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El diálogo sigue roto en Diputados y Juntos por el Cambio se prepara para ir a la Justicia
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LA NACIONLaura Serra
La crisis política que abate a la Cámara de Diputados no da señales de tregua. Tras la bochornosa sesión del martes pasado, la relación entre el oficialismo y Juntos por el Cambio permanece estancada en un punto muerto. El principal bloque opositor aguarda que Sergio Massa lo convoque nuevamente al diálogo; sin embargo, tanto el presidente del cuerpo como el jefe de los diputados oficialistas, Máximo Kirchner, se mantienen herméticos. Así las cosas, Juntos por el Cambio anticipó que el martes próximo se presentará ante la Justicia.
El oficialismo tiene por delante dos alternativas: una, convocar a Juntos por el Cambio a reencauzar las negociaciones; la segunda, más riesgosa, es forzar las sesiones que se celebren de ahora en más con el apoyo de un puñado de bloques aliados. Se trata de una opción extrema y sin garantías de éxito, pues el oficialismo es minoría. Además, Juntos por el Cambio se encargará de impugnar cada uno de los debates que se realicen para invalidar las leyes que allí se aprueben.
El Gobierno no está interesado en que cada sesión devenga en un escándalo. Los proyectos pendientes para el segundo semestre son demasiado trascendentes: el presupuesto 2021, la reforma tributaria, la reforma judicial y la movilidad jubilatoria. Máximo Kirchner espera, además, llevarse como bandera la sanción del impuesto que grava las grandes fortunas, iniciativa que ya cuenta con la mayoría de los votos para su aprobación. Un trofeo legislativo que, sin embargo, podría quedar mancillado si los sectores en pugna no resuelven la crisis política a la que sumieron a la Cámara baja.
En su demanda judicial, la oposición reclamará que se declare nula la sesión del martes pasado, por considerar que debió realizarse de manera presencial y no remota, como finalmente se hizo. Sostiene que el protocolo que habilita el funcionamiento telemático del cuerpo estaba vencido desde el 7 de agosto y que, para renovarse, requería el consenso de todos los bloques parlamentarios. Ese consenso, a su juicio, no se alcanzó porque Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, no dio su aval.
Aunque en un primer momento los opositores desconfiaban de la suerte que tendría esta demanda en la Justicia, el fallo que el jueves emitió la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le devolvió cierto optimismo. En ese fallo, los jueces advirtieron, ante una presentación que había hecho la diputada opositora Mónica Frade hace un par de meses, que el protocolo para las sesiones virtuales en la Cámara baja "no se encuentra vigente" y que, por tanto, la única forma de sesionar que tienen hoy los legisladores es presentándose en el Congreso. Rápidamente, desde el entorno de Massa aclararon que ese fallo quedó desactualizado, pues no tuvo en cuenta la prórroga del protocolo por 30 días que se aprobó el martes pasado.
"Es verdad que pudo quedar abstracto, pero lo importante de este fallo de Cámara es que la Justicia se pronunció sobre una cuestión legislativa. No se lavó las manos ni resolvió que se trata de un tema político que debe resolver la Cámara de Diputados, como se ha expresado la Justicia en otras oportunidades", celebraban en la cúpula del interbloque opositor. "El fallo es un elemento positivo, no es definitorio pero ayuda a crear un clima", insistían.
Durante este fin de semana los diputados Pablo Tonelli (Pro), Gustavo Menna (UCR) y Mariana Stilman (Coalición Cívica) avanzaron en la redacción de la demanda judicial, con la intención de presentarla el martes a más tardar. No darán marcha atrás salvo que Massa convoque formalmente a una nueva ronda de diálogo a los jefes de bloque para reencauzar las negociaciones. Así lo decidió la mesa del interbloque de Juntos por el Cambio en la noche del jueves.
Más allá de la estrategia judicial, lo cierto es que, al invalidar el sistema remoto de funcionamiento de la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio quedó en una encrucijada. ¿Dejará de participar en las comisiones y en las sesiones? ¿Le dejará el campo abierto al oficialismo y a sus aliados para debatir y sancionar las leyes?
Los opositores niegan esta posibilidad, tajantes. "No podemos correr el riesgo de ser como la oposición en Venezuela, que se retiró del Congreso en señal de protesta contra el avasallamiento chavista y el gobierno hizo aprobar todas las leyes que se le dio la gana sin presencia opositora", insisten. "Vamos a participar de todas las sesiones y de las reuniones de comisión, dejando constancia de que son inválidas", advirtieron.
En rigor de verdad, tanto Mario Negri (UCR) como Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) no desean llegar a este extremo. Hasta ahora, su táctica ha sido la del consenso y el diálogo con el oficialismo. Sin embargo, tras el bochorno de la última sesión, los "halcones" que anidan en el espacio opositor cobraron vuelo e insisten en romper todos los puentes. "Es muy difícil contener la presión", admiten en la cúpula del interbloque.
La reforma judicial y el debate escandaloso que le imprimió el kirchnerismo en el Senado había radicalizado ya las posturas. Tras la media sanción, el conflicto se trasladó a la Cámara baja, responsable de definir la suerte del proyecto. A sabiendas de que el oficialismo no tiene la mayoría de los votos asegurados y que la votación se anticipa muy estrecha, Juntos por el Cambio reclamó que la discusión de esa iniciativa, como también la de la movilidad jubilatoria (que se presentará este mes), sea presencial, como garantía de transparencia a la hora de dar quorum y votar.
Conscientes de los riesgos que impone la pandemia, los opositores concedieron que aquellos diputados incluidos en los grupos de riesgo queden exceptuados de viajar a la Capital para dar el debate presencial. Esa fue su condición para aceptar el pedido del oficialismo de prorrogar por 30 días el protocolo de sesiones remotas en la Cámara de Diputados. El oficialismo aceptó dar la discusión presencial de los temas que pidiese la oposición, pero hizo una contraoferta: que se le dé libertad de acción a los diputados a que participen de manera remota, más allá de que pertenezcan o no a los grupos de riesgo.
Juntos por el Cambio rechazó la propuesta: advirtió que, con esa argucia, el grueso del oficialismo se escudaría detrás de sus pantallas para evitar dar la cara cuando se aborden los proyectos más ríspidos, como el de las jubilaciones.
Las negociaciones naufragaron y sobrevino el escándalo. El oficialismo, con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios –salvo Consenso Federal–, prorrogó el protocolo de funcionamiento remoto por 30 días sin límites en el temario. La oposición anticipó, entonces, que acudiría a la Justicia.
Contra la reforma
El diputado lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez ratificó ayer que la mayoría de los miembros del Interbloque Consenso Federal se opone al proyecto oficial de reforma judicial, pero admitió que en el grupo "pueden diferir" algunos legisladores. "Tal como dijo (Roberto) Lavagna a través de las redes sociales, las posiciones sobre el proyecto de reforma judicial en el Interbloque Consenso Federal pueden diferir, pero eso no debería llamar la atención. De los 11 diputados que conformamos el espacio, somos nueve los que nos expedimos en contra", dijo.
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