proceso.

“Lo veo debilitado”, dijo un camarista federal. “Se está deshilachando”, describió otro funcionario judicial del Palacio de Justicia. Los jueces están enojados por cómo fueron tratados quienes declararon como testigos, en particular los secretarios de la Corte a los que llegaron a interrogar por una pérdida de agua, ocurrida en enero en el último piso del Palacio de Justicia, que inundó el edificio hasta la planta baja, como si fuera parte de un plan orquestado para destruir los despachos e inutilizar las computadoras de Silvio Robles (secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, mencionado en la acusación), como un mecanismo para borrar las pruebas. La computadora funciona perfectamente.

Sufrió destratos el juez federal Sebastián Ramos, blanco de las preguntas de los legisladores kirchenristas. Fue Ramos quien archivó la denuncia contra Robles, a quien acusan de haber intercambiado mensajes con el ministro de Justicia y Seguridad porteño (de licencia), Marcelo D’Alessandro, con información sobre la causa de la coparticipación federal porteña.

La Lista Bordó de la Asociación de Magistrados –la más crítica del Gobierno– emitió un comunicado en el que habló de un trato “hostil e irrespetuoso” hacia los funcionarios y exfuncionarios judiciales. Dijo que ante respuestas no deseadas se “pretendió ridiculizarlos, dirigiéndose de modo burlón hacia sus personas y desproveyendo el acto de cualquier atisbo de seriedad”. La Lista Bordó denunció violaciones a la intimidad de los testigos y señaló que sería impensable para jueces y fiscales maltratar así a un testigo en un proceso. Por eso, decidieron quejarse oficialmente ante la Cámara de Diputados.

La situación de Stornelli

Los diputados de la Comisión de Juicio Político citaron para este martes a Juan Manuel Olima, segundo del procurador Eduardo Casal; a funcionarios de la Corte y a una de las secretarias de Rosatti, Natalia Monayer. Pero la sesión girará en torno a la declaración del fiscal Carlos Stornelli, quien dictaminó que se debía archivar la causa que tramitó el juez federal Ramos.

Stornelli ya envió una nota al Procurador en la que avisó que no iba a concurrir personalmente al Congreso, sino que iba a declarar, pero por escrito, mediante un pliego de preguntas, dado que la ley del Ministerio Público les da esas prerrogativas a los fiscales.

No obstante, el kirchnerismo en la Comisión de Juicio Político entiende que el reglamento del organismo establece que ese beneficio no se aplica ante una convocatoria del Congreso. Y los legisladores advirtieron que si el fiscal no comparece hará uso de la fuerza pública para llevarlo a declarar.

En otra nota a Casal, Stornelli insistió en que no puede estar un reglamento de una comisión por encima de una ley y que admitir la citación en esos términos es avasallar la jerarquía constitucional del Ministerio Público Fiscal. Sobre esta controversia girará la sesión de este martes.

La citación tiene como antecedentes los pronunciamientos de las asociaciones de jueces y de fiscales, que ya advirtieron que la ley les da la inmunidad de comparecencia a los magistrados. Subrayaron que no corresponde que vayan al Congreso y mucho menos para dar explicaciones de las razones de sus fallos, ya que entienden que solo deben revisarlas las cámaras de apelaciones y no los legisladores.

Los jueces nacionales y federales ya adivinan cual es la estrategia del oficialismo al seguir adelante con el desfile de testigos ante la Comisión de Juicio Político. Entienden que la mayoría oficialista de la Comisión, de 16 votos sobre 15, les permite al finalizar la declaración de la lista de testigos aprobar un dictamen que proponga enjuiciar a los cuatro jueces de la Corte.

Pero para que prospere el juicio político, ese dictamen debe ser luego aprobado por una mayoría de dos tercios de la Cámara, y el Frente de Todos no tiene esos votos en el Congreso. Por eso, la primera hipótesis en los tribunales era que el Gobierno pretendía someter a la Corte, y por añadidura a todo el Poder Judicial, a un desgaste institucional, a una deslegitimación. Esto permitiría -advierten- que sentencias como la que se conoció el jueves, con los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner por corrupción, sean banalizadas y vaciadas de su carácter de “verdad jurídica”, la certeza institucional que da el pronunciamiento de un tribunal de justicia.

Pero no es este el objetivo a largo plazo, creen los magistrados. Entienden que el Gobierno va a seguir adelante a pesar de no contar con los votos en el recinto, y aprobar el dictamen en la Comisión de Juicio Político, porque tiene una vigencia parlamentaria de tres años. Esto permitiría al kirchnerismo insistir con la votación de este dictamen, si es que cambia la composición de la Cámara de Diputados en el futuro o se modifica la posición de algunos legisladores.

De este modo, el dictamen funcionaría como un elemento que busca condicionar a la Corte en sus decisiones a futuro, ya que un resultado electoral favorable al Frente de Todos, no ahora, sino en las próximas elecciones de medio término, le permitiría resucitar el proceso contra los magistrados.

La oposición, en tanto, planea que si se aprueba el dictamen, se vote su tratamiento en el recinto. Si esto ocurre y el oficialismo no tiene los dos tercios, se rechaza y se archivaria. Para reactivarlo, se debería reiniciar el proceso, explicó a La Nacion Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, que intera la Comisión.

“La estrategia del oficilismo es que esto dure in eternum, citar y citar, inventar citaciones. Estamos proponiendo que se cierre en un monento la lista o que se diga hasta donde se va a extender”, dijo la legisladora.