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El Gobierno identificó a la marcha universitaria con una movida opositora y defendió el operativo de seguridad en el Congreso
Las universidades reclaman que la Casa Rosada cumpla la ley de financiamiento; hubo violencia en las inmediaciones del Palacio Legislativo
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LA NACIONPaula Rossi
El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria, que reunió a una multitud frente al Congreso. Pero, a diferencia de las oportunidades anteriores, terminó con incidentes.
En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades -que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo- a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.
La situación se descontroló cuando todavía no había terminado el acto central, donde confluían alumnos, docentes, sindicatos y organizaciones. En tándem, cerca de la valla que protegía el Congreso, personas con el rostro tapado y mochilas rompían bancos y tiraban piedras.
“Es un acto opositor”, plantearon fuentes del Ejecutivo respecto de la marcha y el acto central. “Se politizó demasiado”, agregaron.
En cuanto a la ley, en el Gobierno dijeron que esperan un fallo definitivo de la Justicia e insistieron con que el Congreso nunca detalló de dónde saldrían los fondos para solventar el texto de la norma. “Es muy fácil aumentar los presupuestos o el gasto cuando no pensás en la contrapartida”, afirmaron voces oficiales.
El presidente Javier Milei no siguió el reclamo desde el país, ya que se encuentra en Washington, en su vigésimo viaje a los Estados Unidos desde diciembre de 2023.
Respecto de la violencia que se desató en las calles porteñas, desde un importante ministerio de la Casa Rosada plantearon a LA NACION: “Son los mismos de siempre, los que no salen a manifestarse, sino a provocar caos”.
Otra fuente de peso en el Poder Ejecutivo acotó, en el mismo sentido: “Los enfrentamientos siempre son generados por los mismos sectores, lamentablemente”.
En un primer reporte, fuentes oficiales detallaron que hubo tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Prefectura heridos con “elementos contundentes”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, justificó el operativo con un mensaje en la red social X. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En la Argentina nadie está por encima de la ley”, sostuvo la funcionaria, con un video de manifestantes rompiendo las vallas y con las caras tapadas.
Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez, denunció la presencia de “infiltrados”. Fue al concluir la sesión que había convocado la oposición en la Cámara baja para intentar anular el DNU 70/2023 de Milei, que no consiguió quorum.
Desde el inicio de esta tensión con las universidades, en el Gobierno vincularon el reclamo a una cuestión partidaria. Ayer, incluso, fuentes de la gestión de Milei acusaron al juez Martín Cormick de nexos con el kirchnerismo.
El magistrado no solo multó al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento universitario, sino que también ordenó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pagara $100.000 por día.
En ese momento, fuentes del Gobierno quisieron instalar que el magistrado tenía “pasado y amigos en La Cámpora”, la organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. “Se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de Luana Volnovich”, apuntaron contra el juez.
Hoy, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso de manera provisoria la suspensión de la aplicación de ese fallo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La movilización de este jueves fue convocada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Buscó exigir a la gestión de Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso.
El debate sobre la ley sigue el camino judicial. Esto porque el Gobierno la promulgó, pero avisó que para aplicarla necesita que el Legislativo le diga de dónde sacar los fondos. De esta forma, en medio del ajuste oficialista de las cuentas públicas, la Casa Rosada gana tiempo.
“Todavía el proceso no está terminado”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, la semana pasada en LN+.
A la vez que se desarrollaba la movilización, hoy Álvarez en sus redes cargó contra Axel Kicillof, que participó de la convocatoria. “Vive en una estudiantina irresponsable”, dijo respecto del gobernador, quien denunció que el Gobierno aplica “la motosierra sobre la educación pública”.
Por Paula Rossi
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