La crisis golpea a las puertas del conurbano

Axel Kicillof ingresó al Salón Dorado de la Gobernación de La Plata, saludó y se sentó en el estrado junto a su mano derecha, Carlos Bianco; la vicegobernadora Verónica Magario; y el ministro de Economía, Pablo López. Enfrente esperaban escucharlo unos 60 intendentes de diferentes partidos. Lo que siguió fue la más cruda descripción que se pudo haber realizado sobre la crítica situación económica de la provincia. Era el objetivo de la convocatoria: transmitir sin anestesia el mensaje de que se venían tiempos de más restricciones, a partir del descenso drástico en los ingresos de los últimos meses.

Las cifras que se desglosaron en ese encuentro de la última semana fueron letales. Primero hubo un capítulo fiscal, en el cual se subrayó que en el primer tramo del año hubo una caída de la recaudación nacional de casi 10 puntos porcentuales por mes. Este fue el detonante de la alarma, porque se desplomó en enero, siguió en los mismos niveles en febrero, y en marzo no repuntó. Es decir, no se trata de un evento episódico, sino de una tendencia.

Esto afectó la coparticipación a todas las provincias, pero por su magnitud el impacto fue crítico para la administración bonaerense, ya que representa el 80% de su estructura de recaudación (el resto son impuestos provinciales y tasas municipales, que también cayeron). Sólo en febrero, esa merma significó $100.000 millones menos de ingresos para Buenos Aires, en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos oficiales de la Gobernación.

Es inevitable interpretar también este análisis económico desde un prisma político. Kicillof apuntó contra la gestión de Javier Milei como la principal responsable del estancamiento económico, que derivó en la baja de la recaudación y en las desdichas que ahora él debe enfrentar. Los dos economistas no sólo representan una antítesis ideológica; también son potenciales competidores en la elección del próximo año.

Pero después hubo un tramo más profundo, que no tuvo que ver con las oscilaciones de los ingresos fiscales, sino con el deterioro de la malla productiva. El Estimador Mensual de Actividad de la provincia (Emapba), sin contabilizar el agro, cayó 4,2% entre 2023 y enero de este año, como consecuencia del desplome de la construcción, que en Buenos Aires está 21,4% debajo del nivel de hace dos años atrás, de la industria (retroceso de 8,3%) y del comercio (baja de 7,9%). El trípode que sostiene el corazón de la matriz económica de la provincia es precisamente el que se encuentra más estancado. Ahí no hay minería ni petróleo.

Como derivación, la provincia sufrió el mayor impacto en materia de empleo. De los 270.000 puestos de trabajo formales que se perdieron en los últimos dos años, 160.000 fueron en territorio bonaerense, es decir el 60% del total, pese a que en términos demográficos representa el 38% de la población del país. En cuanto a la cantidad de empresas, en el período evaluado bajaron las cortinas casi 22.000 firmas, de distintas dimensiones y características. Si se mira la geolocalización de este retroceso, resalta la fuerte concentración de cierres que se produjo en la zona del conurbano.

En este diagnóstico descarnado influyen factores generales, que afectan a todas las economías, como la baja de la recaudación por el menor nivel de consumo. Al menos 15 provincias están enfrentado conflictos por problemas de caja y se percibe una preocupación creciente de los intendentes de los centros urbanos. De hecho esta semana se reunieron en Paraná los alcaldes de las principales ciudades del país y emitieron un documento muy duro contra el gobierno nacional. Ahí se nota la fractura que separa, por un lado, a los grandes conglomerados, marcados por el estancamiento económico; y por el otro, al interior productivo vinculado con los sectores más dinámicos.

Sin embargo, en el cuadro descripto también incidieron factores puntuales que impactan en particular en la provincia de Buenos Aires. Algunos tienen que ver con la discriminación en la distribución de fondos, que el gobernador le atribuye a la gestión de Milei por razones políticas, y que según sus cuentas ya suma una deuda de $22 billones por transferencias interrumpidas y obras paralizadas (ya hizo ocho demandas en la Corte Suprema). En La Plata ponen como ejemplo que en las últimas semanas el Gobierno reactivó los ATN y repartió $47.000 millones entre 11 provincias, pero que volvieron a ser excluidos de la distribución.

Pero además, debajo de los números que exhibió Kicillof anida un problema mucho más profundo: el programa económico de Milei no tiene previsto ningún horizonte de prosperidad para el cordón industrial bonaerense, simplemente porque no está contemplado. El conurbano es el pato de la boda del modelo libertario, que sí incluye una perspectiva promisoria para el corredor andino y su minería prometedora, para la región patagónica y su desarrollo en petróleo y gas, y para las provincias agropecuarias del centro del país. Para el conurbano el único mensaje en el discurso oficial es reconversión o muerte.

Es cierto lo que plantea el Gobierno en términos de que buena parte de esa matriz productiva no es competitiva a nivel global, y que abastece a sectores diseñados para una economía que ya no es sustentable. Pero hay un detalle: allí viven 11 millones de personas, casi un cuarto de la población de todo el país.

El conurbano bonaerense representa el dilema mayor de la economía argentina, porque es la geografía donde colisionan una estructura prevista para el desarrollo industrial de mediados del siglo XX con las demandas de la sociedad actual. Simboliza el cruce de camino más cruel entre un pasado que ya no existe y un futuro que no se deja ver. En el medio, rige un presente cargado de tensiones, carencias y riesgos. Se trata de un proceso que empezó a germinar en el último tramo del menemismo, y que nunca encontró una respuesta integral. No es un drama que se le pueda atribuir a la gestión libertaria. El mayor responsable es el peronismo, que gobernó la provincia 34 de los últimos 42 años.

Hablar de crisis en el conurbano es siempre convocar a los fantasmas del 2001. Pero eso sería un error conceptual. No hay por ahora síntomas de un estallido social, a pesar de las penurias. En eso coinciden todos los referentes políticos, religiosos y de organizaciones civiles que transitan el territorio, a pesar de que reportan un agravamiento acelerado y preocupante de la situación.

En primer lugar, porque todos los actores contribuyen a mantener esquemas de contención, que a principios de siglo no existían. Por algo Sandra Pettovello es la única que tiene chequera abierta en el Gobierno, y a eso se suman los aportes que hacen la provincia y los municipios en áreas en donde la Nación se retrajo. En eso Milei y Kicillof son socios involuntarios: a ninguno de los dos les conviene que la situación se desmadre. Al primero, porque expondría los déficits de su modelo; al segundo, porque una provincia incendiada significaría el fin de su proyecto presidencial.

Pero hay otra diferencia gravitante con el contexto de 2001: la sociedad ya no es la misma. No manifiesta vocación por salir a las calles a guerrear o a protestar masivamente. Se impone la decepción silenciosa y el rebusque individual. No hay explosión externa; hay implosión hacia adentro, en las casas, en las escuelas, en el barrio. Se vivencian crisis domésticas, violencia intrafamiliar, deserción escolar, coqueteo con el narco. Se trata de un lento deterioro anímico y moral, que la política apenas alcanza a intuir. Los habitantes del conurbano están en modo supervivencia.

Los dilemas peronistas

Algunos de los que estuvieron en la presentación se preguntaban si con su descripción tan desalentadora Kicillof quiso abrir el paraguas preventivamente frente a los intendentes, o si está previendo un estrangulamiento inminente de las cuentas públicas y una crisis de pagos.

En el entorno del gobernador admiten que “la situación es crítica si no se revierte rápidamente la recaudación. Si eso no ocurre, vamos a tener problemas serios este año”. Pero al mismo tiempo reconocen que por el momento tienen margen para administrar la situación. Buscan no ser alarmistas, aunque en algunas conversaciones reservadas transmitieron una preocupación más honda por el agravamiento del cuadro. El dato que los alertó fue el rápido incremento en la demanda de alimentos desde los municipios. “Ese es un indicador claro porque ya no te piden chapas, ni ropa, sino comida. Y son de distritos de todos los colores políticos”, agregan.

El otro foco de extrema dificultad gira en torno de IOMA, donde se están evidenciando muchos problemas con los insumos y los servicios, y sobre el que se acumulan reclamos de los afiliados. Allí influye mucho la interna, donde le apuntan a la gestión del titular de la obra social de la provincia, Homero Giles, que pertenece a La Cámpora.

En este contexto, Kicillof ordenó congelar todos los gastos y postergar los pagos a proveedores. La excepción son cuatro ítems críticos, en los que la indicación es sostener el nivel: salarios, alimentos, seguridad y medicamentos. Es decir, una política de resistencia.

La paritaria docente, que sirve de referencia para otros sectores, se cerró para la primera mitad del año en 7,5% (5% en marzo y 2,5% en abril), que se agrega a un 1,5% de febrero. En los papeles, esto clausura la discusión hasta junio, pero las previsiones para adelante son complejas si no mejoran los ingresos. En la propia Gobernación admiten que “los sueldos están bajos”.

Con los docentes quedó un clima tenso después del paro en el inicio del ciclo lectivo (el fin de la era de Roberto Baradel en Suteba es un síntoma de las presiones internas del gremio), y esta semana el gobernador debió soportar silbidos y abucheos en el acto de egreso de oficiales de la policía bonaerense. Por ahora el pago de los sueldos no corre riesgos, pero el aguinaldo va a ser un desafío importante. Todo está muy ajustado.

Kicillof tuvo una etapa más holgada cuando Cristina Kirchner forzaba a Alberto Fernández a abastecer su bastión electoral en la provincia con un flujo de recursos que otros distritos no recibían. Pero desde que llegó Milei demostró que también puede ser fiscalista y cuidar la caja. Nunca va a pasar la motosierra, como hizo el Presidente, porque va contra su visión ideológica, pero sí viene cerrando grifos silenciosamente. Es una contorsión forzada que desnuda una disyuntiva incómoda.

Así como para los libertarios el conurbano bonaerense es un punto ciego, para el peronismo representa un dilema existencial: ¿cómo sostener las banderas del Estado presente o de la justicia social sin plata? Es una trampa narrativa que tiene atrapado al peronismo, especialmente después del fracaso del último gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo articular un mensaje alternativo al de Milei sin verbalizar conceptos que para una mayoría de la sociedad quedaron abolidos? Las utopías retrospectivas no parecen seducir más a una sociedad tan desencantada, ni los 70’ revolucionarios, ni la era dorada del kirchnerismo. Hoy son significantes vacíos. Cuando no se llega a fin de mes tambalean las mitologías.

El peronismo enfrenta un desafío intelectual y político inédito. En los 80’, cuando fue derrotado dos veces por el alfonsinismo, reaccionó con una “renovación” profunda que encarnaron Antonio Cafiero, José Manuel de la Sota y otros. En la década pasada, cuando cayeron dos veces seguidas frente al macrismo, la respuesta ya fue un modesto reciclado, con Alberto y Cristina intercambiando roles. Pero nunca desde la restitución democrática hasta ahora el peronismo había perdido tres elecciones seguidas, como ocurrió en 2021, 2023 y 2025. Su futuro depende de la capacidad que demuestre para dar respuesta a semejante interpelación histórica. Y esa partida se juega esencialmente en el conurbano bonaerense. Kicillof, el único candidato del partido posicionado hasta ahora para dar esa pelea, enfrenta allí una encrucijada existencial.

Por Jorge Liotti

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