La evidencia recabada en el iPhone de Baratta fortalece las acusaciones en su contra

Los diálogos que almacenaba el exsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación Roberto Baratta en su teléfono celular cuando fue detenido por primera vez, en 2017, ya forman parte de una cantidad de expedientes judiciales que tramitan en los tribunales de Comodoro Py y, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, parte de ese contenido fortalece las acusaciones contra el exfuncionario. Algunas de esas causas, como la de los cuadernos de las coimas, están elevadas a juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal 7. Otro de los expedientes es el conocido como Gas Natural Licuado (GNL), y en otro se investiga el crecimiento patrimonial de quien fue, durante la década kirchnerista, la mano derecha del exsuperministro Julio De Vido.

La apertura del contenido del teléfono de Baratta fue realizada por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina y el material consiste en decenas de intercambios de mensajes escritos y notas de voz desgrabadas entre interlocutores del mundo de la política, de la industria de la construcción y de contactos personales del exfuncionario.

Los datos recabados por la GNA fueron incorporados a la causa cuadernos y, dijo una fuente judicial a este medio, varios de los mensajes acreditarían las maniobras de corrupción investigadas en primera instancia por el fiscal Carlos Stornelli, y que deberán ser juzgadas en un juicio oral.

El trabajo que hizo la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la GNA logró la apertura y recuperación de contenido de solo uno de los cuatro aparatos que fueron secuestrados a Baratta. En el caso del teléfono de Julio De Vido, explicó una fuente judicial, el contenido no pudo ser desbloqueado por estar cifrado.

Los mensajes que serán estudiados por los funcionarios judiciales y que eventualmente podrían dar lugar a que en primera instancia se ordenen nuevas medidas de prueba abarcan las conversaciones que mantenía el exfuncionario hasta el día antes de ser detenido en octubre de 2017.

La defensa de Baratta impugnó hace más de una semana la incorporación del contenido a la causa y su posterior difusión, mediante un escrito presentado en el juzgado 11, momentáneamente a cargo del juez Julián Ercolini. El abogado Alejandro Rúa planteó que las transcripciones no hacen al objeto procesal de la causa y que vulneran los derechos del exfuncionario por “la difusión indebida de sus comunicaciones”. En el escrito pidió “la expresa exclusión de cualquier transcripción y/o audio en el que se den conversaciones entre abogados y sus clientes”.

Otro abogado que interviene en esta causa como defensor de un empresario dijo que puede tratarse de “prueba preconstituida para dar verosimilitud a la existencia de los cuadernos”. Para que esta prueba sea valorada falta que la acusación logre sortear los planteos de nulidad que harán las defensas para evitar la realización del juicio oral.

Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, en uno de los despachos de Comodoro Py consideran que una gran parte de los diálogos obtenidos a través del peritaje e incorporados a la causa de los cuadernos fortalecen la acusación contra Baratta. “Por ahora es una prueba más, pero valiosa, que fortalece lo denunciado por [Oscar] Centeno y que refuta lo que declaraban los que negaban conocer la existencia de los cuadernos”, dijo una fuente judicial, quien agregó que algunos de los diálogos no solo ratifican la validez de los escritos de Centeno sino que también demuestran las intenciones e iniciativas del exfuncionario kirchnerista para eludir que estos salieran a la luz y quedaran en manos de la Justicia.

La causa tiene su origen en los datos revelados por las anotaciones del chofer del exfuncionario de Planificación Roberto Baratta, Oscar Centeno, que registró durante casi una década movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación. LA NACION accedió a esos registros y los puso en conocimiento de la Justicia. Las anotaciones daban cuenta de cómo los entonces funcionarios cobraban dinero ilícito de grandes empresas contratistas con negocios en el país.

Esos datos fueron verificados por los investigadores judiciales y el caso tuvo su punto más álgido entre julio y agosto de 2018, cuando el fallecido juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Centeno y de 17 exfuncionarios e importantes directivos de empresas.