La CGT visita a Alberto Fernández y busca evitar que el kirchnerismo avance en el control de las obras sociales

Después de algunas postergaciones, Alberto Fernández recibirá finalmente hoy a la cúpula de la CGT en la quinta de Olivos. La comitiva sindical, integrada por ocho dirigentes, irá al almuerzo con un pedido: ocupar con un hombre propio el lugar que dejó vacante Eugenio Zanarini al frente de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo descentralizado a cargo de controlar a las obras sociales. Los gremialistas propondrán como relevo a David Aruachan, un médico que oficial actualmente de gerente general de la SSS y que presidió la obra social de UPCN, según confirmaron fuentes gremiales inobjetables a LA NACION.

En tren de unificar su pedido, la cúpula sindical intercambió ayer llamados con varios dirigentes para ratificar que Aruachan tiene el visto bueno de la mayoría. Uno de los encargados en recolectar telefónicamente los apoyos para el médico fue Antonio Caló, el jefe de la UOM. Caló será hoy uno de los integrantes de la comitiva que almuerce en Olivos. También asistirán Héctor Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri y Jorge Sola. Un dato: Aruachan presidió Unión Personal, la prestadora médica que depende del gremio estatal de UPCN y que podría absorber en los próximos meses unos 200.000 afiliados provenientes del Iosfa, la obra social de los militares que está en crisis.

La preocupación de los gremios por la falta de financiamiento del sistema de salud encendió las alarmas. Sin la misma interlocución que tenían con González García, que ahora podría profundizarse por la inesperada muerte de Zanarini, los dirigentes siguen a la espera de un encuentro a solas con la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En la CGT reconocen que unas 30 obras sociales están en estado crítico, con una “inviabilidad absoluta”, y que el déficit mayor se dio por las coberturas de las prestaciones de alta complejidad. Estiman una pérdida del sistema de unos 1000 millones de pesos por mes, según confiaron dos sindicalistas que conocen desde hace años el rubro.

Sin González García, la influencia de Zanarini ya había comenzado a erosionarse a pesar de que Vizzotti dio el visto bueno para que se distribuyan el mes pasado unos 1500 millones de pesos entre las obras sociales sindicales en concepto de reintegros de prestaciones de alta complejidad, según se precisó en la resolución oficial 796/2021. Entre las prestadoras más favorecidas con el reparto están la de los gastronómicos, de Luis Barrionuevo, y la de la Uocra, de Martínez. Ese dinero proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. Es la fuente de sustento de casi 290 obras sociales sindicales que existen en el país. Se trata de la famosa caja sindical por la que los dirigentes son capaces de todo y a la que la política siempre apeló con uso discrecional.

En la CGT temen que la vacante que se abrió por la muerte de Zanarini renueve las intenciones del kirchnerismo duro para avanzar sobre las obras sociales y las prepagas, y que signifique el puntapié para una reforma mucho más amplia. Preocupa el posible regreso a la Superintendencia de la santacruceña Liliana Korenfeld, que responde a Cristina Kirchner y está hoy a cargo de la obra social del Congreso. La relación con Korenfeld siempre fue tensa, reconocieron dos sindicalistas consultados por LA NACION.

Zanarini, si bien respondía más a Ginés que a la CGT, había logrado taponar a principio de año el intento de un sector del oficialismo por reformar el sistema de salud. “Es inviable”, calificó en su momento a la propuesta urdida desde el Instituto Patria, que insiste hoy con un sistema integrado, a cargo de un súper ministro, además de contemplar un giro en el manejo de los fondos y en el control de los precios y las prestaciones.