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Jueces federales preocupados por la decisión del Gobierno de controlar los bienes decomisados
También salieron en defensa de la Corte por las críticas ante sus fallos y respaldaron a una jueza rosarina que denunció amenazas
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LA NACION
Jueces federales de todo el país, presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones, expresaron este viernes su preocupación ante el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que reserva para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en los casos de corrupción, delitos económicos y crimen organizado.
Los magistrados dijeron que esta norma, el DNU 575/2025, “lejos de disipar toda duda” en la recuperación, administración y disposición de bienes, “genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias”.
Los presidentes de las Cámaras Federales salieron a así a expresar su preocupación porque este DNU choca con un reglamento que dictó la Corte Suprema de Justicia, a través del cual se reservó la administración de estos bienes decomisados.
Los camaristas dijeron que el decreto “soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” que reglamentó el asunto y además “podría afectar la Ley de Autarquía Judicial” que le reserva a los jueces la administración de sus recursos.
Por eso, los jueces dijeron que propician “el dialogo institucional a todos los actores involucrados a que, sin mayores dilaciones, adopten acciones concretas para arribar a soluciones integrales”.
Los magistrados también salieron a defender a la Corte Suprema de Justicia frente a las críticas que recibió por los fallos que determinaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el encargado de intervenir como revisor de las causas de la justicia nacional criminal, laboral, comercial y civil.
Los camaristas dijeron que, más allá de los disensos ante el fallo Levinas y Levinas II, “reiteramos nuestra tenaz y consolidada posición orientada a preservar la institucionalidad, independencia funcionamiento del Poder Judicial”.
La decisión de la Corte merece un “debate serio”, dijeron, pero señalaron que debe darse “sin que el disenso pueda dar lugar a un espacio de violencia verbal o escrita y, menos aún, que se permita desconocer la autoridad de los fallos que emanan del máximo tribunal”.
“Las meras descalificaciones, así como las constantes afrentás que ha recibido la Corte Suprema menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”, señalaron los jueces al defender al máximo tribunal de las críticas de los jueces nacionales que ignoran su decisión.
Por último, los magistrados demostraron su preocupación por la extraña intimidación que sufrió la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez, a quien le ingresaron a su domicilio sin violencia y le dejaron señales para evidenciar que pudieron vulnerar su casa, como una colilla de cigarrillos y la luz prendida.
LA NACION
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