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La Cámara Federal confirmó que Pepín Rodríguez Simón puede volver a la Argentina sin quedar detenido
El exasesor de Macri se instaló en Uruguay y se negó a regresar porque pesaba sobre él una orden de captura; la jueza Servini lo buscaba desde 2021 para indagarlo por amenazas y extorsión
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LA NACION
La Cámara Federal porteña ratificó hoy que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que estaba rebelde y era buscado por la justicia argentina, podrá regresar al país sin quedar detenido.
Rodríguez Simón está radicado en Uruguay, se declaró perseguido del kirchnerismo y, ante el cambio de gobierno, pidió regresar al país sin que lo arrestaran, pese a que pesa sobre él una orden de captura internacional. La jueza María Servini le concedió el 8 de mayo su pedido, con el objetivo de que él declare en la causa donde está acusado de extorsión contra el Grupo Indalo. Hoy, la Cámara Federal confirmó lo resuelto por la magistrada.
La Cámara tomó su decisión con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que entendieron que en el caso se daban circunstancias excepcionales que justificaban ratificar la decisión de Servini, pese al tiempo que hace que el acusado era buscado por la justicia argentina. El camarista Martín Irurzun votó en disidencia. Afirmó que “el mantenimiento en el tiempo de la condición de prófugo” de Rodríguez Simón “constituye un factor de envergadura a la hora de merituar el riesgo de fuga”. Sostuvo que si ya “se sustrajo voluntariamente a la jurisdicción”, hay “razones fuertes para presumir un peligro procesal”, en referencia al peligro de que vuelva a escapar de la Justicia. En el mismo sentido se había pronunciado el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, que apeló la decisión de Servini de conceder la exención de prisión.
Bruglia, en cambio, dijo que “no se desconoce que fueron tres años” en los que el imputado estuvo rebelde, pero que no estuvo “oculto y con paradero desconocido”, sino que se instaló en Uruguay para “ejercer un derecho que entendió legítimo”: pedir que lo reconocieran como “refugiado político”. Bruglia destacó que Rodríguez Simón informó todo esto en el expediente.
Bruglia consideró además clave que, tal como advirtió Servini, si el acusado no regresa el proceso no puede avanzar, y recordó que ella le impuso una serie de condiciones con el objetivo de impedir que vuelva a irse. Una de ellas es que aporte una garantía de más de tres millones de dólares (3120 millones de pesos). Rodríguez Simón no apeló el monto de la garantía y, según supo LA NACION, está analizando cubrirla con un seguro de caución.
Bertuzzi coincidió con Bruglia en que había que tener en cuenta las excepcionales circunstancias de este caso, que colocan al acusado en una “situación procesal atípica” (porque estuvo tramitando siempre un refugio). Subrayó que la misma jueza que lo declaró rebelde ahora accedió a darle la exención de prisión y que la defensa siempre le informó al juzgado los trámites que el exasesor de Macri llevaba adelante en Uruguay.
La jueza Servini había llamado a Rodríguez Simón a prestar declaración indagatoria hace tres años, pero el exfuncionario se fue a Uruguay, donde permaneció con un pedido de refugio político. En todas las instancias la autoridad administrativa uruguaya rechazó el pedido de refugio, pero ese trámite, con todos sus recursos, le permitió a Rodríguez Simón que no se activara la orden de captura internacional que Servini había dictado en su contra. De hecho nunca empezó el proceso judicial de extradición, pues se estaba tramitando el proceso administrativo.
La llegada de Javier Milei al poder, sumada al hecho de que el exasesor de Macri no estaba bien en Uruguay en los últimos meses, lo motivó a pedir una exención de prisión, según informó su defensa.
El planteo de Pepín
El exasesor de Macri presentó un escrito en el que señaló que como la situación del país había cambiado con la salida de Alberto Fernández del Gobierno y la llegada de Milei al poder, entendía que ya no corría el peligro que lo hizo huir a Uruguay.
Rodríguez Simón está acusado de haber extorsionado al empresario Cristóbal López, del Grupo Indalo, en nombre de Macri, para que apoyara al gobierno de Cambiemos bajo la supuesta amenaza de que, si no lo hacía, sufriría perjuicios económicos.
Los delitos por los que la jueza había pedido la captura de Rodríguez Simón son los de amenazas y extorsión. Y en el pedido de detención enumeró que hay evidencias de reuniones del exasesor con empresarios allegados a López en el negocio del juego y llamadas telefónicas realizadas de manera contemporánea con esos encuentros donde supuestamente se ejercieron las presiones
LA NACION
Tipo de trabajo:noticia original
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