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Jorge Rodríguez, en la mira de la Justicia
Aeropuertos: el juez Gabriel Cavallo investiga si el jefe de Gabinete cometió desobediencia en el tema de la privatización de aeropuertos.
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El tema de la privatización de los aeropuertos se complica cada vez más. A los recursos de amparo, medidas cautelares, demandas de nulidad, apelaciones, pedidos de declarar incompetentes a los jueces y solicitudes de per sáltum, ahora se suma la orden del juez federal Gabriel Cavallo para que se profundice la investigación y así verificar si el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, incurrió en el delito de desobediencia judicial.
La causa se inició cuando el 24 de abril último el presidente Carlos Menem firmó el decreto 375/97, que disponía la privatización de los aeropuertos. Trece diputados nacionales, entre los que se encuentran Patricia Bullrich, Federico Storani y Elisa Carrió, se opusieron a la medida y recurrieron a la Justicia.
A partir de entonces, tanto los abogados del Poder Ejecutivo como los de los denunciantes se han encargado de que esta causa ingresara en una maraña judicial en la que las fechas de las resoluciones de los jueces han cobrado vital importancia a los efectos de la última denuncia, en este caso penal, presentada por los legisladores.
El 4 de noviembre, los diputados denunciaron penalmente al jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, ya que fue quien firmó, el 21 de octubre último, la resolución administrativa 657/97, en la que se continúa con el proceso de privatización de aeropuertos.
Dicha resolución fue firmada a pesar de que la medida cautelar y la orden de suspensión de los efectos del decreto privatizador 375/97, dispuestos por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, habían sido ratificadas por la Cámara y no habían sido apeladas nuevamente por el Gobierno, por lo que quedó confirmada el 18 de septiembre, poco más de un mes antes de que Rodríguez firmara la decisión administrativa.
El 24 de septiembre, paralelamente a la decisión de Heiland, la jueza Susana Córdoba hizo lugar a otra medida cautelar y ordenó dejar sin efecto el decreto del PE 842/97, por el que se aprobaba el decreto privatizador.
La apelación del Ejecutivo fue concedida por la jueza, aunque hasta la fecha no ha podido ser resuelta por ningún tribunal superior por encontrarse la misma en la Corte Suprema, ya que el PE solicitó el per sáltum por que considera que Córdoba no tiene competencia.
El argumento de los funcionarios del Gobierno para desobedecer la decisión judicial gira en torno del hecho de que, según ellos, la mera presentación ante la Corte de la cuestión de competencia revoca la decisión de la jueza, lo que, para los abogados de los denunciantes, es un "absurdo jurídico". En su resolución, el fiscal federal que impulsa la causa por desobediencia, Carlos Stornelli, argumenta que "la mentada decisión del jefe de Gabinete habría incumplido con la decisión judicial (...) Si bien tal decisión judicial no se encontraba firme por haber sido apelada por el Poder Ejecutivo, los efectos de la misma estaban vigentes".
Sin embargo, a pesar de este enredo judicial, abogados de los legisladores confiaron a La Nación que este tema pasa hoy más por lo político que por los estrados de la Justicia.
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