La causa Vialidad, una pieza vital en el rompecabezas de una trama de corrupción

La llamada “causa Vialidad” no es la investigación central contra Cristina Kirchner, su familia, su entorno de poder y sus socios y contrapartes comerciales. Ni siquiera puede definirse como la “causa madre”. Pero sí es una pieza insoslayable para armar un rompecabezas que abarca una docena de investigaciones penales y que soo pueden entenderse como parte de un todo inquietante.

¿Cómo es eso? El fiscal federal Gerardo Pollicita lo explicó con claridad cuando pidió que se elevara a juicio la causa “Vialidad” en diciembre de 2017. En un dictamen que superó las 500 páginas remarcó que “el presente sumario no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones englobadas bajo la causa n° 15.734/08 (Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita) ,conocida como ‘causa madre’, que comprende entre otras las n° 11.352/14 -Hotesur’-, 3732/16 -Los Sauces-, 4943/16 -Oil Combustibles-, 11.904/14 -Aerolíneas Argentinas-, entre otra decena de pesquisas”.

Tomadas esas y otras investigaciones como un todo, el resultado posible sería el siguiente: la historia de un matrimonio de clase media acomodada de la Patagonia que, a medida que ascendió a la cúspide del poder nacional,m ontó, primero, una estrategia delictiva para enriquecer desde el sector público a allegados que de manera subrepticia giraron fortunas a la familia presidencial y, segundo, otra estrategia para encubrir lo ocurrido.

Eso, claro, hay que probarlo en los tribunales, donde las investigaciones registran avances muy dispares desde que Elisa Carrió radicó la denuncia por presunta asociación ilícita en 2008. Esa pesquisa registró desmembramientos y se sumaron otras investigaciones. De todas ellas, alguna registra condena, varias se cerraron y otras aún no llegaron a la instancia oral:

• En la causa “Vialidad”, los fiscales buscan probar que los Kirchner beneficiaron con contratos de obra pública a un presunto testaferro, Lázaro Báez, que de ese modo acumuló fortunas sin completar los proyectos viales, con beneficios y plazos únicos que no se repitieron con otros contratistas, y que luego se abocaron a “limpiar todo”.
• En la causa “Oil Combustibles”, los fiscales buscaron probar que Cristóbal López y Fabián de Sousa compraron empresas y expandieron el holding Grupo Indalo e incrementaron sus patrimonios de manera exponencial, a partir de las maniobras tributarias que desarrollaron durante años en la petrolera Oil Combustibles, lo que luego se combinó con una moratoria que impulsó el presidente Alberto Fernández y que la oposición definió como “hecha a medida”. En el juicio oral, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado por administrar de manera fraudulenta y en perjuicio de las arcas públicas, pero López y De Sousa fueron sobreseídos, lo que debe revisar la Casación.

• En la causa “Los Sauces”, los fiscales buscaron probar que tanto Báez como López y De Sousa alquilaron inmuebles y cocheras de los Kirchner, tanto en la Patagonia como en la ciudad de Buenos Aires para devolverle a la familia presidencial parte de los beneficios que esos empresarios patagónicos acumularon gracias al Estado controlado por el kirchnerismo.
• En la causa “Hotesur”, los fiscales buscaron probar que Báez también alquiló y pagó habitaciones y salones en el hotel Alto Calafate, sin usar esas instalaciones, como otra forma de justificar la remisión de fortunas a la familia Kirchner. Sin embargo, la Justicia unificó ambas causas y el Tribunal Oral Federal N° 5 sobreseyó a todos antes de iniciar el juicio oral, decisión que la Casación debe confirmar o revocar.
• En la causa “ruta del dinero K”, los fiscales lograron probar que Báez lavó cerca de 55 millones de dólares provenientes de contratos de obras públicas y de la evasión tributaria. A diferencia de lo ocurrido en los demás expedientes, el presunto testaferro de los Kirchner ya fue condenado a 12 años de prisión en febrero 2021, por las maniobras de blanqueo registradas entre 2003 y 2015. Las condenas alcanzaron a varios colaboradores de Báez –Julio Mendoza, César Andrés y Daniel Pérez Gadín- mencionados por los fiscales durante su alegato en la “causa Vialidad”.

• En la causa “Cuadernos de la corrupción”, los fiscales buscan probar que los Kirchner lideraron desde el poder una asociación ilícita abocada a cobrar coimas de las empresas que ganaron contratos de obra pública, lo que confirmaron algunos de los contratistas, intermediarios y exfuncionarios involucrados; entre ellos, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el extitular del Occovi Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens, o el empresario Patricio Gerbi, de la constructora Coarco, al que aludieron los fiscales durante sus alegatos en la “causa Vialidad”, repetidas veces. El expediente principal de la causa “Cuadernos” ya se remitió al Tribunal Oral Federal N° 7, aunque las audiencias no comenzaron, mientras continúan en etapa de instrucción algunas pesquisas conexas.
• En las causas por presunto enriquecimiento ilícito de varios exfuncionarios, como el exministro Julio De Vido y los exfuncionarios José López, Carlos Santiago Kirchner, Gustavo Gentili y Sandro Férgola, entre otros, los fiscales buscan probar que muchos de los acusados en “Vialidad” también se enriquecieron de manera delictiva.
• En la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, los fiscales buscaron probar que el matrimonio se enriqueció de manera delictiva durante su paso por el poder, pero la investigación se cerró con un sobreseimiento exprés que no apelaron el fiscal Eduardo Taiano y el fiscal a cargo de la entonces Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles. Años después, el juez federal Norberto Oyarbide confesó que lo apretaron “del cogote para que sacara” el sobreseimiento de los Kirchner.
• En la causa por presuntas irregularidades en la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, los fiscales buscan probar que el organismo incumplió con sus funciones para beneficiar a la sociedad Hotesur –controlante del hotel Alto Calafate-, y proteger a la entonces familia presidencial.
• En la causa por presuntas irregularidades ocurridas dentro de la AFIP, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el fiscal Guillermo Marijuán debió investigar si Echegaray, por entonces titular del organismo, encubrió al presunto testaferro de los Kirchner y a otros funcionarios, como el entonces titular de la DGI, Ruben Angel Toninelli, quien viajó a Río Gallegos con Martín Báez en el avión privado de Lázaro Báez. Pero el juez Oyarbide los sobreseyó, el 3 y el 9 de diciembre de 2015, es decir, horas antes de concluir el mandato presidencial. Marijuan no apeló.
• En la causa por presunta evasión tributaria que se tramitó en el fuero en lo Penal Económico contra Gotti Hermanos y otras empresas, los investigadores buscaron determinar la cuantía de lo sustraído a las arcas públicas mediante el uso intensivo de facturas truchas, pero una moratoria hecha “a medida” bloqueó el avance de la pesquisa y benefició a los evasores, como denunciaron los fiscales de la “causa Vialidad” hace unas horas.
• En otra causa por presunta evasión tributaria que todavía se tramita en el fuero penal económico, los investigadores buscan determinar cuánto dinero evadió Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez. Sin embargo, la pesquisa aportó otros hallazgos. Entre ellos, permitió corroborar que durante la gestión de Ricardo Echegaray, la AFIP le mintió a la Justicia para proteger y encubrir al presunto testaferro de los Kirchner, lo que así denunció el juez instructor de la causa, Javier López Biscayart.

Por Hugo Alconada Mon

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