La reacción de Luis Caputo al crecimiento de la producción de gas y petróleo: “Datazo”

Este lunes, la Secretaría de Energía dio a concoer que la producción de gas y petróleo fue la más alta de los últimos 21 años. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el crecimiento y expresó: “Datazo”.

“La Argentina alcanzó niveles de producción de gas y petróleo que no se registraban desde 2003. En petróleo, se superaron en noviembre los 746 Mbbl por día mientras que en gas en agosto se produjeron más de 153 MMm3 por día”, expresaron desde la secretaría.

Por Sofía Diamante

El sector energético comenzó este año a mostrar todo el potencial que tiene Vaca Muerta. Acompañado de una macroeconomía más estable, con recomposición de tarifas de gas y electricidad, y con promesas de un panorama mejor por la quita del cepo cambiario, la mayor producción de hidrocarburos impactó muy favorablemente en la balanza comercial energética y en la disminución de subsidios. Esta situación llevó alivio a las reservas del Banco Central (BCRA) y a las arcas del Estado.

La Secretaría de Energía festejó la semana pasada que en los primeros once meses de 2024, se acumuló un superávit comercial energético de US$4806 millones, una situación que no sucedía desde 2009 (con excepción a 2020, por la pandemia, cuando la balanza fue apenas superavitaria).

Para tomar dimensión, en 2023, el saldo estuvo en equilibrio y en 2022, fue deficitario en más de US$4300 millones por el impacto del alza de los precios internacionales del gas luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, en apenas dos años, hubo un cambio de tendencia en la balanza comercial energética de más de US$9000 millones.

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Por Mariana Reinke

Luego de que productores de varios distritos de la provincia de Buenos Aires interpusieran un amparo por el aumento “desmedido” de la cuarta cuota del inmobiliario rural bonaerense, que en algunos casos superaron el 100% respecto de la tercera y que el gobernador Axel Kicillof no lograra que le aprobaran la Ley Fiscal 2025, los demandantes del partido de Azul recibieron la noticia de que el juez de la causa, tras recibir el informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), ordenó dar curso al recurso planteado.

En este sentido, Cristina Boubee, productora de Azul y que estuvo cargo de la convocatoria de los productores para que se sumen en la demanda colectiva, señaló: “Acabamos de dar traslado de la demanda tanto a la provincia como a ARBA. A partir de mañana el Poder Judicial entra en feria, por lo que en el mes de febrero ARBA y la provincia van a tener que contestar la demanda. Salvo que ofrezcan mucha prueba, lo que no tendría sentido, una vez que contesten el juez tiene que dictar sentencia. Esperamos que el proceso sea rápido y tengamos buenas noticias pronto. Hasta ahora el juzgado ha sido eficiente”.

“Por ahora en el único lugar que pasó fue en Azul. Tenemos otras dos reconducciones, Junín y Pergamino. Después tenemos otro que lo estamos discutiendo en Cámara, que es Mercedes. Y después los otros rechazaron in límine. Pero vamos a volver con acciones contenciosas, en lugar de apelarlo. Pero el que más va caminando es el de Azul”, agregó la productora.

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Por Laura Serra

Desde la oposición más dura sonaron críticas y advertencias sobre el manejo discrecional de los fondos públicos que tendrá el Gobierno a partir del año próximo al prorrogar, por segunda vez consecutiva, el presupuesto nacional. La oposición dialoguista, empero, se llamó –sugestivamente– a silencio: ni los gobernadores de ese espacio ni los bloques de Pro y de la UCR en el Congreso se pronunciaron al respecto, pese a tratarse de una medida inédita y cuestionada por los expertos en técnica presupuestaria.

El Gobierno explicó que se vio obligado a tomar la decisión –que ejecutó por medio del decreto 1131/24– ante la falta de acuerdos en el Congreso para sancionar el proyecto de ley de presupuesto 2025 en tiempo y forma. Lo cierto es que, después de más de dos meses de negociaciones, fue el propio oficialismo el que abortó el debate para no ceder ante los pedidos de los gobernadores de Pro y la UCR y sus respectivos bloques legislativos. Argumentó que las pretensiones de los mandatarios provinciales –hasta entonces aliados del Gobierno– amenazaban con poner en riesgo el equilibrio fiscal y el déficit cero.

Llamativamente, el desplante del oficialismo al clausurar el debate sobre el presupuesto no puso a los gobernadores dialoguistas en pie de guerra. Desde la Casa Rosada contuvieron su malestar con la promesa de negociar, de manera individual, los fondos que se asignarán a los respectivos distritos. Los mandatarios provinciales, a regañadientes, cedieron: con Milei en la cresta de su popularidad, su margen de presión en el Congreso quedó prácticamente neutralizada.

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Por Hernán Cappiello

Tras el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ya tiene en sus manos la causa del Correo Argentino, de la familia Macri, y de su decisión depende que se revoque la quiebra de la empresa.

El Estado Nacional le reclama a la familia Macri una deuda desde 2001, mientras la firma tenía la concesión del correo (la tuvo entre 1997 y 2003, hasta que el gobierno de Néstor Kirchner se la rescindió). El Estado decía que la empresa solo pagó el canon de concesión durante un año y que a 2001, la deuda equivalía a unos 296 millones de dólares. La empresa considera que con las propiedades y los vehículos con los que se quedó el Estado tras la recisión del contrato, la deuda está cubierta.

Sin embargo, el Estado le reclama intereses entre 2003 y 2015. El Correo Argentino hizo propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado Nacional, que es el acreedor mayoritario (33% de las deudas). En junio de 2016, ya con Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo. Luego de una primera propuesta rechazada, los representantes del Estado aceptaron la segunda oferta presentada.

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“La libertad que está en juego es de quienes piensan distinto a la autoridad”, escribió el periodista Jorge Lanata en la denuncia penal que presentó en los tribunales de Comodoro Py contra el presidente libertario Javier Milei en abril pasado.

Lanata lo querelló a Milei por calumnias e injurias, por haberlo llamado “mentiroso” y haberlo acusado de “recibir sobres”. La causa le tocó, por sorteo, al juzgado de Ariel Lijo, que ordenó medidas de prueba durante estos meses; las últimas, pedidos de informes a medios de comunicación, informaron fuentes con acceso al expediente.

Los abogados que promovieron la querella son Elba Marcovecchio, la mujer de Lanata, y Patricio Carballés. El delito del que Lanata acusa al Presidente es de acción privada; requiere que la víctima pida que la Justicia lo investigue. El Código Penal establece que “la acción por calumnia e injuria podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes”.

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, anunció este lunes que Jorge D’Onofrio presentó su renuncia al cargo de Ministro de Transporte por “motivos personales”. Según indicaron, su reemplazante será el expresidente de las áreas de operaciones e infraestructura de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, también cercano a Sergio Massa.

D’Onofrio es uno de los nombres que resonaba en la investigación por la presunta trama de gestores que anulaban fotomultas a cambio del pago de un porcentaje del monto de la infracción y por una denuncia de irregularidades en las contrataciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

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Por Paz García Pastormerlo

El intendente de esta ciudad, Walter Cortés (Partido Unión y Libertad), confrontó ayer en el Centro Cívico con un grupo de manifestantes que habían tapado la estatua de Julio Argentino Roca con una tela negra. La presencia del intendente en la plaza fue calificada como una muestra de “patoterismo” por parte de artistas y ciudadanos que participaban de una manifestación en contra de la megaminería.

Para sorpresa de los manifestantes, Cortés se presentó en la plaza e increpó al grupo que había tapado la estatua de Roca. El jefe comunal consideró que se trataba de una “provocación” y pidió que se retirara la tela negra que cubría el monumento. “No hay que transgredir lo que es de otro, y esto es patrimonio de la humanidad”, dijo el intendente a quienes participaban del encuentro en el Centro Cívico.

El incidente se produjo ayer a la tarde, en el marco de una concentración convocada por diversas organizaciones ambientales a 13 años de la derogación de la ley anticianuro. “Estamos defendiendo el agua para nosotros y las futuras generaciones, por eso nos convocamos como todos los 29 de diciembre, en la Plaza de los Pañuelos y los Kultrunes (Centro Cívico) a una concentración con manifestaciones artísticas y mucha conciencia para defender el agua y los territorios”, indicaba la convocatoria.

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Por Sofía Diamante

La Secretaría de Energía tiene en carpeta lanzar entre enero y febrero una serie de licitaciones para poner en marcha proyectos de infraestructura que permitan mejorar el sistema eléctrico. El objetivo es ampliar la capacidad de almacenamiento, generación y transporte de electricidad para evitar que cada verano se esté pendiente de factores exógenos, como la temperatura y el nivel de agua en las represas.

En primer lugar, el Gobierno licitará la instalación de centros de almacenamiento para tener potencia disponible de hasta 400 MW en la zona del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de obras que podrían estar en funcionamiento entre 12 y 18 meses, por lo cual es una alternativa que pensó Energía para mejorar la capacidad eléctrica disponible en el corto plazo, mientras que se amplía el parque de generación térmica.

No se tratará de una tecnología barata, pero en el Gobierno dijeron que en estos casos prefieren privilegiar el abastecimiento que ahorrar costos en energía. Sin embargo, se hará una subasta y se analizará en detalle cada oferta.

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Por Ana Tronfi

La exministra de Familia y Desarrollo Social de Chubut fue condenada este lunes en el marco de la causa conocida como “ñoquis calientes”, que investigó la contratación durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni de personal que, pese a cobrar un sueldo, nunca prestó servicios para el Estado provincial. A Cecilia Torres Otarola, una mediática exfuncionaria, la investigaron por sostener un equipo de empleados ñoquis a su cargo, entre los que figuraban un jardinero y una niñera. En el caso de esta última, era supuesta empleada de la Legislatura pero prestaba servicios en la casa de la entonces ministra.

Torres Otarola fue expulsada del Ministerio de la Familia en julio de 2020, cuando explotó la denuncia cuyo debate se desarrolló durante las últimas semanas en esta provincia. El juicio, que tuvo como escenario la Oficina Judicial de Rawson, tuvo siete imputados investigados por presuntos delitos de fraude al Estado en Chubut.

Entre los acusados, la principal protagonista fue la exministra de Familia y exministra de Desarrollo Social y exdiputada provincial, quien lidera una lista de figuras involucradas en maniobras que habrían perjudicado gravemente las finanzas públicas.

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, funcionario clave de Axel Kicillof, dijo hoy que la provincia de Buenos Aires empieza 2025 “en emergencia económica” después de que el viernes pasado fracasó la sesión en la Legislatura en la que su gobierno pretendía para aprobar la ley de presupuesto, el endeudamiento y la ley fiscal impositiva.

Bianco relató: “El día miércoles 18, en la previa a la sesión del jueves, la oposición trajo dos pedidos adicionales contra la aprobación del presupuesto. Un incremento de fondos para los municipios y la renovación de algunos cargos que, por uso y costumbre, se le suelen dar a la oposición. La Legislatura, el jueves, paso a cuarto intermedio. Se empezó a negociar estos dos puntos. Al gobernador le pareció bien entregar lo mismo que se entregó este año, 125.000 millones de pesos actualizado por el mismo coeficiente de las partidas del presupuesto, 30%, unos 160.000 millones. Fue la oferta que hizo el gobernador. Dijo también que si había que modificar los cargos, no tenia ningún problema en que le trajeran los nuevos nombres y el mismo día, por decreto, el gobernador los nombraba”.

Según Bianco, la discusión siguió hasta el viernes, pero apareció un nuevo requerimiento: más fondos para los municipios y una propuesta de coparticipar lo que tome el Ejecutivo provincial de deuda. El ministro relató que negociaron el porcentaje de esa coparticipación y que el gobernador acordó que fuera del 10%. “El gobernador aprobó eso, pero aparecen nuevos pedidos de nuevos cargos, por ejemplo, en la Corte de Buenos Aires, que no estaban en discusión. No se consiguieron los votos, la oposición no puso a disposición los votos”, afirmó.

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Laura Alonso, flamante vocera de Jorge Macri, no pudo sortear la pregunta sobre los dichos de Patricia Bullrich, quien acusó al exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, de haber impuesto “un festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre”. A pesar de no nombrar directamente a la ministra de Seguridad de Javier Milei, subrayó que “cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de corrupción debe denunciarlo donde corresponde”.

Alonso aprovechó el espacio para ponderar la decisión del jefe de gobierno porteño de desdoblar el calendario electoral y adelantar las elecciones locales, y criticó la falta de acompañamiento de los libertarios al presupuesto de la ciudad de Buenos Aires y al proyecto nacional de ficha limpia. “Lamentablemente LLA no ha acompañado el presupuesto que la Ciudad sí tiene, lamento que la Nación no lo tenga”, chicaneó.

El testimonio de Alonso resulta relevante dado que es funcionaria del actual alcalde de la Ciudad, quien este domingo por la noche se diferenció de su antecesor al remarcar que Larreta “tenía” el dinero para construir cárceles. Los fuertes contrapuntos públicos entre los dirigentes de Pro comenzaron después de la fuga de 17 presos de una comisaría en el barrio porteño de Liniers.

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El enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta guarda un pasado reciente cargado de elogios y promesas de trabajo conjunto. La necesidad electoral los había unido después de las elecciones primarias del año pasado, cuando Bullrich venció en la interna a Larreta, pero le ofreció ser su jefe de Gabinete, en caso de imponerse en las elecciones presidenciales en las que finalmente quedaron en pie para el balotaje Javier Milei y Sergio Massa. A pesar de no sobrevivir a las elecciones generales, Bullrich y Larreta mostraron en ese lapso entre comicios una sintonía que hoy está olvidada.

Cuando lo convocó para integrar un eventual gobierno suyo, Bullrich elogiaba a Larreta por su “capacidad de gestión” y sus “transformaciones” en Buenos Aires. Este fin de semana, en respuesta a un “Patricia, no mientas”, de Larreta, ella le contestó: “Cadáver político. Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego. Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la Nación”.

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El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, echó a Yanina Martínez, subsecretaria del área. Según fuentes del Gobierno, la despidió porque se fue de vacaciones a Europa en contradicción con las recomendaciones del presidente Javier Milei, que aconsejó a su gabinete no salir del país.

Martínez presentó su renuncia tras el pedido de Scioli. Según informaron a LA NACION fuentes del Gobierno, la funcionaria se fue de vacaciones a Europa y esa decisión, además de ir en contra del pedido de austeridad que había hecho Milei, hace ruido con el fomento al turismo nacional que busca promover la cartera sciolista.

En el Gobierno sostienen que, además, Scioli le había otorgado a Martínez (exfuncionaria de Alberto Fernández, al igual que el exmotonauta) la licencia a partir de hoy, pero que ella emprendió viaje el último viernes.

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Por Sofía Diamante

Pese a la fuerte desaceleración de la inflación que hubo este año -la interanual pasó de cerrar en 211% en 2023 a un estimado en torno a 118%-, hay servicios cuyas tarifas siguen subiendo todos los meses para evitar quedar nuevamente atrasadas luego de las fuertes actualizaciones de precios que hubo en el primer semestre. Este el caso, por ejemplo, del gas, la electricidad, el agua y los combustibles, que son fijados por el Ministerio de Economía de manera directa o indirectamente. En línea similar suben también sus tarifas todos los meses los prestadores de medicina privada y las empresas de telecomunicaciones.

En 2025, sin embargo, se espera que los aumentos mensuales sean cada vez menores, en línea con la inflación proyectada para ese año, cercana al 28%, según el último relevamiento de expectativas que publica el Banco Central (BCRA), sobre la base de las estimaciones privadas.

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Este domingo, en lo que fue su última entrevista del año, el presidente Javier Milei hizo un balance sobre su primer año de gestión, habló sobre sus planes económicos para 2025 -entre los que figuran avanzar con la “motosierra profunda”, bajar la inflación, profundizar la reforma laboral, eliminar impuestos y concretar privatizaciones- y adelantó cuál será el futuro de su hermana Karina dentro de La Libertad Avanza (LLA).

Ante la consulta sobre si la actual secretaria de Presidencia formará parte de las listas en las elecciones legislativas de 2025, el Presidente aseguró que no cree que pase, pero que de todas formas no se mete con esas cosas. “No lo creo. El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no”, resaltó.

Sin embargo, en una entrevista con la revista Forbes, Milei recordó que él también se había negado a meterse en política en un primer momento. “En diciembre del 2018 yo le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé. Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve”, manifestó.

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Por Laura Serra

Durante su campaña y a lo largo de su primer año de gestión, el presidente Javier Milei hizo gala de la motosierra como símbolo de ajuste del gasto público. Al filo del cierre del actual ejercicio presupuestario, casi todos los ministerios que componen su gabinete exhiben fuertes recortes en sus partidas, aunque hay áreas del Poder Ejecutivo donde la motosierra tuvo más compasión, a diferencia de otras, donde fue impiadosa.

Al grito de “¡afuera!”, Milei rebanó a más de la mitad el número de ministerios –de 18 que funcionaban durante la gestión de Alberto Fernández solo ocho quedan en el organigrama actual- y redujo en un 50% los cargos políticos de mayor jerarquía. El achicamiento del plantel, sumado a la contracción salarial de los empleados públicos –de alrededor del 20,3% interanual en términos reales- explican, en términos globales, el accionar del ajuste libertario dentro del Poder Ejecutivo.

En materia presupuestaria, no todos sufrieron el recorte de igual manera. Es más, la Cancillería fue el único ministerio que no solo zafó del ajuste, sino que recibió una ampliación de su presupuesto que fue superior a la inflación (176% de aumento, mientras que el IPC acumulado fue del 166% a noviembre pasado, el último dato disponible). Esto se explica porque los gastos de los diplomáticos en el exterior se afrontan en moneda extranjera; queda en evidencia, con estos refuerzos, que ninguno de ellos fue despedido pese a que Milei había amenazado con auditorías para “echar a todos” los que contrariaran su agenda en política exterior.

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Por Silvia Stang

La Anses oficializó los montos que tendrán los haberes jubilatorios mínimo y máximo en enero, mientras que el Poder Ejecutivo dispuso el pago, también para el primer mes de 2025, del bono de hasta $70.000 para quienes tienen los ingresos más bajos del sistema previsional nacional. Ambas medidas, la resolución 1247 del organismo de la seguridad social y el decreto 1133, fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial.

A todos los haberes del sistema general gestionado por la Anses se les aplica una suba de 2,43% respecto de los valores de diciembre. El porcentaje replica el nivel de variación que registró en noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

Con ese reajuste, el haber mínimo queda en $265.907,01 y el máximo, en $1.789.302,45, según los valores en bruto ratificados por la resolución 1247 y tal como había anticipado LA NACION días atrás. Los importes netos, en tanto, son de $257.929,80 y de $1.689.921,52, respectivamente, si se descuenta de los montos en bruto solo el aporte para financiar el PAMI (puede haber eventualmente otros descuentos, como los de cuotas de moratorias).

El reajuste rige para todos los niveles de ingresos. Por ejemplo, quien tuvo en diciembre un haber bruto de $750.000, tendrá en enero uno de $768.225. De bolsillo y teniendo en cuenta el aporte al PAMI, el ingreso será de $730.108,71.

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Por María Julieta Rumi

Por segundo año consecutivo, el Gobierno inicia un nuevo ciclo fiscal sin contar con una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. La situación, formalizada mediante el Decreto Nº 1131/2024, que prorroga el presupuesto 2023, plantea interrogantes sobre sus consecuencias económicas y políticas. Especialistas consultados por LA NACION coinciden en que este escenario tiene tanto ventajas como riesgos.

Según Sebastián Menescaldi, director de Eco Go Consultores, el hecho de no contar con un presupuesto aprobado podría interpretarse como una ventaja para el presidente Javier Milei. “Le permite mayor flexibilidad en el manejo de ingresos y gastos, especialmente para evitar que el Congreso lo obligue a incluir erogaciones adicionales que podrían poner en riesgo su objetivo de déficit cero”, afirmó. Sin embargo, Menescaldi advirtió que este enfoque podría generar tensiones con las provincias, principales perjudicadas por la falta de una normativa que especifique los recursos que recibirán.

El uso de presupuestos prorrogados no es nuevo en la política argentina. Durante el kirchnerismo, esta práctica fue habitual, aunque con fines diferentes. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, destacó las diferencias entre ambos contextos. “En el pasado, se buscaba discrecionalidad para usos políticos. En el caso de Milei, el objetivo parece ser garantizar el equilibrio fiscal, algo que constituye la piedra fundamental de su política económica”, sostuvo. No obstante, Tiscornia subrayó que la ausencia de un presupuesto votado también implica un retroceso institucional, dado que se pierde la oportunidad de generar una señal de consenso político y credibilidad ante los mercados.

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Por Javier Fuego Simondet

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof y los representantes de la oposición legislativa volverán a intentar una negociación tras el fracaso de la sesión en la Legislatura provincial en la que el oficialismo buscaba aprobar el presupuesto, el endeudamiento y la ley fiscal impositiva. El 7 de enero quedó marcado en el calendario como una nueva instancia de diálogo, pero las expectativas de acuerdo son bajas.

En el gobierno provincial admiten que la nueva tanda de negociaciones comenzará “desde cero” e insisten en responsabilizar a la oposición por el naufragio de la sesión en la Legislatura. “No esperamos nada. ¿Qué puede cambiar en 10 días? Vuelve todo a foja cero. Arrancamos de nuevo con el proyecto original y con la misma premisa del viernes: los jueces de la Corte no entran en la negociación”, afirmó a LA NACION una fuente del gobierno, que señala que el encuentro del martes 7 de enero se acordó “el viernes, cuando se cayó la sesión en la Legislatura”.

Las vacantes de la Suprema Corte bonaerense (tiene solo tres integrantes y cuatro por designar) son el único ítem vinculado a cargos que Kicillof no está dispuesto a negociar, aseguraron en su entorno más próximo. “Lo mismo que el viernes, altas por bajas”, resumieron al referirse al resto de los puestos en organismos públicos.

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El listado de los bancos estatales y privados con la correspondiente tasa de interés para este lunes 30 de diciembre que ofrecen a los clientes que constituyan un plazo fijo en pesos a 30 días:

• Banco Nación: 30%
• Banco Provincia: 29%
• Banco Ciudad: 28%
• Banco Santander: 27%
• Banco Galicia: 28%
• BBVA: 28%
• Banco Macro: 31,5%
• Banco Galicia Más (ex HSBC): 28%
• Banco Credicoop: 29%
• Banco ICBC: 29,3%

Por María Julieta Rumi

Después de la sorpresa que generó que tres empresas del agro no pudieran hacer frente a distintos vencimientos de pagarés bursátiles, analistas consultados dijeron que esto generará cierto nivel de desconfianza en el sistema financiero sobre todo con compañías del sector, lo que perjudicaría a firmas con capital y condiciones para buscar financiamiento. Otros expertos dicen que también podría haber problemas en la cadena de pagos que afecten a productores en épocas de márgenes estrechos y con la continuidad de las retenciones.

Según Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, más allá de si las empresas en cuestión se sobreendeudaron y luego quedaron sobrestockeadas, el resultado es que “el mercado de crédito se va a poner un poco más áspero”. “Se va a hacer un poco más difícil rollear [renovar] vencimientos porque, en definitiva, esto puede llegar a afectar a toda la cadena de pagos; no hay que verlo como un hecho aislado. Que grandes empresas de insumos y acopio estén así de complicadas no va a afectar solamente a esos grupos empresarios, sino también a los productores que no van a poder pagar otros compromisos. El sector viene complicado, pero en lo financiero me parece que se va a poner un poco más complicado. Todo el mercado de pagarés me parece que va a estar más complicado”, juzgó.

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Por Diego Valenzuela y Osvaldo Giordano

Para salir de la decadencia es imprescindible mejorar el desempeño del sector público, y para lograrlo hay que ordenar el régimen federal. Actualmente la distribución de los impuestos está regulada por la ley 23.548, norma aprobada a fines del gobierno de Raúl Alfonsín. Condicionada por la particular instancia política que se transitaba en ese momento, esta ley tiene una clara vocación de transitoriedad, al punto que su vigencia fue expresamente fijada para los años 1988 y 1989. Como dispositivo preventivo se contempló que, vencido el plazo, se prorroga automáticamente.

Posteriormente, en la reforma de la Constitución de 1994 se abordó el tema de la distribución de los impuestos entre la Nación y las provincias. Se estableció un nuevo plazo para la sanción de una nueva ley (1996) y un conjunto de lineamientos a los que se debe ajustar. Pasaron casi tres décadas, se acumularon muchas y enfáticas manifestaciones sobre la necesidad de sancionar la nueva ley de coparticipación, pero en la práctica sigue vigente el viejo régimen, emparchado por pactos fiscales incumplidos. Un régimen transitorio que se hizo crónico y que además genera malos incentivos para el desarrollo nacional, con provincias que reciben mucho más de lo que aportan y otras que pagan la cuenta al recibir mucho menos de lo que generan.

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Mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno designó al nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se trata del licenciando Antonio José Mauad, veterano de la guerra de Malvinas. El nuevo titular del organismo que depende del Ministerio de Defensa ejercerá su rol de manera ad honorem y permanecerá en el cargo durante cuatro años.

La decisión se oficializó a través del decreto 1129 que lleva la firma del ministro Luis Petri. Mauad fue condecorado a mediados de 2024 con la “Medalla Honor al Valor en Combate” por integrar el Escuadrón Canberra durante el conflicto bélico desatado en las Islas Malvinas. El hecho puntual por el que el comodoro y colegas fueron reconocidos ocurrió el domingo 13 de junio de 1982, fecha en la que dos escuadrillas atacaron el cuartel donde se reuniría la cúpula británica, concretando la última operación ofensiva de la Fuerza Aérea Sur.

Por Belkis Martínez

Después de que el Gobierno habilitara el viernes pasado la emisión de letras de cambio y pagarés valor producto, se generaron opiniones divididas entre los economistas por la practicidad del instrumento y la facilidad al acceso al financiamiento. Si bien destacaron que esto podría promover la eficiencia mediante la adquisición de mercadería y dinamizar la cadena agropecuaria, también hay cautela por la volatilidad de los precios de las commodities, lo que podría complicar su uso como referencia para el cálculo de intereses.

El Decreto 1124/2024, publicado el viernes pasado, hace referencia a la reglamentación del artículo 5° del Decreto-Ley Nº 5965/1963 del régimen de letras de cambio y pagarés, y fue firmado por el presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Este apunta a garantizar transparencia, claridad y facilidad de verificación en los cálculos. El objetivo del Gobierno es habilitar a este instrumento a valerse tanto de montos fijos como variables o sometidos a las cotizaciones de bienes o tasas financieras.

Tras conocerse la medida, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) celebraron la decisión y señalaron que esto representa un paso clave para el sector productivo. “La Bolsa celebra gratamente el dictado del Decreto 1124/24, que permite la emisión de pagarés con intereses vinculados al valor de un producto, como las commodities. Esta medida representa un paso clave para el sector productivo”, indicaron en las redes sociales de la entidad.

El Gobierno oficializó este lunes la entrega del bono extraordinario para jubilados y pensionados en enero 2025. Se trata de una medida que se implementa desde marzo y consiste en un pago de $70.000 extra para aquellas personas que reciben la jubilación mínima. De esa forma, se busca apuntalar el poder adquisitivo de los adultos mayores que forman parte del sistema previsional argentino y se suma a las actualizaciones mensuales.

El bono para jubilados seguirá siendo de $70.000, que es el mismo monto que se entrega desde marzo. Se seguirá abonando junto a los haberes jubilatorios, que se entrega según la terminación del DNI de los beneficiarios.

El bono previsional es percibido de manera completa por los jubilados que reciben la mínima y por los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Quienes superan el haber mínimo, cobran en concepto de bono un proporcional hasta llegar a una cierta cifra que se determina mes a mes.

De acuerdo al texto esta “ayuda económica” está dirigida a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses o por las ex-Cajas o institutos provinciales y municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05″.

Por Gabriela Origlia

Diana Mondino elige el silencio. Por el momento y a dos meses de que fuera echada del gobierno por Javier Milei, la excanciller sigue sin dar ningún tipo de entrevistas. Pese a los trascendidos que circularon después de su remoción, nunca nadie del Gobierno libertario la llamó nuevamente. Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dejó esa puerta abierta al decir que hubo un “desentendimiento en un tema significativo para el Presidente”, para agregar: “La tenemos en cuenta”.

Mondino no solo no da entrevistas, sino que abandonó las redes sociales, las mismas que disfrutaba antes de ser designada. Las maneja con habilidad: usaba memes, hacía comentarios mordaces, chistes y fijaba sus opiniones sobre la actualidad. El último posteo en X (ex-Twitter) es del 31 de octubre y corresponde a su carta de agradecimiento a Javier Milei por haberla convocado. En Instagram, a esa publicación le sigue una de una foto de ella viajando en colectivo, que es de casi un mes después, y cuyo original surgió de la cuenta @somoslibertarioslibres; sumó 45.0255 “me gusta”.

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El Gobierno oficializó este lunes la entrega del bono extraordinario para jubilados y pensionados en enero 2025. Se trata de una medida que se implementa desde marzo y consiste en un pago de $70.000 extra para aquellas personas que reciben la jubilación mínima. De esa forma, se busca apuntalar el poder adquisitivo de los adultos mayores que forman parte del sistema previsional argentino y se suma a las actualizaciones mensuales.

El bono para jubilados seguirá siendo de $70.000, que es el mismo monto que se entrega desde marzo. Se seguirá abonando junto a los haberes jubilatorios, que se entrega según la terminación del DNI de los beneficiarios.

El bono previsional es percibido de manera completa por los jubilados que reciben la mínima y por los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Quienes superan el haber mínimo, cobran en concepto de bono un proporcional hasta llegar a una cierta cifra que se determina mes a mes.

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A través del Decreto 1128/2024, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno aceptó la renuncia del juez de la Corte a partir del 29 de diciembre de 2024.

La jubilación a los 75 años de Maqueda dejó a la Corte Suprema con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que promueve al juez Lijo para integrar el máximo tribunal y que en los últimos días acrecentó su enfrentamiento con el resto. La presión por Lijo y el conflicto interno siembra de dudas el futuro del máximo tribunal.

El Gobierno oficializó la extensión por un año más de la suspensión de la pauta oficial y amplía la vigencia del decreto N° 89/23, que suspendió inicialmente las campañas publicitarias durante 2023.

La medida fue reglamentada a través de la resolución 7147/2024 de la Secretaría de Comunicación y Medios, firmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y se fundamenta como una continuidad de las políticas de ajuste del Gobierno.

Según indican en el documento, responde a la necesidad de austeridad fiscal y de eficiencia en el uso de los recursos públicos en un contexto económico y social complejo. La emergencia administrativa, económica, financiera y energética declarada por el Congreso de la Nación en 2023 justifica la prolongación de estas políticas de restricción del gasto público.

En una medida sin precedentes en la historia reciente del país, el Gobierno publicó este lunes 30 de diciembre en el Boletín Oficial el decreto 1131/2024, mediante el cual dispuso que el Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2025 sea una prórroga del presupuesto vigente en 2024, que a su vez replicó las disposiciones de 2023. La decisión se fundamenta en la ausencia de una Ley de Presupuesto aprobada para el próximo ejercicio fiscal en el Congreso.

En el artículo 1° del decreto -firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos- se establece que las disposiciones vigentes al cierre del Ejercicio 2024 regirán a partir del 1° de enero de 2025. En ese sentido, el artículo 2° faculta a Francos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias durante el próximo año, según lo estipulado en la Ley de Administración Financiera N° 24.156.

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Por Hernán Cappiello

Desde hoy comienza a funcionar en la Argentina una Corte Suprema de Justicia con solo tres de sus cinco jueces en funciones, signada por el conflicto entre ellos y la incertidumbre acerca de cómo, quiénes y cuándo van a completar el tribunal. No se sabe si llegarán el juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que propone el Gobierno, si lo harán en el verano o a lo largo del año y si su designación se hará según el procedimiento previsto en la Constitución Nacional o si Javier Milei acudirá al atajo de un decreto presidencial.

La jubilación a los 75 años del juez Juan Carlos Maqueda dejó a la Corte Suprema con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que promueve al juez Lijo para integrar el máximo tribunal y que en los últimos días acrecentó su enfrentamiento con el resto. La presión por Lijo y el conflicto interno siembra de dudas el futuro de la Corte Suprema.

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Cerca de la medianoche del domingo, Horacio Rodríguez Larreta volvió a utilizar su cuenta de X para postear sobre la discusión que tuvo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto a la construcción de una nueva cárcel para la ciudad de Buenos Aires tras la fuga de 17 presos en Liniers. Esta vez, Larreta apuntó, sin nombrarlo, contra Jorge Macri por unas declaraciones en LN+ en donde aseguró que la administración anterior tenía los fondos para iniciar la obra, pero que hubo otras prioridades.

Lo que parecía un escape forzado de una comisaria en las vísperas de Navidad, terminó desatando una grave confrontación entre algunos de los principales dirigentes de Pro rumbo a 2025. El exjefe de Gobierno porteño volvió a asegurar que su gestión no contaba con los fondos necesarios para comenzar la construcción de la cárcel de Marcos Paz y que estos debían provenir de Nación.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, opinó respecto al fuerte cruce que mantuvieron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acerca de la fuga de 17 presos de una comisaría del barrio de Liniers, y por la cual la ministra de Seguridad apuntó contra el exalcalde por no haber invertido en la construcción de cárceles. “El dinero lo tenía”, dijo Macri sobre la gestión anterior, pero sostuvo que en aquel momento “había otras prioridades” y que luego, además, se le quitó la coparticipación a la ciudad.

Entrevistado el domingo por la noche en LN+, Jorge Macri consideró que si bien no “le echa la culpa” a ninguno de los dos, la administración anterior contaba con los fondos para invertir en cárceles y un sistema penitenciario. “Dinero tenía porque otras cosas se hicieron, pero siempre en la gestión uno define prioridades”, apuntó.

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Por Maia Jastreblansky

No hay, todavía, una perspectiva de salida a la dramática situación con el gendarme argentino, Nahuel Gallo, que se encuentra detenido y enjuiciado en Venezuela en condiciones que se desconocen. El Gobierno tiene prácticamente nulos enlaces en territorio venezolano y solo cuenta con la asistencia de Brasil, que de acuerdo a altas fuentes oficiales está “cooperando todo lo que puede” con la Argentina, sin una solución a la vista.

El Gobierno ni siquiera puede garantizar aún la designación de un abogado para Gallo. “Es difícil encontrar a un profesional probo que no sea del régimen de Nicolás Maduro. Estamos buscando la ayuda de ONGs no vinculadas al régimen”, dijo una fuente oficial a LA NACION.

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LA NACION

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