La Coalición Cívica y el socialismo presentaron una amparo contra el DNU que reformó la SIDE

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica -Maximiliano Ferraro y Mónica Frade- y Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron esta mañana una acción de amparo y una medida cautelar para suspender los efectos del DNU 941/2025, por el que el Gobierno reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la habilitó a detener personas, una facultad exclusiva de las fuerzas de seguridad.

Por sorteo, el caso le tocó al juzgado en lo contencioso administrativo 4, de la jueza Rita Alián.

Los legisladores argumentan que la norma es inconstitucional por modificar la Ley de Inteligencia Nacional sin justificar razones de urgencia que habilitaría a utilizar la herramienta del DNU y por legislar en materia penal, una facultad prohibida para el presidente. A través del documento presentado en la Justicia, critican también la centralización del espionaje en el Poder Ejecutivo, alertando sobre la posible persecución política y la militarización de la seguridad interior. Además, cuestionan la capacidad del personal de inteligencia para realizar aprehensiones, lo cual vulneraría el debido proceso y los derechos humanos.

La norma fue firmada por Javier Milei y los miembros de su gabinete el último día hábil del año, un día después de que finalizaran las sesiones extraordinarias y de que el Congreso ingresara en receso. La oposición, en abierto rechazo a la medida, reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero el oficialismo apuesta a dilatar la discusión, al menos hasta febrero próximo.

Dicha comisión bicameral, si bien es de carácter permanente (es decir, puede funcionar aún en períodos de receso parlamentario) debe aún constituirse con sus nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras. Esa responsabilidad recae en los presidentes de ambas cámaras –Martín Menem por la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel por el Senado-, pero en la bancada libertaria sus voceros ya anticipan que al menos en estos primeros veinte días de enero el Congreso permanecerá cerrado.

La medida cautelar

El primer fundamento de la medida cautelar es, justamente, esta contradicción temporal. Los diputados argumentan que el Poder Ejecutivo podría haber incluido estas reformas en el paquete de leyes de las extraordinarias o haberlas prorrogado. “Estamos frente a la construcción política de una necesidad y una urgencia que carecen de todo correlato fáctico. Por ende, este Decreto no sobrevive al más mínimo test de control de constitucionalidad”, consideran en el documento.

Los demandantes también advierten sobre el contenido del decreto. Destacan, en primer término, que “se politiza la inteligencia”. Entre las modificaciones centrales, la administración de Milei apunta a trasladar la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete -a través de la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC)-, a cargo de Manuel Adorni.

Los cambios -dicen los demandantes- “introducen una absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo conduciendo así a la pérdida de independencia y objetividad que debería tener la inteligencia estratégica”. Y señalan que esto podría convertir al organismo de inteligencia “en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de “seguridad estratégica”.

Los legisladores cuestionan la facultad de aprehensión que el DNU otorga al personal de inteligencia, lo que -remarcan- es propio de la policía y las fuerzas de seguridad. Esto, argumentan, viola la prohibición de legislar en materia penal mediante decretos.

“Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado”, advierten. Consideran que la amplitud de las categorías de inteligencia y contrainteligencia “generan un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos políticos y de la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta social o disenso político”.

Finalmente, objetan que el DNU defina que “todas las actividades de inteligencia son encubiertas”. Esto, dicen, atenta contra el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.

LA NACION

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