La auditoría de Reposo que ni el Gobierno tuvo en cuenta

La Sindicatura General de la Nación (Sigen), que dirige Daniel Reposo, auditó la prórroga del contrato con la multinacional Boskalis para el dragado del canal binacional Martín García. No advirtió ninguna irregularidad, pero no convenció ni siquiera al gobierno argentino.

La semana pasada, el canciller Héctor Timerman resolvió de forma unilateral "excluir a la empresa Boskalis de todo trabajo en el canal" basado en un informe del Tribunal de Cuentas de Uruguay, que auditó la prórroga en paralelo con la Sigen. A diferencia de su par, el Tribunal detectó irregularidades y cuestionó la actuación de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), que maneja el canal.

Según este organismo uruguayo, de las actas de la CARP –a las que también accedió la Sigen– surge que los argentinos dilataron la licitación para la profundización del canal (una obra clave para Uruguay que todavía está pendiente) y demoraron, hasta hacer inviable, el concurso de precios para su mantenimiento, favoreciendo así a Boskalis (representada por su subsidiaria Riovia).

Timerman hizo referencia al informe de la Sigen en uno solo de los seis comunicados que difundió sobre este caso entre el martes de la semana pasada y anteayer. Sostuvo que el organismo de Reposo demostró que "el valor que hubiese mantenido la ecuación económico-financiera de la concesión ascendería a 16.900.000 dólares anuales", casi dos millones más de lo que se acordó pagarle a Boskalis. Es decir que la Sigen afirmó que a la empresa se le pagó menos de lo que hubiera correspondido.

El Tribunal de Cuentas uruguayo tampoco criticó el precio final, pero advirtió que fue "político", que se acordó fuera de la CARP, a instancias de la Argentina, y que superó lo que estaban dispuestos a aceptar los delegados uruguayos, que fueron los únicos que presentaron un "estudio técnico" sobre el precio.

La Sigen sólo dijo al respecto que esa prórroga para el mantenimiento del canal "fue fundamentada en las conversaciones mantenidas y las instrucciones impartidas" por los gobiernos de la Argentina y Uruguay a sus respectivas delegaciones.

Después de su primer comunicado, Timerman no volvió a mencionar a la Sigen. Sólo dijo que el Tribunal de Cuentas vio "documentación secreta" a la que no tuvo acceso la Argentina. Tampoco pidió que Reposo profundizara su investigación.

Los comunicados fueron el medio que la Cancillería eligió para referirse al caso y difundir su posición, que fue cambiando con los días. Primero, sostenía que no había motivos para dudar de la regularidad del proceso aunque "los medios" dijeran que "auditores uruguayos" creían lo contrario; después, decidió suspender unilateralmente todo trámite relativo al canal para "apoyar" a Uruguay y que despejara sus dudas; luego dejó de lado esa medida y resolvió excluir a Boskalis de cualquier proceso, y finalmente acusó al gobierno de José Mujica de no querer cooperar con la Argentina para "dilucidar responsabilidades" en un documento que tituló "¿Quién protege a Riovia?".