Jorge de la Rúa ratificó la continuidad de Anticorrupción

Quiso tranquilizar las aguas. Quiso que no se especulara con grandes cambios en el área de Justicia luego de la renuncia forzada de Ricardo Gil Lavedra. Por eso, el flamante ministro Jorge de la Rúa anunció anoche que nada se modificará sustancialmente con su llegada a la cartera. Para bien. O para mal. Fortalecer la autonomía de la Oficina Anticorrupción, ser respetuoso de la independencia del Poder Judicial, traspasar gradualmente la Justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires -a pesar de la resistencia de la mayoría de los magistrados- "porque Buenos Aires no puede tener un gobierno rengo", así como profundizar la reforma del Servicio Penitenciario Federal para desmilitarizarlo, serán algunos ejes de la política de Gil Lavedra que seguirá De la Rúa.

El hermano del Presidente conoce el terreno en el que se moverá de acá en más. Es un prestigioso jurista cordobés y su diagnóstico sobre el estado actual de la administración judicial es, antes que nada, realista: "Nuestro servicio de Justicia es lento y costoso y una Justicia lenta y para pocos no es Justicia".

Una de sus ideas para mejorar el sistema es modificar el Código Penal para que, en delitos menores, rija el llamado principio de oportunidad. Esto significa que los fiscales seleccionarán las causas que impulsarán y a los juzgados llegarán menos expedientes, pero con más posibilidades de éxito.

La propuesta es impulsar el cambio en el fuero correccional, que tramita las causas de delitos con penas de hasta tres años. Esos 14 juzgados están colapsados y el 70 por ciento de los casos que les llegan prescriben sin identificar ni sancionar a los responsables.

Durante una conferencia de prensa que brindó en su nuevo despacho -del que le disgusta su sillón, al que compara con un gran inodoro-, De la Rúa dijo que aún no designó a quienes serán sus colaboradores, pero aclaró que apelará a "radicales y frepasistas para conformar el equipo porque hay que respetar y defender la Alianza".

De la Rúa ratificó que no habrá cambios en la Oficina Anticorrupción, que seguirá a cargo de José Massoni, y que la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, se quedará en su equipo. "Ha sido confirmada por su positiva gestión en el área; no se analizó la posibilidad de sustituirla porque estamos muy contentos", comentó De la Rúa.

-¿Qué opina de los Juicios por la Verdad y cuál será la política del ministerio en los procesos contra militares en el exterior?

-Creo que el tema debería ser resuelto legislativamente para que se unifique la postura de los tribunales. Pienso que los militares que tuvieron actividad tienen que cooperar con la Justicia y contribuir a llegar a la verdad. Habría que ponerse a trabajar en un proyecto que les permita declarar bajo identidad reservada sin vulnerar sus derechos.

-¿Qué hará el Gobierno con los presos de La Tablada?

-Es un problema que corresponde al Congreso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dijo que debe existir una doble instancia, pero modificar las leyes es atribución del Legislativo. El Ejecutivo no va a utilizar la herramienta del indulto.

Fiel a su estilo, el nuevo ministro contestó a todas las preguntas, pero cuidó sus palabras. Sobrio y muy formal, se mostró distendido y destacó la importancia de luchar contra la corrupción, porque es indispensable "el propio control del Estado a sí mismo".

-¿La Oficina Anticorrupción tendrá real autonomía?

-Tengo especial interés en resguardar la independencia de la Oficina Anticorrupción y, mediante ese organismo, profundizar la política de transparencia, porque ésta ha sido una de las banderas del gobierno de la Alianza. No descarto impulsar, incluso, una ley para descentralizar el órgano y darle mayor autonomía.

Por Laura Zommer

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