Para los constitucionalistas, hay puntos judicializables del decreto del Gobierno

El planteo de la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Gobierno redirecciona fondos de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires, tiene un camino empinado por delante.

En un escenario de tensión con el gobierno nacional, el gobernador porteño Horacio Rodríguez Larreta instruyó a la Procuración General de la Ciudad a accionar judicialmente contra el recorte de coparticipación.

LA NACION consultó a juristas y expertos en derecho constitucional sobre la viabilidad del planteo. ¿Qué chances de éxito tiene la Ciudad ante la Corte Suprema?

Mientras los juristas Roberto Gargarella y Daniel Sabsay consideran que el decreto firmado por Alberto Fernández es inconstitucional y que un planteo ante la Corte podría prosperar, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez opina que es constitucional el pronunciamiento de Fernández en materia fiscal pero que carece de legitimidad por la falta de consenso. Los tres coinciden en que la forma en que se decidió y anunció esta medida es débil por la falta de diálogo y acuerdo democrático con Rodríguez Larreta.

El constitucionalista Pablo Manili planteó, también, que las chances de éxito de este planteo son bajas, pero que la Ciudad tiene algunos puntos fuertes a favor, como el hecho de que el Estado Nacional le haya quitado fondos no para recuperarlos -después de que el expresidente Mauricio Macri se los otorgó por DNU- sino para dárselos por decreto a la Provincia de Buenos Aires.

"Es obviamente inconstitucional, porque la Constitución exige lo que el sentido común pide: un acuerdo democrático, y no una decisión unilateral y caprichosa. Sin embargo, por eso mismo, creo que es imperioso que el Ejecutivo reconozca su error, dé un paso atrás, negocie políticamente lo que pretende, y evite lo que de otro modo es inevitable: la judicialización de la política que dice repudiar, pero que de este modo fuerza (porque resulta simplemente irracional que la ciudad acepte una decisión intempestiva, que es inconstitucional, y por la que pierde una parte significativa de su presupuesto)", dijo Gargarella a LA NACION.

Gargarella mencionó la judicialización de la política en medio de un contexto en el que los cruces entre el oficialismo y la oposición por razones institucionales ya llevaron a dirigentes de Juntos por el Cambio a los tribunales.

Es obviamente inconstitucional, porque la Constitución exige lo que el sentido común pide: un acuerdo democrático, y no una decisión unilateral y caprichosa."

"Creo que, por la cuestión de fondo, el planteo tiene amplias posibilidades de ser receptado y receptado positivamente por la Corte", dijo Gargarella. "Sin embargo -agregó-, a la Corte le interesa mantenerse tan alejada como sea posible de las disputas políticas coyunturales (ella no quiere ser rehén de las sucesivas "guerras" políticas que, como equivocada estrategia, va desatando el gobierno), por lo cual, para esta situación y otras similares, me imagino que esperará siempre a que el conflicto haya "madurado" y sea procesado primero políticamente (idealmente, a través del diálogo democrático), como es esperable que en cada caso ocurra, por la propia supervivencia y legitimidad del sistema constitucional".

"El grado de posibilidad de éxito de la Ciudad en este planteo es muy bajo", opinó el abogado constitucionalista Pablo Manili, ante la consulta de LA NACION. "Cuando asumió Macri, él cumplió la sentencia de la Corte a favor de Córdoba y Santa Fe por la coparticipación. Pero Macri aprovechó ese momento para darle por dercreto a la Ciudad más fondos. Ahora le sacan a la Ciudad un punto y se lo dan a la provincia", dijo Manili.

Y agregó: "No es lo mismo que el caso de Córdoba y Santa Fe. Ellas tenían ese porcentaje concedido por ley. La CABA no tenía ese punto por ley, fue una dádiva que le dio el Estado Nacional, y ahora se lo quita la Nación para dárselo a la PBA, no para recuperarlo. Ese un punto fuerte de este escenario pero débil".

En su cuenta de Twitter, Gil Domínguez consideró que, por los antecedentes, Fernández está habilitado a dictar el decreto en materia fiscal. Pero publicó que el punto judicializable de este decreto está vinculado con la cuestión de la proporcionalidad. "La discusión constitucional sustancial se vincula a la proporcionalidad existente entre el coeficiente fijado por el Decreto 735/2020 y los recursos necesarios que demanda la seguridad pública en las materias no federales en el ámbito de la CABA. Este es el aspecto que podrá ser judicializado ante la Corte Suprema de Justicia por la CABA donde entrarán en juego dos párrafos del art. 75 inc. 2 de la CA", consideró.

El constitucionalista Sabsay criticó duramente el decreto firmado por el Presidente. Dijo, ante la consulta de LA NACION, que no es facultad del Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, y que se produjo un abuso de poder, ya que sobre materia tributaria no le corresponde pronunciarse mediante un decreto. Y en su cuenta de Twitter Sabsay consideró que Fernández "está haciendo añicos a las instituciones".

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