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La CGT desafía al Gobierno con su primer paro general contra el plan económico
Con el transporte como principal aliado, reclamará por los despidos y las paritarias; habrá piquetes en los accesos; el Gobierno, que endureció posturas, garantiza la circulación
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LA NACIONNicolás Balinotti
Con la adhesión del transporte público de pasajeros y de una amplia mayoría del sindicalismo, la CGT activará hoy el primer paro general desde que Mauricio Macri es presidente.
La huelga, que se extenderá por 24 horas desde la medianoche de hoy, será en rechazo a la política económica y por el incumplimiento del pacto antidespidos acordado con empresarios e impulsado por el Gobierno. También apunta a romper la limitación que busca imponer el Gobierno para que las paritarias cierren en torno del 18 por ciento para no exceder la previsión inflacionaria oficial.
La protesta será sin movilización, aunque la izquierda y los movimientos sociales desafían con bloquear los accesos a las grandes urbes. El Gobierno dijo que tomará medidas para garantizar la libre circulación. Además, exhibió síntomas de endurecimiento en su discurso y con la instrumentación de mayores controles a los gremios.
La tregua que el sindicalismo peronista le dio a Macri llegó a su fin después de casi 16 meses de buena convivencia y grandes acuerdos, sobre todo en lo relativo al reparto de los millonarios fondos de las obras sociales sindicales. Pero hubo dos episodios que aceleraron el enfrentamiento: la continuidad de los despidos por goteo en el sector privado y estatal, y el intento del Gobierno por contener los aumentos salariales por debajo del 20%, en línea con la inflación que prevé en su ley de presupuesto (entre 12 y 17%).
Desde que la CGT oficializó la convocatoria al paro, el Gobierno alternó su estrategia en el discurso y en la práctica. Mientras Macri subió el tono al referirse a las "mafias sindicales", en los hechos también hubo un giro. Por un lado se negociaron sectorialmente acuerdos salariales y beneficios impositivos con gremios cuyas actividades están en crisis. Pero también hubo un endurecimiento en la postura en lo relativo a la distribución del dinero de la salud y a la revisión de irregularidades en los procesos eleccionarios de los sindicatos. En la misma línea se conoció ayer una iniciativa para inspeccionar si los colectivos que trasladan a militantes están en regla.
La protesta, que se anticipa contundente según las expectativas gremiales, estará guiada por el temor a un brote de violencia en alguno de los cortes y piquetes que se extenderán por todo el país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que evitarán los bloqueos y garantizó la libre circulación de aquellos que deseen ir a trabajar. "El objetivo es amedrentar al que quiere ir a trabajar en libertad. Y las fuerzas de seguridad, en los accesos a la ciudad, en la Panamericana, vamos a impedir que eso suceda. De manera democrática vamos a impedir que haya gente que no pueda llegar a su lugar de trabajo. El paro está quebrado, hay mucha gente que quiere ir a trabajar", dijo ayer Bullrich.
El Gobierno reforzó el operativo de seguridad para hoy a partir de la amenaza de cortes de la izquierda sindical y del exabrupto del jefe sindical de los taxistas, Omar Viviani, que llamó a sus seguidores a "dar vuelta" los autos de aquellos taxis que salgan a trabajar. Un dato curioso: Viviani, que se opone al triunvirato de mando de la CGT, recibió ayer un espaldarazo de sus rivales sindicales después de haber defendido el paro con una insólita vehemencia.
Desde la CGT cruzaron a Bullrich por sus dichos. "Acá no hay impedimentos para quien quiera ir a trabajar. Lo que va a haber es una paralización total de todas las actividades, por lo que va a haber una alta adhesión contra un malestar social que tratamos de poner en la agenda pública. No hay otra cosa más allá de eso. Los cortes serán inocuos porque no habrá transporte", replicó Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la central obrera.
La jornada de huelga coincidirá con el Foro Económico Empresario de América Latina, que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires y que en la jerga empresarial lo denominan el mini Davos de la región. Macri asistirá al encuentro empresarial, que se desarrolla en el hotel Hilton de Puerto Madero.
El paro de la CGT contará con la adhesión de las dos vertientes de la CTA, la izquierda sindical y los movimientos sociales. Los sindicalistas darán hoy a conocer un documento en el que se enumerará el rosario de reclamos. El eje del mensaje será exigir un "cambio en la orientación económica" y advertir sobre futuros conflictos en caso de que se avance en un plan para reducir los costos laborales. Los gremios volverán a la carga con un plan antidespidos. Pero habrá además alusiones directas a la pelea salarial de los docentes y a la intervención del Gobierno en la vida interna de los sindicatos.
La intención de la CGT es desmarcarse de la acusación del Gobierno, que a través de diferentes voceros definió la medida de protesta como "política y desestabilizadora". El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló directamente al kirchnerismo como el polo que orquesta las protestas en contra de la Casa Rosada.
A través de diferentes interlocutores, el Gobierno y la CGT ya avanzan en la reconstrucción del vínculo tras el paro. Surgieron versiones sobre un posible encuentro de la cúpula de la central con el Presidente para reactivar las mesas de diálogo sectoriales. Además, Triaca apura un cronograma de acuerdos con diferentes gremios. Entre ellos, el de los albañiles de la Uocra, que aceptarían una paritaria de 20% anual.
El primer paro contra un gobierno no peronista aviva el estigma sindical. La CGT le hizo a Raúl Alfonsín 13 huelgas (una cada cinco meses) y a Fernando de la Rúa, nueve en dos años de gestión.
Viviani no fue a declarar
El titular del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani , no se presentó ayer en la Justicia tras haber amenazado con "dar vuelta los coches" de los taxistas que no se sumaran al paro. El fiscal de Cámara Penal de la ciudad de Buenos Aires Walter Fernández explicó que por el eventual delito de "amenaza coactiva agravada", el sindicalista podría "tener una condena de entre 5 y 10 años de prisión".
Del editor: ¿Cómo sigue? Después del paro la clave pasará por determinar si los gremios y el Gobierno se endurecerán o retomarán el diálogo.
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