La crisis del mercado laboral detrás de la revolución del monotributo

Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023 resolvió que el mega ministerio de Capital Humano absorba con rango de secretaría a otras grandes estructuras, como lo eran Desarrollo Social, Trabajo y Educación. La degradación de categoría fue de la mano de recorte de personal, cierre de dependencias y pérdida del poder e influencia que estas tres áreas supieron tener en gestiones anteriores.

Con el avance del tiempo, cada una de estas secretarías encontró algún conflicto que sirvió de bandera para la gestión libertaria. En Desarrollo Social fue la eliminación de los dirigentes piqueteros como intermediarios de los planes sociales; en Educación, el rechazo a cumplir la ley de financiamiento universitario y la decisión de limitar la paritaria nacional docente, mientras que en Trabajo la coronación fue la sanción de la denominada ley de Modernización Laboral tras el intento de Milei de avanzar con un cambio de legislación por decreto, como lo buscó hacer el Presidente con apenas diez días en el poder, a través del DNU 70/23, cuyo capítulo laboral aún está pendiente de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Ni la primera reforma de la legislación laboral dispuesta por Milei, incluida en 16 apartados de la ley Bases de julio de 2024, ni los 216 artículos de la de “modernización laboral”, de marzo de 2026, resultaron ser atractivos para los generadores de empleo, como mostró LA NACION hace dos semanas a partir de datos oficiales del Indec. Es decir, ninguna de estas normativas revirtió el deterioro. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que procesa la Secretaría de Trabajo, informó esta semana que en julio hubo 12.716 empleos registrados menos y que ya suman casi 266.000 en la gestión libertaria. El empleo privado en blanco encadenó 14 meses de caída consecutivos.

El miércoles pasado, durante casi cinco horas, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, expuso ante la comisión de Presupuesto y Hacienda. Admitió a regañadientes las cifras negativas que relevó el organismo que él lidera, pero exploró un atajo para relativizar el cierre de empresas (31.342 desde el inicio de la gestión de Milei, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y la pérdida de puestos. “Estamos mirando que las empresas que cierran tienen pocos trabajadores y las que abren tienen muchos”, dijo ligeramente. Cuando la diputada kirchnerista Julia Strada le exigió precisión con las estadísticas, la libertaria Silvana Giudici salió a su rescate. Curioso lo de Giudici: hasta hace poco, desde una fundación, pregonaba por la libertad de expresión y defendía a periodistas, y ahora calla incómoda ante los constantes ataques de Milei a la prensa. Al menos conserva su capacidad de reacción.

En el Gobierno argumentan que el empleo aumentó en casi medio millón de trabajadores. Este aumento global se explica por la suba del trabajo independiente, el monotributo y los trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado registrado muestra caídas consecutivas.

Cordero tuvo más resbalones. “Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia. No todo el mundo quiere poner todo su tiempo a disposición de un empleador que lo dirige y que tiene una potestad sancionatoria por encima de lo que él pueda definir. Hay personas que quieren tener un trabajo por cuenta propia, sea como autónomo o monotributista. O como independiente con colaboradores, como está en la ley Bases, y que tuvo un impacto muy positivo”, argumentó el funcionario, quien en su trayectoria arrastra tres décadas en relación de dependencia como abogado de firmas del Grupo Techint.

El ingreso promedio de los asalariados con descuento jubilatorio es de $1.433.794, según los datos del segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De los asalariados sin descuento jubilatorio: $706.204, mientras que de los ocupados informales, incluidos los cuentapropistas, es de $661.214. ¿Seguirá pensando Cordero que las personas prefieren ser autónomas y ganar menos de la mitad?

La revolución libertaria del monotributo y el cuentapropismo amenaza con reconfigurar el mercado laboral. Surgen de este nuevo mapa dos fenómenos: se disparó la informalidad, que es del 45% (toca picos de 87% en algunas regiones), y se incrementó la cantidad de personas adheridas al régimen de monotributo (más de 4 millones, un 22% más que hace 5 años, según un estudio que Argendata-Fundar elaboró para LA NACION en función de datos de la ARCA.

Se pasó por alto en la comisión otra definición engañosa del secretario de Trabajo. “Se fortaleció la fiscalización laboral con las jurisdicciones provinciales”, respondió Cordero cuando lo consultaron sobre el repunte de la informalidad. Al comienzo de la gestión libertaria había unos 4000 empleados en la Secretaría de Trabajo; hoy son 1200, según informó a LA NACION la comisión interna del organismo representada por el gremio estatal de ATE. Es decir, un 70% menos de personal entre despidos, cesantías de contratos, retiros voluntarios y prejubilaciones. De las 2800 bajas, alrededor de 1300 se desempeñaban en las Agencias Territoriales, que son las oficinas de la secretaría nacional en las provincias. Entonces, el mayor recorte se dio en una de las áreas que Cordero dijo que se fortaleció para fiscalizar la registración laboral. El ajuste se completó con 1500 salidas en el personal que está en la Ciudad de Buenos Aires, donde de las tres sedes oficiales habilitadas, quedó solo una en funcionamiento: la central, en la avenida Alem al 600.

Por el sexto piso de Alem 628 suele verse a Mónica Luisa Alcibar, según fuentes del organismo. ¿Quién es? Es una funcionaria histórica, que tuvo a su cargo el área de informática y que fue cajera del PJ y Pro. Resiste todavía a pesar de haber sido denunciada hace dos años en la Justicia por presunta defraudación por un contrato de $600 millones con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológico, del que ella figuró en algún momento como directora.

Cuando LA NACION contó por primera vez la historia de Alcibar, el 8 de febrero de 2025, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dijo que la desplazaría. Durante el kirchnerismo y el macrismo, Alcibar administró millones de pesos del Estado a partir de diferentes convenios con consultoras privadas o con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy le habrían quitado ese manejo de fondos, pero no el cargo. De hecho, existiría un tironeo entre Capital Humano y Economía por unos US$ 200 millones del Banco Mundial que Luis Caputo se rehusaría a destinar a la formación profesional. Actualmente, el área de formación profesional funciona con el aporte de empresas privadas que buscan empleados para nuevos oficios. Tiene algunas similitudes con el “plan empalme” de Macri y Alberto Fernández. Cordero tampoco pudo en su informe legislativo decir con precisión cuántos beneficiarios de planes sociales accedieron a un empleo genuino.

La última salida que causó ruido en la Secretaría de Trabajo fue la de Claudia Testa, número dos de Cordero. Testa se había incorporado a la gestión libertaria como otro aporte de Pro en el área, digitada en las sombras por Jorge Triaca. El exministro de Macri conserva influencia en un organismo deshilachado, pero que de alguna manera sigue siendo por ahora el territorio de discusión entre empresarios y sindicalistas.

El reemplazo de Testa es Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello. Otro de los casilleros que se cubrió recientemente es el de la Dirección de Asociaciones Sindicales, un área clave porque fiscaliza los procesos internos de los gremios. Asumió allí Ramiro Cherñetz, un abogado laboralista que se desempeñó en el mundo corporativo en compañías de servicio de limpieza (una de ellas muy vinculada a Daniel Scioli) y en el banco HSBC. Cherñetz tiene un expediente clave y es el que se abrió por las elecciones del año pasado en Gastronómicos, en las que Luis Barrionuevo se consideró ganador. Como el Gobierno no le reconoció aún el triunfo, el gremio está en una suerte de acefalía administrativa hace diez meses, lo que dificulta el cobro, por ejemplo, de los acuerdos paritarios. Si quisiera, Cordero podría dar la orden de intervenir Gastronómicos. Tal vez en este entuerto se explica la llegada de Sartorios, al que se le adjudican vínculos con el exdiputado Emilio Monzó, armador junto con Barrionuevo de una eventual candidatura presidencial del banquero Jorge Brito.

Los sindicalistas observan con una pasividad inédita el desmembramiento de un organismo que en gobiernos recientes manejaron casi como propio. El silencio tiene que ver principalmente porque por ahora conservan los beneficios del cobro de la cuota solidaria y sindical, a pesar de la amenaza de eliminarlos, y porque las paritarias se actualizan al menos en dosis homeopáticas (con subas de entre 1 y 2% mensual) en un escenario de recesión.

En la CGT están desorientados si se confirma la suspensión de la visita del papa León XIV. Se terminó esta semana de confeccionar un listado de 24 dirigentes para asistir a una de las actividades, el 9 de noviembre, en la UCA. La central obrera depositó en el Sumo Pontífice todas sus fichas para presionar a Milei con su agenda de reclamos. Si el Vaticano cancela el viaje, en la CGT se reflotará la disyuntiva de activar el quinto paro general contra el Gobierno. Como sucede con los gobernadores, es probable que tampoco los gremios logren consolidar un bloque común. Divisiones de la víspera a un año electoral.

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