La Corte dio una señal de que invalidará las leyes de amnistía

Tres ministros de la Corte Suprema de Justicia dieron ayer una clara señal de que el máximo tribunal se encamina a declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, y de que avalaría el juzgamiento en nuestro país de ex militares cuya extradición solicitan varias naciones europeas.

Al resolver una cuestión procesal menor acerca del caso de Alfredo Astiz, el presidente del tribunal, Enrique Petracchi, y los ministros Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda aprovecharon para recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció en 2001 que leyes del perdón similares a las de punto final y de obediencia debida, cuya validez se discute en la Corte Suprema, violan el Pacto de San José de Costa Rica.

Francia, Alemania y Suecia reclaman la extradición de varios ex oficiales imputados por violaciones a los derechos humanos, porque, según sostienen en sus presentaciones, en la Argentina las leyes de amnistía impiden su juzgamiento. Ahora reciben un mensaje tranquilizador.

Los citados jueces, en sus votos, dan una pista muy importante, porque los fallos de la Corte Interamericana y las normas de la Convención son obligatorias y que, por lo tanto, nuestro tribunal llegará al mismo resultado que la Corte Interamericana.

La posición que ayer adoptaron Petracchi, Zaffaroni y Maqueda en la causa Astiz no llega a ser una sentencia porque es solamente la opinión de tres de los ministros que, además, fue vertida al resolver un tema meramente procesal.

Pero, evidentemente, los magistrados no quisieron dejar pasar por alto la oportunidad de hacer el señalamiento. Había muchos motivos para obrar de este modo:

• Por un lado, el acuerdo del jueves próximo es el último del año y la Corte no está en condiciones de resolver el fondo de ninguna de las varias causas donde se debaten estos temas.

Algunos de estos expedientes están en la propia Corte, como los casos por las muertes de los alemanes Elisabeth Kaesemann y Klauss Zieschank, mientras que otros expedientes aguardan en la Cámara de Casación Penal.

Pero la Sala I de Casación no tiene demasiado interés en apurar el paso y prefiere aguardar un fallo de la Corte antes de pronunciarse en el caso Del Cerro. Y la Sala IV todavía está sustanciando un recurso, un problema procesal que insumirá meses. En el mejor de los casos, esos fallos recién llegarán el año próximo e incluso luego deberán ser revisados por la Corte Suprema.

• Además, el presidente Néstor Kirchner hizo del tema de los derechos humanos uno de los ejes de su agenda apenas asumió el poder.

El jefe del Estado instaló el debate en la sociedad y, a la vez, despertó en varios países europeos la esperanza de que se pueda lograr el juzgamiento de quienes torturaron a varios de sus connacionales.

• Uno de los argumentos que expuso Francia para pedir la extradición -similar al que sostienen los otros países- es que la demora de la Corte en expedirse sobre la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía impide el juzgamiento de los ex militares en el país y que, por lo tanto, los delitos permanecen impunes.

Los jueces citados, en un argumento sobreabundante para el tema procesal que estaban resolviendo, quisieron evidentemente dar un mensaje tranquilizador a esos países.

LA NACION ya había anticipado que la Corte se encamina a declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, pero no accederá a las extradiciones sino que avalará el juzgamiento de los ex oficiales ante los tribunales argentinos.

Esto también parece surgir del voto de esos jueces. El máximo tribunal ya había dado algunos indicios cuando resolvió el caso Videla, con párrafos bastante claros de Petracchi y Maqueda, y en un voto de Boggiano en el caso Hagelin, cuando respaldó la reapertura de la causa en la que se investiga la desaparición de la joven sueca.

• Si bien la Corte parece encaminarse a esa sentencia, ahora no está en condiciones de dictarla, porque no se consigue la quinta firma y falta que el Gobierno complete la integración del tribunal el año próximo.

"La supuesta falta de certeza en cuanto a las posibilidades reales de juzgamiento en el país que alegan -Francia y el fiscal-, sobre la base de que hasta este momento la Corte no se expidió sobre la constitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, pierde de vista que, a partir del caso Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas aquellas normas con las características de las mencionadas leyes resultan contrarias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos", dice el voto que fue elaborado por Petracchi y que también fue firmado por Zaffaroni.

En el mismo sentido, Maqueda transcribe un párrafo del citado caso y deja asentado que "la jurisprudencia de la Corte Interamericana expresa que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional".

La pista es diáfana: si la Convención es ley suprema en nuestro país, el resultado será el mismo.

LA NACION

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