La AFIP demanda a Cristóbal López por más de $500 millones en impuestos impagos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclama más de $525 millones al empresario patagónico Cristóbal López por impuestos impagos durante los últimos años, según surge de los escritos que el organismo presentó en Tribunales y cuyas copias obtuvo LA NACION.

La ofensiva, dispuesta durante la actual gestión de Mercedes Marcó del Pont, abarca al menos cinco juicios de ejecución fiscal contra López, dos de ellos iniciados durante las últimas semanas y otros tres entre 2018 y 2019, pero que también se reactivaron desde marzo de este año.

Al defenderse en los tribunales, López admitió sus deudas fiscales, pero responsabilizó al propio Estado nacional por su imposibilidad de abonar esos impuestos en tiempo y forma, al recordar que la Justicia penal lo embargó y trabó todos sus fondos como parte de lo que volvió a calificar como una persecución liderada por el entonces presidente Mauricio Macri.

Para la Justicia, sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes y rechazó su defensa, por lo que la AFIP quedó habilitada a recobrar parte de la deuda acumulada por uno de los dueños del Grupo Indalo.

El organismo tributario también avanzó contra el otro socio de ese holding, Fabián de Sousa, al que le inició tres ejecuciones fiscales, aunque los montos reclamados son más bajos. Acumula ejecuciones por cerca de $17 millones, más intereses.

El reclamo fiscal más elevado contra López se produjo a mediados de marzo, cuando la AFIP presentó cuatro títulos ejecutivos en tribunales por un total de $231,2 millones de capital, más otros $34,6 millones de intereses y costas; y requirió a la Justicia que dispusiera el inmediato embargo de “fondos y valores” de López.

Para eso, la AFIP pidió que se oficiara al Banco Central (BCRA) para que la entidad dispusiera, a su vez, avanzar sobre las cuentas bancarias del empresario, sus cajas de seguridad “y/o cualquier otro fondo o valor del cual resulte titular o cotitular”.

En su respuesta a esa petición, sin embargo, López solicitó que se suspendiera el procedimiento y se rechazara por improcedente el embargo general en su contra. Le reclamó a la Justicia que se concentrara en la “verdad jurídica objetiva” de su situación patrimonial y judicial, más allá de los títulos ejecutivos de la AFIP en su contra.

López reafirmó que durante los años de Macri al frente de la Casa Rosada afrontó “una grave persecución del Poder Ejecutivo Nacional”. Y que esa ofensiva llevó a su procesamiento en la causa por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional por más de $8000 millones que tiene al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray como principal acusado, y que hoy se encuentra en la instancia de juicio oral.

Su procesamiento penal, añadió López, llevó al embargo de todo su patrimonio, y esa fue la única razón que le impidió el pago de los impuestos como los que ahora la AFIP pretende ejecutarle. En otras palabras, explicó, “la única opción de poder contar con el dinero necesario para cancelar una obligación tributaria es a través de la autorización pertinente de la Justicia penal que dispuso el embargo”.

Por todo esto, completó, se encontraba en una suerte de trampa armada por el Poder Judicial. “Resulta inadmisible que la misma Justicia pretenda por un lado privarme de su pago [de impuestos] mediante el decreto de medidas de carácter preventivo [en alusión al embargo de todo su patrimonio], y por el otro mandar a llevar adelante su ejecución cuando justamente el incumplimiento se deriva de otra manda judicial”, argumentó.

Avanzan las ejecuciones

Tras presentar su escrito, la Justicia dispuso que quería conocer la posición de la AFIP, que todavía no volvió a presentarse en ese expediente. Sin embargo, en otra de las ejecuciones fiscales que le inició por otros $25,2 millones entre capital e intereses, el organismo tributario sí se presentó y el Juzgado falló en contra de López, tras rechazar sus argumentos.

En mayo de 2019, el juez federal Carlos Folco consideró que los argumentos de López no cuadraban en las causales previstas por la ley, ni tampoco aportó el empresario pruebas del embargo general de fondos en el expediente, por lo que ordenó avanzar.

Desde entonces, sin embargo, ese expediente no se movió más. Permaneció sin actualizarse durante casi dos años. Hasta que en marzo de este año, una nueva abogada de la AFIP, ya durante la gestión de Marcó del Pont, se presentó para reactivar la ejecución fiscal.

Tres meses después, el viernes 11 de este mes, un tercer letrado del organismo tributario se presentó en tribunales e impulsó otra ejecución fiscal más contra López. Le reclamó $156,4 millones de capital, más otros $23,4 millones de intereses y costas. Al igual que los anteriores letrados, pidió el embargo de todos los fondos del dueño del Grupo Indalo y, de manera supletoria, su inhibición general de bienes.