La CGT irá a la Justicia para intentar frenar el decreto de Milei que limita el derecho a huelga

La CGT denunció al Gobierno de querer limitar el derecho constitucional a la huelga y anticipó que irá a la Justicia para evitarlo. “No vamos a estar en silencio frente a esta grave avanzada”, expresó la central obrera peronista en un comunicado.

En paralelo, sindicalistas de diferentes vertientes salieron al cruce contra el Gobierno por haber limitado por decreto el derecho a huelga. Tras ampliar las actividades consideradas esenciales a los servicios aéreos y marítimos (cargas y personas), junto a los aduaneros y educación, entre otros, y obligar la prestación de 50% a 75% de sus servicios en caso de una medida de fuerza, los secretarios generales calificaron la nueva normativa de “ridícula” e “inconstitucional”. Prevén ir a la Justicia, tal vez en bloque, como lo hicieron cuando hubo que plantarse ante el decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuando Javier Milei llevaba apenas diez días en el poder.

En la CGT perciben que la Casa Rosada “está viendo hasta dónde puede tirar del piolín” para tensar el vínculo.

“Es una barbaridad más de un gobierno autoritario que implementa todo por decreto. Este nuevo DNU viola la autonomía sindical, el derecho de huelga protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y viola el convenio 87 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo)”, dijo Juan Pablo Brey, secretario general del Sindicato de los Aeronavegantes, a LA NACION. Brey añadió: “La semana que viene vamos a tener un plenario de la CATT en el salón Felipe Vallese para discutir un plan de acción en contra de esta medida, como la de la desregulación de la Marina Mercante, modificación del Código Aeronáutico y el cierre de Vialidad”. La CATT es la poderosa alianza de gremios del transporte, donde están los 12 gremios portuarios, los más afectados por la nueva normativa.

“Hoy las embestidas del gobierno están focalizadas en esos sectores (por los incluidos en la esencialidad del último DNU), pero en realidad está avanzando con la desregulación en todos los sectores. Ya tenemos también el caso de Tierra del Fuego y lo único que hacen es atentar contra las fuentes laborales de todos los sectores, la industria y la soberanía nacional. Son medidas que tiene como fin adoptarlas a todos los sectores”, dijo Brey, uno de los referentes de los gremios aeronáuticos.

En esa misma línea se expresó Daniel Yofra, líder de la Federación de Trabajadores Aceiteros. “Ese decreto, que es inconstitucional, intenta limitar la capacidad de lucha de la clase trabajadora que sólo con la huelga como herramienta logró mejorar sus derechos. Eso pasó con nosotros, los aceiteros y desmotadores y todas las organizaciones que lucharon por sus derechos. Nuestra organización logró tener un salario que satisface las nueve necesidades que establece el artículo 14 bis de la Constitución nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de trabajo producto de las huelgas que hicimos: 25 días de huelga en 2015, 22 días de huelga en 2020 y 7 días en 2024”, señaló Yofra, un dirigente con influencia en el polo agroexportador de Rosario y que negocia salarios y condiciones con empresas multinacionales como Nidera, Molinos, Dreyfus y Cargill.

Para Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, “este es un gobierno que usa la democracia cuando le sirve, como para ganar una elección, pero que después patean la escalera”. En ese sentido, marcó que ya hubo un fallo judicial que bloqueó las modificaciones laborales y sindicales introducidas en DNU 70/23, también conocido como “Mega DNU”.

“Las tres centrales sindicales en ese momento ya habíamos logrado un fallo favorable, por lo que vamos a hacer casi la misma presentación”, comentó Yasky. Y agregó: “Es insólito, hasta ridículo que tengamos que volver a hacer el mismo trámite porque es un gobierno que se ve que los fallos de la Justicia en su contra no los computa como parte de sus obligaciones”. De acuerdo a Yasky, “el gobierno vuelve con otro decreto que dice exactamente lo mismo que el que rechazó antes la Justicia, porque está claro que los convenios internacionales tienen rango constitucional, así que ahora habrá que volver a la Justicia a reclamar que el fallo quede vigente”.

“Yo espero que los compañeros de la CGT estén reunidos en este momento”, respondió Mario “Paco Manrique”, el secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) y diputado nacional kirchnerista. Manrique está hoy alejado de la central obrera por diferencias con el triunvirato de mando sobre cómo llevar el vínculo con el Gobierno. “Espero que el conjunto del movimiento obrero, con todas las organizaciones, tengan una respuesta contundente. Cuando digo una respuesta contundente, hay que redoblar la apuesta. Si prohibió el derecho de huelga, habrá que hacer una huelga. A ver hasta dónde el gobierno está dispuesto a tirar del piolín”, planteó Manrique, número dos de Ricardo Pignanelli en el Smata.

Según el nuevo decreto, se considerarán a partir de ahora servicios esenciales: a) cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; b) la aeronáutica comercial y el control de tráfico portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios; c) los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior. d) el transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; e) la producción, transporte y distribución de gas y otros combustibles.

El DNU también impone una cláusula que establece una categoría de actividades de “importancia trascendental” para otros sectores a los que se les exige mantener al menos el 50% de su operación durante las medidas de fuerza. Entre estos, se incluyen los principales sectores industriales (como alimentación, metalúrgica, medicamentos y construcción), el funcionamiento de bancos, transportes, comercios, gastronómicos y todos los rubros vinculados a la exportación.

“El decreto de desregulación de la marina mercante es una entrega directa de nuestra soberanía marítima. Permitir que buques con bandera extranjera operen sin restricciones en nuestras aguas significa condenar a la industria naval argentina al colapso. Esta medida atenta contra décadas de lucha del sector y nos pone en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a los intereses de las grandes potencias navieras”, manifestó Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores navales. Y advirtió: “No vamos a permitir que el Estado abandone a los trabajadores marítimos en nombre de una falsa modernización. Vamos a movilizarnos y a dar pelea, porque lo que está en juego es demasiado importante para quedarnos callados”.

Por Manuel Casado

• CGT

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