La Corte dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la Ciudad por la coparticipación

La Corte Suprema cerró su año con un fallo de alto impacto político: por unanimidad, ordenó una medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires en la causa por el recorte de fondos de coparticipación dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2020.

Hasta tanto se resuelva la discusión de fondo, mientras dure el juicio, los ministros de la Corte ordenaron que el Estado Nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables (la Ciudad reclama el 3,5%). También dispusieron que las transferencias ordenas se hagan “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

Además, le ordenaron al Estado Nacional que, “durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606″, que fue la norma con la que hace dos años se estableció un nuevo cálculo de lo que le correspondía a la Ciudad por el traspaso de la Policía, que surgiría cada año del presupuesto nacional.

“Si la Corte nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos”, había prometido Larreta. Fuentes de la Legislatura porteña dijeron a LA NACION que se reunirán antes de fin de año para sancionar la reducción. Hoy, a las 19, Larreta encabezó hoy una conferencia de prensa en la sede del gobierno porteño en el que anunció que pondrá fin al impuesto sobre las tarjetas de crédito que había creado para hacer frente a la quita de fondos.

El conflicto se generó luego de que el expresidente Mauricio Macri dispuso, en enero de 2016, aumentar los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje, también durante el macrismo, bajó luego al 3,5%.

El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, policías bonaerenses rodearon la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo y Alberto Fernández se los concedió. Para eso, firmó el decreto 735/2020, que le quitó fondos coparticipables a la Ciudad y se los dio a la provincia de Buenos Aires. Dejó la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable). Más tarde, ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que incrementaba aún más la quita de coparticipación. Ahora, la Corte la está llevando a 2,95% hasta tanto se defina la cuestión.

Por el recorte, el gobierno porteño informó que dejó de percibir, lo largo de todo 2021, 85.000 millones de pesos que hubiera recibido de seguir aplicándose lo dispuesto durante el macrismo. Para 2022, la proyección que hacían los funcionarios de Larreta es que verían sus ingresos reducidos, por el cambio de legislación, en 150.000 millones. “El salario completo de un año de todos los docentes”, dijeron en la Ciudad.

Frente al reclamo porteño, el gobierno nacional defendió el recorte. Sostuvo que los recursos que Macri le había entregado a la Ciudad excedían los necesarios para costear el servicio transferido y que el otorgamiento de ese dinero excedente no tenía causa que lo justificara. Además, presentó una contrademanda contra la Ciudad para que se le ordenara la devolución de todo lo recibido “en exceso”, según el Gobierno, entre 2016 y 2020.

Antes de dictar su fallo, la Corte Suprema llamó a una audiencia de conciliación y abrió un espacio de negociación entre las partes, que fracasó. Resta ahora que el tribunal decida la cuestión de fondo. La Corte no tiene un plazo fijado por ley para resolver y la decisión final puede demorar años.

LA NACION

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