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La diputada De la Sota denunció al ministro de Salud ante la justicia federal por incumplir un fallo
Acusó a Mario Lugones de haber ignorado la decisión que le impuso cubrir pagos adeudados a prestadores que atienden a personas con discapacidad; dijo que incurrió en los delitos de “desobediencia judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La diputada nacional Natalia De La Sota denunció ante la justicia federal de Córdoba al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo acusa de haber desconocido la sentencia del juez Hugo Vaca Narvaja que ordenó la regularización de pagos y prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad de Incluir Salud y PAMI.
“El gobierno de Javier Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad. Por eso ahora me comprometí a impulsar esta denuncia, frente al incumplimiento de la sentencia que obliga al ministro Lugones a brindar las prestaciones en materia de discapacidad que no se están cumpliendo”, explicó De la Sota.
La diputada retuvo su banca por Defendamos Córdoba, un espacio que puso en marcha el año pasado antes de las elecciones legislativas, cuando abandonó el peronismo cordobés. Hace unos días se reunió con el dirigente del PJ porteño Juan Manuel Olmos para dialogar sobre la “construcción de una alternativa a Milei con sentido federal”.
Olmos fue vicejefe de Gabinete durante la gestión de Alberto Fernández. Defendamos Córdoba emitió un comunicado en el que contó que en la reunión se "analizaron las alternativas de construcción frente al modelo libertario que deteriora los salarios, endeuda a las familias, destruye el empleo registrado y cierra fábricas”.
Reclamo de pago
El 24 de junio pasado, Vaca Narvaja dictó el fallo de fondo en el caso de la cautelar que había firmado hacía un mes, en la que ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (Incluir Salud) normalizar y regularizar el pago de las prestaciones a instituciones y prestadores de discapacidad. “Solo le cumplieron al actor, pero a nivel individual, desconocieron al colectivo. Concedí la apelación, pero sin efectos suspensivos“, explicó entonces el magistrado a LA NACION.
Ese fallo conminó a que en 72 horas se regularicen los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 a todo el colectivo. No hubo cumplimiento, denuncian los afectados. Desde el PAMI indicaron a este diario que sí pagaron y que no tienen deudas atrasadas de discapacidad.
La acción de amparo fue presentada por la señora AA del C, quien actúa en carácter de curadora definitiva de su hijo, MIC. El hijo de la amparista presenta un diagnóstico de “retraso mental grave” y es beneficiario del sistema de salud por su condición de discapacidad.
La demanda se interpuso como una acción de amparo colectiva en la que AA del C representa a su hijo y a un colectivo integrado por titulares de pensiones no contributivas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad y reciben cobertura a través de Incluir Salud o PAMI y también de un grupo secundario conformado por los progenitores, tutores, curadores, apoyos y cuidadores de esas personas con discapacidad.
El fallo señala que, aunque el Estado Nacional intentó demostrar cumplimiento con pagos individuales al hijo de la amparista, esa conducta no desvirtúa el incumplimiento generalizado hacia el resto.
Durante el proceso, Incluir Salud acreditó pagos al joven por diciembre de 2025 y enero de 2026. El juez interpreta que esa cancelación demuestra que el organismo tenía la obligación de pagar y la disponibilidad de fondos para hacerlo, lo que evidenciaba que la demora en el resto de los casos era injustificada.
El texto advierte que, mientras se cumplía con el caso individual de la amparista, persistía la “desatención del resto de los integrantes del colectivo”. Esto se corroboró con los informes de diversas instituciones (como Apadim, Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría), que informaron deudas pendientes de más de cinco meses.
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