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La Corte Suprema retoma una agenda de alto impacto político y económico
Tiene en sus manos la resolución del caso Blaquier, sobre derechos humanos, la definición de las tasas de seguridad e higiene de los municipios y la continuidad o no de las represas santacruceñas
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LA NACIONHernán Cappiello
Pese a que faltan pocos días para que comiencen las vacaciones de invierno y, a su regreso, tengan lugar las PASO, la agenda de la Corte Suprema de Justicia se recalienta con definiciones sobre causas de alto impacto político y económico, que parecían haberse tomarse un respiro pero regresaron con contundencia en la última semana.
Están prontas para salir sentencias importantes vinculadas con violaciones a los derechos humanos. Luego de que la Corte confirmara la condena al represor Mario Alfredo “El Cura” Marcote, que tuvo entre sus víctimas de tortura al actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, ahora tiene para resolver la causa contra el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier.
Se trata del expediente por la “Noche del Apagón”, cuando fueron detenidos trabajadores de la azucarera en Jujuy, durante la última dictadura. Blaquier fue procesado como partícipe del delito en 2012 por el juez federal Fernando Poviña, hoy candidato expectante para la Cámara Federal. Lo responsabilizó por el uso de camiones de Ledesma para las detenciones.
Esos procesamientos fueron confirmados en 2013 por la Cámara salteña, pero la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal, con las firmas de Gustavo Hornos, Juna Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, consideró que no hubo “dolo”, es decir que Blaquier desconocía los fines para los que se usaron sus camiones. A raíz de ese fallo es que la agrupación HIJOS, como querellante, recurrió ante la Corte.
También la Corte tiene sobre la mesa la definición en un caso que desvela a los intendentes bonaerenses, pues apunta a cómo debe calcularse la tasa de seguridad e higiene que pagan las empresas radicadas en sus distritos. Se trata de una acción iniciada por ESSO Petrolera Argentina SRL contra la Municipalidad de Quilmes para impugnar la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene, de los años 1996 a 2002. La tasa se cuantificaba tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente.
La firma, actualmente denominada Axion, sostiene que eso es irrazonable y que el cálculo debe efectuarse sobre los ingresos que tributan los locales asentados solamente en Quilmes. La decisión que tome la Corte tendrá un impacto sobre otras empresas con reclamos similares (la UIA argumentó ante la Corte) y podría golpear la recaudación de los municipios.
La Corte estudia otros casos tributarios de impacto económico que involucran a Telmex y Panamerican Energy.
La semana pasada, el máximo tribunal resolvió el caso Farmacity y desafió los pronósticos al negar el ingreso de la empresa a la provincia de Buenos Aires, donde una ley provincial impide que las farmacias sean operadas por sociedades anónimas.
Más allá del significado económico, la decisión tuvo un impacto político porque Farmacity perteneció a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete durante la presidencia de Mauricio Macri. Con los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti excusados, votaron contra Farmacity Ricardo Lorenzetti, el conjuez Martín Irurzun y Elena Highton de Nolasco.
Juan Carlos Maqueda, quien tenía una postura más cercana a Farmacity, porque había fallado en un caso anterior, esta vez no votó. Sorprendió porque en algunos despachos circuló un borrador de voto de Maqueda, que algunos funcionarios de la Corte elogiaron por su solidez. Pero el juez no votó, acaso para no quedar casi solo en favor de Farmacity y que no sea interpretado su voto como un apoyo a Cambiemos.
Asimismo, aunque sin que se espere una resolución inminente, la Corte tiene en carpeta una causa ambiental que puede significar la parálisis definitiva de la construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, ubicadas sobre el río Santa Cruz.
La Corte recibió un inquietante informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) sobre la omisión de datos sobre la peligrosidad sísmica de las obras. La última decisión fue pedirle al gobierno informes de impacto ambiental. La preocupación de los ambientalistas es la desaparición en el área del Maca Tobiano, un ave que en peligro de extinción. Otro caso ambiental de prioridad está relacionado con la pesca ilegal en el mar argentino.
Algunas causas de impacto político y económico inmediato deberán esperar: por caso, la que involucra la discusión por la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. Tras el fracaso de las audiencias de conciliación, en las que funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y de Alberto Fernández no lograron llegar a un acuerdo, ahora la Nación debe responder la demanda de la Ciudad y la Corte estaría en condiciones de resolver. Pero los plazos habilitados son extensos, por lo que puede que el caso no se resuelva hasta las elecciones.
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